“El derecho a decidir no existe en ningún ordenamiento jurídico”

Francesc de Carreras (Barcelona, 1943) ha sido profesor y catedrático de derecho constitucional durante 43 años y uno de los primeros juristas que alertó de la ilegalidad del proceso soberanista de Artur Mas.

Pregunta. ¿Por qué dice que el derecho a decidir no existe?

Respuesta. En Cataluña se ha interpretado el derecho a decidir como el derecho a celebrar un referéndum de autodeterminación, pero eso no existe para Cataluña ni en el ordenamiento jurídico internacional, ni en el europeo, ni en el español. Si se procediera a una reforma constitucional, serían en todo caso el conjunto de los españoles los que tendrían el derecho a decidir interpretando esa expresión en el sentido de secesión.

P. Usted denuncia que se invoca ese derecho como un “difuso principio democrático”.

R. Sí, porque se argumenta que no está en las leyes pero es democrático. La democracia se ejerce dentro de la ley, no fuera ni al margen. El ordenamiento regula las competencias de los gobiernos y los parlamentos, pero no por el principio democrático todo el mundo es competente en todo.

P. ¿Y no se plantea entonces el dilema de voluntad política frente a legalidad?

R. Voluntad política quiere decir tomar una decisión por motivos de conveniencia u oportunidad dentro de los marcos legales. El presidente de la Generalitat y el del Gobierno no pueden hacer lo que quieran, por mucha voluntad política que tengan.

P. La legalidad es cambiante.

Que PP y PSOE tengan en cuenta que  seguirá creciendo el independentismo si no cambian de actitud y se limitan a poner recursos. Deberían tomarse Cataluña en serio.

R. Toda legalidad es cambiante, desde la Constitución al último reglamento, pero se ha de hacer por los procedimientos establecidos, en lugar de primar la voluntad política en abstracto.

P. ¿Es exportable a Cataluña el modelo Quebec o Escocia?

R. Sí. La argumentación del Tribunal Supremo en la famosa ley de la claridad está basada en principios federales y constitucionales muy parecidos a los nuestros. La ley canadiense dice que la opinión de los quebequeses expresada en referéndum es una mera opinión, no tiene como consecuencia inmediata la independencia o lo contrario, sino que el Parlamento de Canadá tiene la última palabra. Igual pasa con Escocia.

P. O sea, que una victoria del sí, no provoca efectos jurídicos automáticos.

R. Exacto. Sería el inicio de un proceso negociador porque romper un Estado tiene muchísimas consecuencias. Uno puede declarar la independencia desde el Parlament pero todo eso quedará en humo si no eres reconocido como Estado por la comunidad internacional y por la ONU para así suscribir tratados y poder ingresar en los organismos internacionales.

P. Es evidente que también rechaza el unilateralismo.

“Cambiar la palabra consulta por la de referéndum es un fraude de ley”

R. El derecho internacional ha cambiado mucho en los últimos 60 años, pero existe unanimidad en que todo territorio de un Estado democrático que se separe por procedimientos no democráticos no será reconocido por los países que aceptan las reglas de las Naciones Unidas. La declaración unilateral de independencia no está prevista en las leyes españolas, ni internacionales. Por tanto, será un acto ilegal y Cataluña no sería reconocida como Estado.

P. ¿El precedente de Kosovo no es aplicable?

R. El dictamen del Tribunal de la Haya sobre Kosovo ha sido muy discutido y una parte de los estados del mundo, incluido España, no lo reconocen. Su doctrina solo sería aplicable a países con un deterioro democrático tan extremo como era Kosovo.

P. Usted fue una de las primeras voces en advertir que una Cataluña independiente saldría de la Unión Europea.

R. Cuando hace un año Artur Mas convocó elecciones y prometió que Cataluña no saldría de la Unión Europea si se proclamaba la independencia, pensé que o no lo tenían estudiado o engañaban a los ciudadanos. Si Cataluña se constituye en estado independiente quedará inmediatamente fuera de la Unión Europea.

P. Pese a las críticas, usted acepta un referéndum y cree que la vía del artículo 92 de la Constitución es la más factible.

R. Esta vía es vía muy parecida a Quebec y Escocia: un referéndum consultivo convocado por el Gobierno del Estado para conocer la voluntad de los catalanes tras un debate abierto y claro sobre las ventajas e inconvenientes. Si sale no a la independencia se acaba el tema

P. ¿Y si gana el sí?

R. Debería llegarse a un acuerdo para proceder a una reforma constitucional que implicaría forzosamente un referéndum entre todos los españoles para ratificar, o no, lo que hayan expresado por mayoría los catalanes. Si PP y PSOE se comprometen a respetar el resultado lo veo posible.

P. No parece que PP y PSOE estén por eso.

R. Es cierto. No aceptan esa vía, pero que tengan en cuenta que aquí seguirá creciendo el independentismo si PP y PSOE no cambian de actitud y se limitan a interponer recursos en los tribunales. Deberían tomarse Cataluña en serio.

P. Está claro que existe un problema político.

R. Sin duda. Es el problema político-constitucional más importante que ha vivido España desde la aprobación de la Constitución, en 1978. Deberían verlo en Madrid y en Cataluña como algo evidente.

P. ¿Qué opina de las llamadas terceras vías?

R. La tercera vía pretende una posición singular de Cataluña dentro de España. No veo posible en absoluto un concierto económico parecido al País Vasco ni desde el punto de vista jurídico ni económico.

P. Otras alternativas legales que han surgido las califica de “muy precarias”. ¿Por qué?

R. Toda consulta que se haga en Cataluña con la legalidad del Estatut solo puede referirse a competencias de la Generalitat y no creo adecuado el artículo 150.2 de la Constitución de transferir o delegar la autorización del referéndum a Cataluña.

P. ¿Y una consulta al amparo de una ley catalana?

R. Consulta y referéndum son similares. Si el legislador catalán cree que cambiando una palabra está todo arreglado, nos encontraremos con un fraude de ley, como ya pasó con el Estatut técnicamente tan mal redactado. Lo que me extrañó es que no fueran anulados más artículos.

P. ¿No le provoca contradicciones estar afiliado Ciutadans y ser un ideólogo de este partido al tiempo que defiende una consulta para Cataluña?

R. No soy el ideólogo de Ciutadans. Yo puedo estar en la órbita de algún partido, pero en el momento de escribir soy independiente. Al dar mis opiniones, que intento que sean razonadas, no represento a nadie ni hablo en nombre de nadie más que de mí mismo. La disciplina de un partido no puede extenderse a las opiniones de sus afiliados, ya que estos gozan de libertad de expresión. Otra cosa es la prudencia política que deben mostrar los cargos públicos.