Álava se queda sola en defensa de las declaraciones tributarias secretas

Poco a poco, las zonas de sombra tributaria van quedando atrás. Ahora ya solo la Diputación de Álava, que encabeza el popular Javier de Andrés, defiende seguir manteniendo los procedimientos excepcionales y restringidos para presentar la declaración de la Renta y de Patrimonio que se idearon para proteger a ciertos contribuyentes con rentas muy altas, frente a la amenaza de ETA.

Las conocidas como declaraciones secretas o confidenciales están a punto de pasar a mejor vida, salvo para el centenar de contribuyentes que tributan en Álava con ese procedimiento. En Bizkaia se maneja el dato de unas 500 y en Gipuzkoa podían ser en torno a 250. De Andrés aseguró en el último pleno de control de las Juntas alavesas, celebrado hace dos semanas, que este tipo de declaraciones no se van a eliminar. La solución que se adoptará será “elevar” los requerimientos de seguridad para el resto de los contribuyentes.

La respuesta oficial de la Diputación a la pregunta de EL PAÍS fue que “los procedimientos se van a mantener, pero se va a propiciar que todas las declaraciones tengan la misma confidencialidad”. Quién sí ha variado de postura y va a motivar con ello la desaparición de ese tipo de declaraciones en Bizkaia después de unos 30 años es el PNV. Su portavoz en las Juntas alavesas, Ramiro González, aseguró a este periódico: “Hemos tomado la decisión de poner fin a esos mecanismos. No es una decisión del PNV de Álava, es una decisión del PNV. El criterio es que hay que ir a un único método de tributación, sin excepciones”, lo que significa que van a desaparecer en Bizkaia y si depende de su partido, en Álava, ya que en Gipuzkoa las eliminó Bildu.

El grupo juntero peneuvista en Bizkaia se reunió ayer para fijar una posición a la vista de la adoptada por el partido. Un portavoz foral explicó que la Hacienda de este territorio todavía no ha tomado ninguna decisión al respecto, pero que lo hará en breve. Este portavoz agregó que no resulta necesaria la intervención de las Juntas Generales en este proceso, y que la decisión operativa depende del propio departamento que dirige José María Iruarrizaga. Los procedimientos especiales se basaban en que solo un limitado número de personas inspeccionaban las declaraciones que eran entregadas a Hacienda a través de un notario.

En otros casos, solo se identificaban ante Hacienda con un código que era entregado al contribuyente. Se supone que se trataba de personas con ingresos a partir de 300.000 euros anuales y patrimonios cifrados en varios millones de euros. El PP, no obstante, puede acabar modulando su posición. La oposición puede forzarle, al estar en minoría, en el debate que se producirá mañana en las Juntas Generales alavesas. La portavoz de EB, Nerea Gálvez, presenta una moción para terminar con esas declaraciones tributarias “en el próximo ejercicio fiscal” y así contribuir a lograr “una fiscalidad más progresiva equitativa, justa y comprometida contra el fraude fiscal”.

El PNV ha presentado una enmienda de sustitución en la que insta a “suprimir de manera definitiva los procedimientos confidenciales”, y el portavoz de Bildu, Gorka Ortiz de Guinea, otra en la que pide lo mismo. En Bizkaia, Bildu no se fía de la ciaboga del PNV y, por si acaso, ya presentó una proposición no de norma que se debatirá en el pleno de las Juntas de la próxima semana, en la que pide al Ejecutivo foral que elimine esos procedimientos. “Lo razonable es que no haya diferencias entre contribuyentes y que la confidencialidad se dé por supuesta para todos”, explica el portavoz de ese grupo en el Legislativo vizcaíno, Asier Vega.