Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El maquinista vuelve a ser el único imputado por el accidente de tren

El mismo tribunal retiró ayer los cargos a cinco técnicos del ente

Lugar del accidente de tren de Santiago
Lugar del accidente de tren de Santiago

La instrucción judicial del accidente del tren Alvia en Santiago el pasado 24 de julio vuelve al punto en que se encontraba a los cuatro días del siniestro, cuando el juez Luis Aláez imputó al maquinista, Francisco José Garzón, por el homicidio imprudente de 79 viajeros. Desde entonces, Aláez quiso indagar más posibles causas además de la conducción desatenta de Garzón, reconocida por él mismo, e imputó a otras 27 personas, entre técnicos y directivos de Adif, la empresa pública gestora de la red ferroviaria. Pero la Audiencia Provincial de A Coruña acaba de levantar esos cargos por considerar que son “prematuros” ya que “hasta el momento” el juez no ha recabado las pruebas necesarias.

El lunes la Audiencia hizo pública su decisión de anular la imputación de cinco técnicos responsables de Seguridad en la Circulación en la curva de Angrois donde se produjo el accidente. Y ayer el tribunal levantó los cargos que pesaban sobre 21 directivos de la empresa así como sobre un sexto técnico con responsabilidades pasadas que deberían comenzar a declarar la próxima semana. Los directivos son los tres últimos presidentes de Adif y todos los vocales de su Consejo de Administración desde diciembre de 2011, cuando se puso en servicio la línea Ourense-Santiago aún con el PSOE en el Gobierno.

La Audiencia repite textualmente los argumentos que ya empleó para levantar los cargos a los técnicos. Dice “no apreciarse, con los datos aportados hasta el momento por la investigación, que pueda considerarse constitutiva de una conducta penalmente relevante la decisión de permitir la circulación del tren en el tramo en el que ocurrió el accidente con las concretas medidas de señalización” que allí había, que no incluían ningún sistema de frenado automático del tren en caso de exceso de velocidad. Además, apenas diferencia a los técnicos de los directivos, de los que admite que podrían ser imputados en caso de demostrarse que conocían los riesgos de la curva o que delegaron incorrectamente su responsabilidad, pero insiste en que “no hay datos” de ello.

La Audiencia anima al juez a realizar una “investigación exhaustiva” ante “la magnitud de la tragedia”. Y, sin cerrar otras posibilidades, le apunta la necesidad de indagar, como ya venía haciendo, en la decisión de no instalar el sistema de control constante de la velocidad, el ERTMS habitual en los AVE, en Angrois. Por allí el Alvia circulaba con un sistema inferior, el ASFA, que solo controla la velocidad al paso por señales puntuales también inexistentes en la curva. El propio juez sospecha que esa decisión, tomada en junio de 2010, “parece tener su origen en la política de inversión de Adif” dentro de “un plan de reducción de costes de obra”. Pero eso lo apuntó en un auto posterior a los que motivaron las imputaciones ahora anuladas.

8.000 folios a falta de pruebas y peritos

El levantamiento de las imputaciones es un varapalo para la instrucción que venía realizando hasta ahora el juez Luis Aláez, pero no la invalida por completo. En los 100 días transcurridos desde el accidente, el sumario del caso acumula 8.000 folios, pero aún faltan por aportarse a la causa numerosas pruebas periciales que podrían reactivar las imputaciones ahora anuladas, que no sobreseídas. Fuentes jurídicas destacan que el magistrado compostelano podría volver a imputar a las mismas personas si encuentra más pruebas.

De hecho, aún no ha comenzado el trabajo de los peritos judiciales (tres ingenieros: de Caminos, Industriales y Telecomunicaciones) que deben asesorar en la instrucción. Aláez encargó esos peritajes a tres profesionales independientes, pero la Xunta, que pagará el trabajo, argumenta, amparándose en una normativa autonómica, que primero debe buscarlos en la Administración. Por un lado se plantea el problema de que la Xunta carece de técnicos ferroviarios y por otro el de la posible falta de independencia de esos funcionarios. En realidad, el conflicto son los presupuestos de más de 800.000 y 600.000 euros que le plantearon a la Xunta los ingenieros de Caminos e Industriales solicitados por Aláez.

El retraso de los peritos lleva a la Audiencia a reprochar al juez varias de sus afirmaciones, que deberían “proceder de una ponderación netamente técnica [...] que en el momento procesal en que se produce la imputación no había tenido lugar”. Varios abogados de las víctimas se muestran convencidos de que las pruebas periciales permitirán nuevas imputaciones.

Más información