La ruina municipal de Fuente el Saz de Jarama se gestó en dos legislaturas

La plaza del pueblo de Fuente el Saz de Jarama (6.000 habitantes) rezuma tranquilidad. Las banderas ondean en la Casa Consistorial y varios ancianos hablan en los bancos de madera bajo la sombra de cuatro plátanos. Nada indica que el Ayuntamiento se ha declarado en quiebra absoluta, que los empleados municipales llevan un mes sin cobrar y que hay problemas para pagar los servicios esenciales de cualquier municipio. Una deuda de 11 millones de euros, aderezada con una sentencia que obliga al municipio a abonar un millón de euros a la constructora de la Casa de Cultura, han desembocado en el desastre actual.

Los empleados municipales siguen en sus puestos, al pie del cañón, a la espera de lo que queda por llegar. Sonia, Deborah, Paqui o Mar, auxiliares administrativos contratadas como personal laboral no saben cómo van a aguantar seis meses sin percibir sus nóminas, como ya ha advertido la alcaldesa María José Moñino, del grupo independiente GIF, que es probable que ocurra. Adornan sus solapas con carteles donde se lee “ERE no”, en referencia a los despidos que están por venir. “A mí me da igual de donde proceda la deuda, pero lo que no pueden hacer es tener a la gente sin cobrar y, además, se veía venir”, se queja Deborah, que trabaja en Urbanismo. Recuerda aquella pantalla para ver el Mundial de fútbol que se contrató por 7.000 euros o los despilfarros en las fiestas municipales.

“Tenemos cubierto el colegio y el polideportivo y estamos acogidos al plan de pago a proveedores”, aclara la alcaldesa en la recepción del Ayuntamiento. Acaba de llegar con el primer teniente de alcalde de una reunión con Hacienda para intentar encontrar una solución. “Han dicho que lo estudiarán. Sigo teniendo esperanzas, pero la verdad es que es todo muy duro”, relata. El equipo de gobierno actual no tiene sueldos, solo cobra por asistencia a plenos y juntas de gobierno. “Yo ni eso”, puntualiza Moñino.

Las dificultades económicas de Fuente el Saz ya se vislumbraban en la anterior legislatura. Fue entonces cuando el PP, que tomó en 2007 el relevo al PSOE, acometió el primer ERE temporal en un Ayuntamiento de la región que afectó a 17 trabajadores. El entonces concejal de Hacienda, José Miguel García, sostiene que recibieron de herencia una deuda de unos siete millones de euros, más otros 1,9 millones de gastos pendientes de aprobar. “Fue todo producto de la mala gestión de los socialistas”, explica García, que sigue en el Ayuntamiento en la oposición. “Hacíamos frente a los gastos diarios y sobrevivíamos. Las sentencias que nos llegaban por impagos se solucionaron depositando bienes como fianza”, relata.

Unas cuentas que no cuadran con las del PSOE. El portavoz socialista, Luis del Pino, que fue regidor entre 2003 y 2007, ha enviado a la intervención municipal para su verificación el resultado del estudio de las facturas que debe el municipio a proveedores y que se han acogido a los planes estatales de pago. Según estos cálculos, su grupo no pagó facturas solo por 885.469 euros en los cuatro años que estuvo al frente del Consistorio. De 2007 a 2011, periodo en el que gobernó el PP con los independientes INNDE, la suma ascendió a 6.024.864 euros y en los dos años de la actual legislatura las facturas impagadas eran de otro 1.121.461 euros. “El grueso de la deuda procede del PP”, advierte el socialista.

Del Pino fue el artífice de la Casa de Cultura, por la que el municipio tiene que pagar ahora el millón de euros, que ha descuadrado los planes de los independientes. “Pensábamos que podríamos dilatar más la ejecución de la sentencia, pero no ha sido así”, dice la alcaldesa. La infraestructura salió por 1,8 millones. El Ayuntamiento iba a abonar el 42% y el resto la Comunidad de Madrid. Pero cuando se empezó a ejecutar la obra la empresa observó que el terreno era inestable y necesitaba utilizar un hormigón especial. Se resolvió el contrato con dicha empresa y se volvió a adjudicar al constructor que había quedado segundo en la licitación. En ese tiempo, había pasado el plazo para recibir la ayuda gubernamental y el municipio tuvo que afrontar todo el coste. Se realizaron diferentes pagos y en 2011 quedaba una deuda de 792.785 euros. La empresa denunció al Consistorio y el juez le dio la razón. Ahora, dos empleados, con contrato laboral, esperan en sus puestos de trabajo de la Casa de la Cultura, sin cobrar, al próximo ERE. Uno de ellos ha tenido que dejar su vivienda por impago.