Barberá tarda 10 años en constituir el consejo social de la ciudad

El Gobierno local que preside Rita Barberá ha constituido el Consejo Social de la Ciudad, órgano consultivo del Consistorio, una década después de la ley de 2003 que lo creaba. Fue una sesión de trámite que duró poco y que presidió el concejal delegado de Participación Ciudadana, Ramón Isidro Sanchis. La alcaldesa Rita Barberá no participó en el pleno.

El concejal de Hacienda, Silvestre Senent, aprovechó la sesión extraordinaria para informar de las líneas generales de los presupuestos municipales para 2014. “La cifra se aproximará a los 731 millones de euros de este año”, anunció Senent.

El Consistorio no solicitará nuevas operaciones de crédito porque el plan de ajuste no lo permite. Las entregas a cuenta por la participación en los ingresos del Estado caerán en 2014 en 15 millones de euros y se rebajarán las previsiones de ingresos por subvenciones de la Generalitat tras el recorte de facto sufrido este año.

El Gobierno local, expuso Senent, mantendrá la política de contención del gasto en el capítulo de personal: no habrá nuevos contratos, ni se cubrirán vacantes ni se realizarán horas extraordinarias. El Consistorio se propone ahorrar tres millones de euros.

Se mantiene el nivel de gasto corriente, solo que se desviarán más euros al pago del alumbrado a la vista de que el presupuesto inicial de 2013 se queda corto. El Consistorio reducirá la partida destinada a amortizar deuda —que asciende a 1.000 millones de euros— en 4,5 millones y se ahorrarán otros tres millones en gastos financieros.

Hacienda respetará el presupuesto destinado a subvenciones, convenios y aportaciones a otras entidades. También se mantendrán las inversiones, aunque el Gobierno local anticipa que el capítulo de expropiaciones se llevará un buen bocado presupuestario.

En la bancada del hemiciclo, además, de una representación del Gobierno local y de la oposición, se sentaba la patronal Cierval, los sindicatos UGT y CC OO, la Federación de Asociaciones de Vecinos, las Amas de Casa Tyrius, los consumidores de Avacu, las universidades valencianas, la Cámara de comercio, el puerto y la Feria.

Ninguna de estas entidades tomaron la palabra. A la salida, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, María José Broseta, explicó que era un pleno extraordinario para la constitución del consejo y no habían recibido la información sobre el presupuesto hasta el comienzo de la reunión.

El Consejo Social de la Ciudad ha de pronunciarse sobre los presupuestos municipales o cualquier modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital. El portavoz socialista Joan Calabuig justificó que los grupos de la oposición no intervinieran en la sesión de ayer. “Nosotros ya dispondremos de tiempo en el pleno para pronunciarnos”, dijo el concejal. Los socialistas, anunció el portavoz municipal, solicitarán que el consejo se pronuncie sobre los planes de Barberá para el frente litoral de Valencia, incluido el plan especial de la Marina Real.

Broseta, presidenta de los vecinos, adelantó también que pedirán la convocatoria de un consejo ordinario antes de que acabe el año para tratar todos estos asuntos. El reglamento establece la obligación de convocar dos sesiones anuales. “Es como el Comité Económico y Social [CES] pero en la ciudad”, recalcó el vicepresidente de la federación, Toni Pla.

Los tres grupos de la oposición —PSPV, Compromís y EU— han insistido desde que se aprobó la ley de Grandes Ciudades en 2003 en la creación del consejo social para fomentar la participación.