El 90% de personas a quienes se suspende la ayuda subsanan el error

De las 11.050 suspensiones que Lanbide ha realizado entre 2012 y 2013 tras inspecciones a perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), casi nueve de cada diez suspendidos vuelven a cobrar la ayuda al subsanar la falta de documentación o de cumplimiento de requisitos. Es uno de los datos aportados por el Gobierno al Parlamento a petición de Txaro Sarasua, del PSE, que reflejan con datos la dimensión real del fraude social en Euskadi, un debate acrecentado en tiempos de crisis con percepciones que los datos no avalan.

Solo el 10,7% de las suspensiones registradas en 2012 y lo que va de 2013 finalizaron en la extinción de la ayuda, la eliminación del derecho a su percepción, lo que supone un total de 1.187 casos. Fueron 467 extinciones en todo 2012 y 720 en los primeros diez meses de 2013, un 54% más. Si se tiene en cuenta que el número de perceptores a fecha de octubre pasado ascendía a 62.080, la cifra de ayudas extinguidas en los primeros 10 meses del año supone apenas el 1,16% del total de familias que cobran la RGI.

Existe otro grupo de extinciones —2.968— y no renovaciones —4.610— que no pueden considerarse como fraude, ya que están motivadas por comunicaciones de los propios perceptores.

El Gobierno vasco aporta las primeras cifras sobre extinciones de las ayudas desde diciembre de 2011

Con respecto al complemento de vivienda, una ayuda ligada al cobro de la RGI, en 2012 se retiraron un total de 6.038, mientras que este año llegan a 7.115 porque la RGI se había suspendido o extinguido a esa persona. Por irregularidades en el uso de la ayuda —como no justificar los gastos o no estar inscrito en Etxebide—, en 2012 se retiraron 1.081 prestaciones de vivienda y este año, 1.361. Ante el importante número de suspensiones, Lanbide ha recibido en todo este ejercicio 5.392 recursos, de los que solo en el 21% de los casos se ha dado la razón total o parcialmente al recurrente. En estos casos, Lanbide devuelve los pagos atrasados motivados por la suspensión o la extinción.

Las cifras de la respuesta parlamentaria son las primeras que el Gobierno vasco, tanto ahora con el PNV como antes con el PSE, aporta en materia de extinciones reales de las ayudas sociales desde que Lanbide asumiese en diciembre de 2011 la gestión de las dos ayudas consideradas un derecho subjetivo exigible por ley. Los datos reflejan que en 2013 se han descubierto más casos en los que se incumplía la normativa que en el año precedente, cuando la entonces consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, lanzó su cruzada para acabar con el fraude social, que achacó a las Diputaciones, anteriores gestoras de las ayudas sociales.

Los datos aportados esconden otras realidades. Por ejemplo, personas que perdieron el requisito de empadronamiento —hoy fijado en tres años—, algo que ocurrió en 817 casos en 2012 y en 573 este año. La ley que fija quién puede recibir la RGI establece ciertas obligaciones a cumplir mientras se cobra la ayuda. Entre ellas, estar disponible para el empleo o no rechazar un trabajo. Por estos conceptos Lanbide emitió resoluciones en 2.586 casos en 2012 y en 2.929 este ejercicio.