Regeneración democrática y algo más

"Lo que pide la sociedad española” es el subtítulo de un interesante documento del Círculo Cívico de Opinión (Madrid, octubre de 2013) que su presidente glosa en artículo reciente (EL PAÍS, 12-11-2013). Un colectivo de distinguidos académicos y directivos de grandes empresas interpreta en un texto breve y denso lo que la sociedad española demanda a sus dirigentes políticos. Se presenta como llamamiento a un “compromiso nacional y público de regeneración democrática”. Un compromiso que, según los autores, no debería rehuir “reformas constitucionales de envergadura”, aunque no están ahora por priorizarlas. El documento tiene explícitas resonancias orteguianas y exhibe la elegancia estilística del filósofo madrileño.

El texto contiene un diagnóstico nada superficial del momento político. Y se atreve también a adelantar propuestas que definan un nuevo regeneracionismo español en versión siglo XXI. Puedo asumir buena parte del diagnóstico y de las recetas prescritas para atenuar o eliminar el malestar que padece la sociedad española. Sin embargo, y como contribución al debate, albergo algunas dudas, tanto sobre el diagnóstico como sobre el tratamiento.

Un proyecto de regeneración democrática no puede pasar por alto los efectos de ciertas políticas socioeconómicas, anteriores y posteriores al estallido de la crisis

Sobre el diagnóstico, acertadamente señala que “la pérdida de credibilidad (de las instituciones y de los políticos) precede al derrumbe económico” de 2008: un descrédito perceptible antes de esa fecha y agravado desde entonces. Por este motivo se pronostica que una eventual recuperación económica no significará la restauración automática del crédito de la política y de los políticos. Consideran ineludible, por tanto, la adopción urgente de reformas de entidad.

Suscribo que una recuperación de la economía limitada a la reaparición de un aumento del PIB no conllevará por sí misma una clara mejoría en la valoración y solidez del sistema político. No bastará un eventual crecimiento económico porque lo que ha revelado esta crisis de alcance y escala sin precedentes no son solamente los devastadores resultados del capitalismo financiero y de su influencia. Ha aflorado al mismo tiempo la intensa pérdida de legitimidad del modelo económico que ha generado aquellos resultados. Lo que la opinión ciudadana impugna es también el papel de una cúpula financiera transnacional que ha sido capaz —y parece que lo sigue siendo— de controlar las decisiones de los Gobiernos democráticos y de fijar límites infranqueables a sus políticas socioeconómicas, desde el propio Gobierno o mediante la intervención de troikas inapelables.

Si la recuperación económica consistiera solo en retornar a tasas de crecimiento previas a la crisis —lo cual parece problemático a medio plazo—, pero no se percibieran también cambios en la estructura del sistema económico y sus relaciones con la política, suscribo con los autores del texto que esta presunta recuperación económica no bastaría para restaurar la confianza política. No sé si este es el sentido de su pronóstico. Porque, si lo fuera, el repertorio de medidas que recomiendan como remedios a la crisis democrática debería incluir alguna otra prescripción, además de la indispensable lucha contra la corrupción, la austeridad como estilo de vida de los dirigentes políticos o una nueva ley de partidos.

A mi entender, un proyecto de regeneración democrática no puede pasar por alto los efectos de ciertas políticas socioeconómicas, anteriores y posteriores al estallido de la crisis. No deben ser ignorados el incremento continuado de la desigualdad, la aparición de una movilidad social descendente, la pérdida de horizonte vital para tantos jóvenes, la agresión a la autoestima de prejubilados forzosos, parados de larga duración o nuevos pobres. Son realidades certificadas por los organismos internacionales y que impactan letalmente sobre la confianza política y social básica para un sistema democrático estable.

Más exclusión económica y social comporta menos compromiso ciudadano por carencia de recursos básicos y por sentimiento de ineficacia política: lo señalan estudios de política comparada. En sentido contrario, lo prueba el hecho de que las sociedades con más equilibrio socioeconómico interno suelen presentar mejores índices de confianza política, integridad pública y valoración de sus democracias.

Por esta razón, a los responsables políticos y empresariales que dicen apostar por la recuperación democrática y al mismo tiempo impulsan o amparan políticas socioeconómicas con efectos devastadores para el tejido social y el compromiso ciudadano habrá que atribuirles o una notable inconsciencia o un descarado cinismo. Creo, pues, que una legítima y perentoria invitación a la regeneración democrática debiera aludir a la necesaria corrección de unas políticas socioeconómicas que nos alejan fatalmente de los valiosos objetivos definidos por el propio documento.

Porque “lo que pide la sociedad española” no es solo la reparación de las carencias más visibles de la democracia representativa: es también la revisión profunda de sus mismos principios e instrumentos y de las políticas socioeconómicas que está acometiendo. O, al menos, esta es la reclamación que suele escucharse a menudo en “miles de manifestaciones en Madrid y otras muchas ciudades casi a diario” que el mismo documento cita oportunamente como signo positivo de vitalidad ciudadana.

Josep M. Vallès es profesor emérito de Ciencia Política (UAB).