La Generalitat facilitó la financiación de Emarsa a través del Instituto de Finanzas

El director financiero de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (Epsar), Luis Vicente Navarro, ha afirmado ante el juez que el exgerente del organismo José Juan Morenilla pidió al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) que autorizara una línea de confirming a la depuradora de Emarsa para el pago adelantado de facturas. 

Navarro respondió el martes a las preguntas del titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, Vicente Ríos, que investiga el presunto saqueo de 25 millones de euros de la depuradora.

El testigo, director económico en la Epsar desde septiembre de 1992, ha indicado que Morenilla, imputado en el caso, se convirtió en su jefe cuando lo nombraron gerente en 2001 y "marcaba" las directrices generales de lo que era su trabajo. Además, ha explicado que la Epsar, que a través de varios convenios pagó 100 millones de euros a la depuradora, tejió entre 2006 y 2010 con el auxilio del IVF un esquema de financiación para mantener a flote la depuradora, según se deduce de su declaración.

La Epsar consiguió a través del IVF un crédito y una línea de confirming -operación financiera donde un banco adelanta un pago a un proveedor- para atenuar la asfixia que atenazaba Emarsa, según Navarro. El BBVA canalizó la financiación de tres millones de euros. Bajo este mecanismo, Emarsa cobró mensualmente del banco y evitó los retrasos de Epsar, que no adelantaba pagos.

El directivo, según su relato ante el juez, sugirió la idea de recurrir al IVF a su antiguo jefe, el exgerente de Epsar, José Juan Morenilla, que es uno de los 40 imputados en el expolio.

El papel de Epsar para garantizar la liquidez de Emarsa fue capital. El IVF solo presta a empresas del Consell. Y Emarsa, una sociedad creada por el Ayuntamiento de Valencia y 17 municipios del área metropolitana, no habría podido acceder de otro modo a la financiación pública.

“Emarsa no podía atender al pago de nóminas y proveedores, siempre estaba falta de liquidez”, reconoció el directivo de Epsar. Su sociedad presuntamente infló los precios del lodo para repartirse suculentas mordidas entre los principales imputados de la trama. Mientras la depuradora de Pinedo clamaba auxilio, sus directivos costeaban con dinero público lingotes de oro, sobresueldos y prostitutas.