Guerrero pide a Alaya que la Guardia Civil aclare los abonos desde Vitalia

El ex director general de Trabajo Javier Guerrero ha pedido a la juez Mercedes Alaya, instructora del caso ERE, que llame a declarar al mando de la Guardia Civil que dirige la investigación para que aclare el informe sobre los movimientos de sus cuentas bancarias. Guerrero asegura que dicho informe contiene “falsedades” e “inexactitudes”, ya que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) le acusaron de cobrar 249.000 euros a través de transferencias desde el grupo Vitalia gracias a su relación con el ex director comercial Antonio Albarracín, con el que negoció numerosas pólizas. “No existe” transferencia alguna ni desde Albarracín ni desde el resto de empresas investigadas, afirma Guerrero en el escrito que ha presentado su abogado, Fernando de Pablos.

Los investigadores acusaron a Guerrero de recibir 94 transferencias por importe de 161.600 euros y otras 76 operaciones por importe de 87.400 euros a otra cuenta de su esposa. Siempre en cantidades inferiores a 3.000 euros para no levantar sospechas, según el informe policial al respecto. Tras este atestado, la juez le envió a prisión por segunda vez el pasado marzo tras acusarle de cohecho, asociación ilícita, y dos delitos continuados de malversación y prevaricación.

Ahora Guerrero rechaza estas acusaciones: “No existe un solo movimiento que soporte la sospecha de ilegal o tan solo irregular, que no sea la forma continuada de llevar mi economía particular”, relata el escrito. Guerrero alega que mantenía dos cuentas en Caja Rural del Sur “que soportaban la mayoría de los compromisos de pago del matrimonio, encontrándose en ella domiciliados los gastos corrientes”. Además, el ex alto cargo disponía de otra cuenta para sus ingresos a la que transfería dinero procedente de sus otras cuentas bancarias. “Dado el tiempo transcurrido sin haber recibido los detalles que servían de base a los investigadores para llegar a las conclusiones que precipitaron la segunda entrada en prisión [de Guerrero]”, el imputado pide que se le aclare las razones que motivaron dichas acusaciones. Para ello, Guerrero pida que declare ante Alaya el “superior jerárquico” de los agentes de la Guardia Civil que redactaron dicho informe sobre sus cuentas bancarias.

Por otra parte, la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y exministra Magdalena Álvarez ha acusado a la juez Alaya de imputarle “un masivo contubernio” y una “maquiavélica actuación” durante su etapa como consejera de Hacienda en la Junta. Álvarez sostiene en un recurso que la magistrada se basa en “sospechas y especulaciones” para acusarle de malversación y prevaricación. Las imputaciones de la juez “no resisten un mínimo escrutinio (...) carecen de la exigible argumentación jurídica” y se caracterizan por su “falta de concreción”.

El recurso se ha presentado directamente ante la Audiencia de Sevilla después de que esta revocase parcialmente la primera imputación de Álvarez, lo que provocó su segunda declaración como imputada el pasado 7 de noviembre. El nuevo auto de imputación, sostiene el abogado de la exministra, “no pasa de incorporar un relato genérico y deslavazado, basado en especulaciones, tergiversaciones y errores manifiestos”, informó Efe.

Ayer el intruso Claudio Andrés Sendino (ajeno al ERE del Hotel Cervantes, pese a que fue prejubilado) ha declarado como imputado ante Alaya. Sendino ha defendido que en su día siempre había considerado su prejubilación como un cobro legal que tenía los parabienes del Gobierno andaluz. “Un sindicalista me dijo que todo era tan legal que tenía que aprobarlo la Junta de Andalucía”, ha declarado el intruso ante la magistrada.

Sendino ha comparecido ante Alaya en solitario, pese a que otro intruso y un directivo del grupo Nueva Rumasa, Carlos Miranda Bacciarini, estaban citados a declarar pero faltaron a su cita judicial por diferentes motivos.

La juez acusa a Sendino de malversación y prevaricación como extraneus, tráfico de influencias y un delito de obtención ilegal de subvenciones por haber cobrado 96.223 euros sin tener derecho a ello. “Fue contratado para el Hotel Cervantes con el único fin de ser introducido en el ERE tan solo 9 días antes de que la misma presentara la correspondiente solicitud [para el ERE] el 29 de marzo de 2006, y poder acogerse así al plan de prejubilaciones (...) para lo cual se falsearían los datos laborales del Sr. Sendino”, fija la juez en la imputación que leyó al acusado antes de su declaración.

El intruso firmó una póliza para cobrar 233.000 euros, aunque finalmente solo percibió 96.223 euros en un ERE para el que la Junta aportó 3,6 millones. Al finalizar su comparecencia, el letrado de la Junta ha solicitado como medida cautelar que se le imponga una fianza civil por 311.475 euros, tras sumarle a la póliza de Sendino el tercio legal previsto por la ley.