22 directivos de empresas públicas cobran más que los consejeros

La Generalitat se ha decidido finalmente a hacer públicos los sueldos de todos sus altos cargos tras años de peticiones infructuosas por parte de los sindicatos y de la opinión pública. El Gobierno catalán ha publicado en el llamado Portal de la Transparencia de Cataluña cuánto cobran no solo los consejeros y sus asesores, sino también los máximos responsables de consorcios, empresas públicas y fundaciones en los que la Generalitat tiene una presencia mayoritaria. Entre los datos que han salido a relucir destaca que 22 altos cargos de empresas públicas cobran más que un consejero (103.100 euros brutos año) y que cuatro de ellos se embolsan incluso más que el presidente de la Generalitat, cuyo sueldo bruto asciende a 136.800 euros.

La decisión de hacer públicos todos los sueldos deriva del compromiso con las políticas de transparencia que el presidente catalán asumió públicamente tras los escándalos de corrupción del Palau de la Música o el llamado caso Pretoria. Al publicarlos en la web de la Generalitat, los sueldos pasan a ser de dominio público. Eso es especialmente importante en determinadas empresas que recientemente han sufrido serios recortes de plantilla y en las que los sindicatos habían exigido transparencia con los sueldos de los directivos.

Los salarios más elevados están, básicamente en las empresas o consorcios vinculados a la sanidad pública, a los medios de comunicación públicos y al área de infraestructuras. De hecho, siete de los directivos mejor pagados son directores o gerentes de consorcios sanitarios. En este sentido destaca el sueldo del director general de la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, Joan Antoni Gallego, que cobra 144.187 euros cada año. Este consorcio dista de ser el más grande de Cataluña. Estos altos cargos del sector sanitario están siendo los encargados de gestionar los recortes en sus respectivos centros de salud. Uno de los casos más llamativos es el del director general del hospital Clínic de Barcelona, Josep Maria Piqué, que cobra 127.352 euros. Un sueldo bruto de estas características, una vez descontadas las cotizaciones a la Seguridad Social y el IRPF se queda en unos 76.000 euros netos. Piqué ha sido el encargado de gestionar un recorte de 17,5 millones y ha pilotado el intento de privatizar la gestión del hospital.

La Generalitat aprueba un código ético que no habla de imputados

Sin embargo, el directivo de empresa pública mejor pagado no es del ámbito sanitario, sino el director de Televisió de Catalunya, Eugeni Sallent, quien tiene un sueldo bruto de 164.900 euros. Los emolumentos del director de TV-3 y otros directivos de la cadena han sido tradicionalmente objeto de batalla con los sindicatos, especialmente durante la negociación del ERE que culminó con la salida de 224 trabajadores de la corporación de medios públicos, la CCMA. En este organismo otros tres directivos cobran más que un consejero de la Generalitat. Se da la circunstancia de que Sallent cobra más incluso que el presidente del ente público, Brauli Duart. Otros dos responsables cobran tambien más que un consejero de la Generalitat. Son el director de Catalunya Ràdio y el director de estrategia corporativa.

El otro ámbito donde los sueldos de los directivos son superiores a la media es el de las empresas vinculadas al ámbito de las obras públicas. Destaca especialmente Infraestructuras de la Generalitat, la antigua Gisa, que acumula buena parte de los grandes sueldos pese a haber reducido su actividad a la mínima expresión por la crisis.

El presidente de la compañía, Joan Lluís Quer, cobra 150.500 euros al año, con lo que también supera el sueldo del presidente de la Generalitat.

La publicación de las retribuciones de los altos cargos de la Generalitat es una de las medidas que prevé el código ético que el Gobierno catalán aprobó ayer. De hecho, es la única apuesta concreta del documento, diez páginas cargadas de buenas intenciones pero sin novedades significativas. El texto ni menciona la figura de los imputados. El consejero de Presidencia, Francesc Homs, justificó la omisión argumentando que no se pueden establecer normas generales en los casos de imputación judicial.

El documento empieza negando, en su introducción, que su acción sea meramente retórica, y tras la aclaración desgrana los diferentes ámbitos en los que el ejercicio de los gobernantes debe ser ético. El primero es la gestión del dinero público. “El uso inadecuado de los recursos públicos se considera una conducta especialmente reprobable, a banda de las consecuencias administrativas y penales ya estipuladas en la legislación vigente”.

Pese a situaciones como la contratación del militante de la JNC Pol Xart, fichado como jefe de Relaciones Institucionales por la consejera de Educación, Irene Rigau, a pesar de su inexperiencia, el código ético establece que “la preparación técnica de un alto cargo debe ser la adecuada para poder llevar a cabo las funciones que constan explícitamente su nombramiento”.

El documento despacha en un folio los valores que deben regir las relaciones entre los cargos públicos y las empresas privadas, situaciones que han supuesto varios escándalos esta legislatura especialmente en la sanidad catalana. La única pega que pone el documento a las irregularidadesen las relaciones del sector público con empresas privadas es que se trata de actitudes “especialmente reprobables”. Y añade: “Los altos cargos deben ser especialmente transparentes con cualquier interés privado que pueda llegar a condicionar el correcto ejercicio de sus funciones”. Como ejemplos, cita el lucro personal o el fichaje de familiares o amigos en sus áreas de responsabilidad. El documento también establece que los cargos no deben usar su responsabilidad para lograr posteriormente ventajas en el sector privado.

El código también tiene un apartado dedicado a los medios de comunicación. Un alto cargo, reza el documento, “tiene el deber de colaborar con los medios”, siempre que no se trate de cuestiones confidenciales. Las relaciones de gobernantes y medios “debe basarse siempre en los principios de de transparencia, veracidad, y respeto profesional”.