La Audiencia deja en el aire las nuevas imputaciones del ‘caso Quality’

Si en el último año la investigación judicial del caso Quality Food había girado hacia el papel que tuvieron dirigentes del PP en la puesta en marcha de una empresa de alimentación con el respaldo de la Zona Franca de Cádiz, ahora la Audiencia Provincial frena en seco esa posibilidad al anular la nueva línea abierta por el juzgado de instrucción número tres. Miguel Osuna, exdelegado de la Zona Franca por el PP, deja de estar imputado por malversación al anularse el auto que determinó su nueva posición en el caso. Esta decisión deja en el aire otras imputaciones que llegaron después: la del concejal del Ayuntamiento de Cádiz Ignacio Romaní y la del actual director del Consorcio fiscal, José Manuel Fedriani, quienes estaban llamados a declarar el próximo 22 de noviembre.

La juez del juzgado de instrucción número tres, Rosa María García Jover, acordó el 14 de febrero de 2013 ampliar las diligencias sobre la presunta estafa cometida por los responsables de Quality Food a la Zona Franca e imputar el delito de malversación a Miguel Osuna. Esa decisión se produjo casi diez años después de que Osuna hubiese presentado la querella por estafa. Hasta entonces solo había ejercido de testigo en una investigación centrada en el propietario de la compañía, Manuel García Gallardo, y su familia. Pero un informe de la Abogacía del Estado dio la vuelta al caso hace más de un año. En él señalaba a Osuna, en vez de como el estafado como el cómplice del engaño, gracias a una reciente documentación que demostraba, en su opinión, que el ex delegado pudo apoyar esta compañía en busca de su propio beneficio.

La juez dio por bueno este informe y ordenó ampliar las diligencias Osuna fue citado dos veces a declarar como imputado. La primera vez se negó a responder. La segunda, posterior al auto de imputación, sí contestó a todas las preguntas. A raíz de su testimonio y de las declaraciones de nuevos testigos se decidieron nuevas imputaciones como la de Fedriani y Romaní, o la llamada a declarar como testigo del hombre de confianza de Teófila Martínez en el Ayuntamiento, Jorge Moreno, que están citados el 22 de noviembre.

Todo queda en el aire ahora después de que la Audiencia Provincial haya acordado anular el auto del 14 de febrero, el que ampliaba las diligencias tanto para Osuna como para García Gallardo, al que la jueza sumaba el delito de malversación a los que ya tenía de estafa, administración fraudulenta y apropiación indebida. Lo anula por un defecto de forma y fondo, como habían argumentado en sus recursos los abogados de ambos. “No se han practicado las pruebas necesarias para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos y las personas que han participado”, dice el auto de la sección de la Audiencia Provincial, resolución firmada por los magistrados Juan Carlos Moreno, como presidente, María Oliva Morillo y Francisco Javier Gracia.

La Audiencia reprende a la juez por haber causado indefensión a los acusados al haberles imputado sin informarles de los hechos que les atribuyen. “No se puede concluir la instrucción sin haberles recibido declaración como imputados”, añade.

La sala resuelve anular el auto del 14 de febrero. No lo explícita pero, con ello, anula todas las siguientes decisiones que tomó la juez, ya que los nuevos testigos que han declarado en los últimos meses fueron llamados por Osuna en su calidad de imputado. El juzgado deberá aclarar en los próximos días, seguramente la semana que viene, qué va a pasar con las declaraciones previstas el 22 de noviembre, aunque todo apunta a que quedarán suspendidas hasta nuevo aviso, ya que esas imputaciones también se han hecho por el mismo sistema que a Osuna, el método que la Audiencia Provincial reprocha a la juez.

Esta es la opinión del abogado de Osuna, Felipe Meléndez, quien da por hecho que todas las pruebas practicadas en virtud del auto anulado serán invalidadas. Los abogados de los nuevos imputados pedirán no tener que declarar el día 22 ante los nuevos acontecimientos. Quedará por ver qué reclaman la Abogacía del Estado y la Fiscalía. La primera había promovido la imputación de Osuna y la segunda había respaldado todas las nuevas declaraciones y pruebas practicadas. Con este nuevo giro, que puede suponer un nuevo retraso en la finalización de la instrucción, el caso acumulará más de una década atascado en el juzgado.