El Consell suspende el ‘parany científico’

La consejería de Territorio y Medio Ambiente ha suspendido este lunes la resolución por la que autorizó la caza mediante parany en 33 puntos de la Comunidad Valenciana basándose en la elaboración de un estudio científico sobre migraciones del que, reconoce ahora, no ha encontrado el aval de ninguna institución ni expertos en ornitología. El departamento que dirige Isabel Bonig ha contestado así al recurso de alzada presentado por Acció Ecologista Agró contra la resolución emitida el pasado 1 de octubre y adelanta que consultará a la Unión Europea sobre la posibilidad de permitir este método por fines científicos a pesar de estar prohibida por normativa estatal y nacional y estar considerado como delito. Contra la decisión solo cabe la vía contencioso-administrativa.

El Consell, pese a echar marcha atrás, insiste en la resolución firmada hoy por el director general de Medio Natural, Alfredo González Prieto, que su actuación fue "correcta" porque los fines científicos no mantienen como requisito el que el método utilizado sea selectivo. Este es el caso del parany o barraca, tal y como se ha plasmado en diferentes sentencias.

Según el documento, Medio Ambiente explica que no solo ha sido Acció Ecologista Agró la que ha recurrido la resolución. "Otras organizaciones o asociaciones defensoras de intereses medioambientales también lo han hecho, con argumentaciones jurídicas y técnicas mucho más adecuadas", indica. Entre ellas está la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) y el Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen), que lo hicieron después.

Junto a ello, la resolución incide en la "postura mayoritaria manifestada por el conjunto de los investigadores que cuentan con dilatada experiencia en el campo de la ornitología", que también se han manifestado en contra del parany científico. También que los promotores del estudio, dos profesores del Departamento de Ingeniería Rural de la Universidad Politécnica de Valencia, "no han contado con ningún organismo, institución o científicos expertos en la materia que haya podido avalar la autorización emitida".

La consejería de Medio Ambiente asegura en su resolución que el estudio está amparado por la normativa vigente, pero que "conviene que el máximo órgano medioambiental de la Unión Europea se pronuncia sobre la viabilidad o no de la excepción otorgada".

Esta suspensión deja a los paranyers con la única opción de acudir al Contencioso-Administrativo.