“Yo ya he tenido que hipotecar la farmacia”

“¿Aún no os han pagado? ¡Son unos sinvergüenzas!” Luis Martínez tiene 83 años y ha seguido a Emili Moliner, amigo de la familia, por las tres farmacias en las que este ha trabajado. Moliner regenta ahora una oficina propia en la calle Enamorats, en el barrio barcelonés del Eixample. Está con el agua al cuello por los impagos de la Generalitat, que adeuda a todas las boticas tres meses de facturas, además de la del pasado septiembre: un total de 416 millones de euros. La deuda sale a más de 134.000 euros de media por cada una de las 3.100 farmacias catalanas.

“Es insostenible”, lamenta Moliner. “Si no cobramos ya, este mes no puedo pagar el alquiler”. La escalada de impagos —que se suceden desde hace dos años— ha llevado a los farmacéuticos a tomar una decisión inusual: hoy cerrarán toda la mañana y se concentrarán ante la sede de la Delegación del Gobierno central para exigir que el Consejo de Ministros del viernes desbloquee el crédito ICO Proveedores con el que la Generalitat tiene previsto pagarles las facturas pendientes: noviembre y diciembre de 2012 y mayo de este año. Las farmacias en turno de guardia están obligadas a abrir, según una resolución que el Departamento de Salud emitió ayer.

Además, el Gobierno catalán tampoco ha abonado los medicamentos dispensados este septiembre, que los farmacéuticos debían cobrar ahora y que dependen del dinero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) del Ministerio de Hacienda, por el que la Generalitat cuenta con recibir 1.700 millones de euros. El consejero de Salud, Boi Ruiz, calificó ayer el cierre de “comprensible” y traspasó la responsabilidad de los impagos al Gobierno central por no pagar los fondos del ICO.

Los impagos dificultan el suministro de los medicamentos más caros

Los farmacéuticos critican que sean ellos los que tengan que cargar con los impagos con créditos e hipotecas que recaen sobre sus espaldas. “Yo ya he tenido que hipotecar la farmacia, pedir un crédito de 100.000 euros avalado por mi familia y una póliza con la que pago las nóminas y las cuotas a la Seguridad Social”, relata Moliner. El farmacéutico envió ayer los papeles al banco para pedir un nuevo préstamo. El crédito, reconocen los farmacéuticos, ha fluido hasta ahora sin grandes problemas: las entidades se fían de un negocio estable y, en general, próspero. Pero no todo el mundo está dispuesto a endeudarse para sortear la situación. “No voy a usar mis ahorros personales. Estamos financiando a la Generalitat a un interés cero”, se indigna María del Carmen Garrido, propietaria junto con su hermana Concha de otra farmacia del Eixample.

El presidente del Consejo de Colegios de Farmacéuticos, Jordi de Dalmases, exigió hace unos días a Boi Ruiz que “si no hay dinero y hay que cobrarle al ciudadano, que lo diga”. El problema, desde el punto de vista de estos profesionales, se resume en esta frase de Moliner: “Es como si a los médicos se les pide que paguen las operaciones que realizan de su propio bolsillo”.

La ley impide a los farmacéuticos dejar de dispensar medicamentos y Salud ha dejado claro que no contempla que los ciudadanos tengan que hacerse cargo de las facturas —más allá del copago que ya asumen—.

El consejero de Salud, Boi Ruiz, responsabiliza al Gobierno central

Tampoco ellos están dispuestos a adoptar medidas tan drásticas. “Desde un punto de vista ético, tengo que dispensar”, afirma convencida Marta Serra, propietaria de una oficina cercana a la de Moliner. Serra está pagando a sus proveedores en un plazo de 90 días y asumiendo los intereses que genera este retraso. “No sé cómo tienen tanta paciencia”, dice Mercè Güell, de 73 años, sentada ayer mientras Serra le tomaba la tensión. “Porque no nos queda más remedio”, le contestó la farmacéutica, que se encuentra en una situación relativamente desahogada porque lleva 30 años trabajando y ya ha pagado la oficina.

El problema es que las farmacias deben adelantar el coste de los medicamentos financiados —ahora tarde— por la sanidad pública, algunos de los cuales tienen precios muy elevados y un margen que no es mayor. “A partir de los 150 euros, el margen es el mismo sea cual sea el precio”, explica Serra. En su oficina se dispensan el doble de este tipo de fármacos que en años anteriores, algo que la farmacéutica achaca a que otros establecimientos cercanos en dificultades no están dispensando medicinas caras. Son medicamentos para pacientes sometidos a trasplantes, o tratamientos para pacientes oncológicos, que pueden superar los 3.000 euros. “Con estos fármacos perdemos dinero”, reconoce ella.

“Lo siento si no puedo vender por falta de liquidez”, avisa un boticario

“Lo siento si en algún momento no puedo dispensar un medicamento por falta de liquidez”. Es lo que dice un cartel que Moliner ha colocado frente al mostrador. “Yo no puedo seguir asumiendo el coste de los fármacos”, mantiene, aunque acto seguido deja claro que a sus clientes habituales no piensa dejarles sin la medicación. Otra cosa es que aparezca alguien que no es del barrio: en ese caso, admite, lo más probable es que les mande a otra farmacia.

María Muzas y Francisco Vaquero regentan una oficina en el barrio del Guinardó. La Generalitat les debe “unos 100.000 euros”, lo que les ha llevado a pedir dos créditos por valor de unos 50.000 euros y cubrir el resto con fondos propios. Pero ya no tienen en stock los medicamentos más caros, “lo mismo que la mayoría”. “Si el ICO no entra en el próximo Consejo de Ministros y nos pagan, literalmente no tenemos dinero”, dicen angustiados. Salud ha garantizado que llegará incluso a activar el suministro en hospitales o centros de atención primaria si algunas farmacias no puedan dispensar los medicamentos más caros.

“No sé cómo tienen tanta paciencia”, dice la clienta de una oficina

La situación puede todavía empeorar: según el Consejo de Colegios Farmacéuticos, la Generalitat ya les ha dicho que no cobrarán ninguna factura más este año, por lo que la deuda total podría ascender en diciembre a 600 millones de euros. Aun así, no todos están de acuerdo con las medidas adoptadas. Las hermanas Garrido no irán a la concentración de hoy. Critican que el Consejo la haya convocado “sin consultar” y no entienden por qué tendrá lugar frente a la sede de la subdelegación del Gobierno central, en lugar de la Generalitat, que es la que no les paga.