La oposición exige al PNV que aclare la quiebra fraudulenta de la empresa

La quiebra fraudulenta de Epsilon Euskadi, la empresa que representaba el empeño del PNV por hacer de la competición automovilística un sector estratégico, está siendo investigada por varios frentes. El Tribunal Vasco de Cuentas entregará su informe el próximo mes marzo y dentro de una semana, el administrador único de la sociedad, Joan Villadelprat, y su socio Phillip Payne prestarán declaración en el Juzgado de Instrucción 1 de Vitoria, tras la sentencia mercantil que ha condenado al primero.

Y ayer, tres partidos de la oposición (PSE, PP y UPyD) anunciaron que van a pedir que cargos públicos del PNV que tenían mando en el Parque Tecnológico alavés y en Industria pasen por el Parlamento a dar nuevas explicaciones sobre este asunto. Los populares y el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, registrarán este jueves una petición para constituir una comisión de investigación. El PSE no se sumó a esa iniciativa y registró tres solicitudes de comparecencia en la comisión parlamentaria correspondiente, para que otros tantos altos cargos de la actual Administración expliquen qué sabían de los hechos que han propiciado la sentencia contra Joan Villadelprat, condenado por propiciar la quiebra de Epsilon con operaciones fraudulentas de venta de patrimonio de la sociedad.

 El PSE pide la comparecencia de la consejera de Industria, Arantza Tapia, para que explique el agujero de 16 millones que el Gobierno ha tenido que pagar a las cajas como avalista de dos créditos fallidos de Vital y Kutxa a Villadelprat. También solicita la presencia en la Cámara de Ana Agirre, titular de esa cartera en el último Gobierno de Juan José Ibarretxe y actual viceconsejera de Justicia, y del director de Desarrollo Industrial, Alejandro López Cárcamo, igualmente alto cargo en el anterior Ejecutivo peneuvista.

El PP hará lo propio si la petición de constituir una comisión de investigación no sale adelante. En ese caso, pedirá la comparecencia de los responsables del Parque Tecnológico de Miñano entre 2007 y finales de 2009, durante el mandato final de Ibarretxe, el lehendakari que calificó el proyecto de Epsilon como estratégico, y le concedió todo el amparo político y financiero.

El parlamentario popular Carmelo Barrio explicó ayer a EL PAÍS que la sentencia que condena a Villadelprat “abre nuevas zonas de sombra en la actuación del PNV”. “Queremos que los antiguos rectores del Parque Tecnológico las aclaren en el Parlamento”, añadió. La sentencia cuestiona cómo es posible que los responsables del Parque Tecnológico no movieran ni un dedo ante el fiasco que estaba suponiendo el negocio de Epsilon, cuando, además de tener información puntual de Villadelprat, eran ellos quienes habían solicitado las ayudas a la Administración central, más de 20 millones. Maneiro quiere con su iniciativa exigir responsabilidades políticas por “el derroche del dinero público”.