Cofradías fuerzan que se amplíe el plazo para recurrir la sentencia del ‘Prestige’

Cofradías del sur de Galicia presentaron ayer ante la Audiencia Provincial de A Coruña un escrito en el que piden aclaración, corrección o complemento de la sentencia absolutoria de la catástrofe del Prestige. Un fallo que consideran “deficiente, con claras omisiones, posibles errores trascendentes y puntos oscuros”, lo que dificulta mucho a las acusaciones particulares la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Y también que el alto tribunal pueda valorar, con todos los elementos, si realmente esa sentencia se ajusta a derecho. Esta petición de las cofradías permitirá de entrada a todas las partes personadas en la causa ganar tiempo para decidir si recurren o no. El plazo para anunciar su intención de acudir al Supremo acaba el día 20, pero ahora se suspende hasta que la sala que juzgó la causa responda a este escrito de aclaración.

Son tres los motivos que llevaron a los pósitos de Pontevedra, representados por Alberto Muñoz, a presentarlo. En su sentencia del pasado 13 de noviembre, los magistrados omitieron responder a todas las peticiones que hicieron, en sus alegatos finales en el juicio, cada una de las partes personadas —son unas 2.000 representadas por 55 abogados—. Y el tribunal no se pronunció sobre una de las principales demandas de estas cofradías: de considerarse probado, como así efectivamente concluye el fallo, el mal estado del viejo petrolero, con deficiencias en las inspecciones y reparaciones que lo hacía más apto para chatarra que para navegar cargado de fuel, no se aplique el límite del fondo que debe aportar el propietario del barco para cubrir su responsabilidad en los daños causados por contaminación, como establece el convenio internacional CLC/1992 al que están sometidos tanto España como los dueños del Prestige.

Ese límite es de 22,77 millones de euros que la aseguradora británica del navío depositó como fianza, nada más ocurrir el accidente en 2002, en el juzgado de Corcubión. Un dinero cuyo destino debe decidirse cuando se ejecute la sentencia. Pero la póliza del Prestige cubre mil millones de euros. Las cofradías quieren que el tribunal se pronuncie sobre su petición durante el juicio, también recogida por otras acusaciones particulares y la propia fiscalía, de que se levante esa limitación, dado que los dueños, armador y demás responsables del viejo petrolero incumplieron el convenio internacional sobre responsabilidad civil en caso de contaminación al ocultar el mal estado del buque y lograr así que se hiciese con todos los permisos para navegar. Otra de las aclaraciones o correcciones de la sentencia que piden estas cofradías tiene que ver con las tres horas que se retrasó el capitán, Apostolos Mangouras, en aceptar el remolque del petrolero, tras su accidente frente a Fisterra. Al marino griego le valió la única condena dictaminada en la sentencia, nueve meses de prisión por un delito de desobediencia grave a las autoridades españolas. Pero la propia Administración contribuyó a ese retraso, como lo admitió, con toda clase de detalles en su escrito de defensa, la abogada del Estado que representó al único cargo oficial imputado y hoy absuelto, el exdirector de Marina Mercante, José Luis López-Sors. Durante esas tres horas las autoridades marítimas negociaron con el armador y la empresa de rescate que contrató, Smit Salvage, la cesión del remolcador Ría de Vigo. “Una autorización que efectivamente concedió Sasemar”, admite la Abogacía del Estado. En contra de la resolución del tribunal, que estimó que esa demora no deriva en una responsabilidad en la catástrofe, las cofradías alegan que sí tuvo “implicaciones negativas y desastrosas en la gestión de la crisis”. El remolque del Prestige, sin ese retraso, se podría haber hecho de día, con plena visibilidad, mar calmada y sin temporal, recuerda Muñoz.