Invercaria aprobó invertir 600.000 euros en FIVA antes de su constitución

El consejo de administración de Invercaria, la empresa pública de inversión en capital riesgo de la Junta de Andalucía, aprobó que se realizara una inversión de 600.000 euros en Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA) antes de que este proyecto estuviera constituido, según ha declarado este lunes el exmiembro del consejo de administración y exdirector general de Finanzas del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) Juan Vela Quiroga.

Juan Vela, que también está imputado en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que investiga la juez Mercedes Alaya, ha señalado durante su declaración ante el juez de Instrucción número 16 de Sevilla que FIVA fue una idea del expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, quien solicitó en junio de 2006 al consejo de administración que le facultara para invertir 600.000 euros en ese proyecto cuando éste "no estaba todavía constituido".

Según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, el imputado ha precisado que en esa sesión del consejo de administración -en la que sólo estaban presentes Pérez-Sauquillo y dos consejeros de los seis o siete que conformaban normalmente el consejo- el expresidente de Invercaria les indicó que la concreción del proyecto y su desarrollo se realizaría en los meses siguientes, "con búsqueda de socios, incorporación de algún socio tecnológico o la elaboración del plan de negocios".

Así, y por acuerdo "unánime", el consejo entregó facultades a Pérez-Sauquillo para que desarrollara ese proyecto e hiciera las participaciones "que estimase oportunas", otorgándosele una cuantía ascendente a 600.000 euros, ha dicho el imputado, que ha reconocido que en esa sesión del consejo de junio de 2006 "no recuerda que se le entregara documentación alguna al respecto, y si se le hubiese entregado en todo caso sería muy genérica dado el estado incipiente del proyecto".

Ha añadido que la delegación de 600.000 euros "posibilitaba" que Pérez-Sauquillo "pudiera disponer y formalizar las operaciones financieras que estimara oportunas para el desarrollo del proyecto, sin que se le exigiera requisito o justificación de los 600.000 euros", pues "estimaron que no era necesario", aunque posteriormente el expresidente de Invercaria "lo acreditó a través de la presentación de las cuentas anuales".

El imputado ha asegurado que "no le pareció anómalo sino que además le pareció lógico que el consejo de administración otorgara facultades y delegaciones en un consejero delegado y presidente en el que confiaba", señalando que esos 600.000 euros "no era una cantidad significativa en relación con el volumen total de inversión" de Invercaria. A pesar de que la inversión en FIVA fue un proyecto fallido de Invercaria y costó a las arcas públicas un total de 1,7 millones de euros, el encausado ha asegurado que la idea del proyecto le pareció "oportuna", pues "se ajustaba al objeto social de Invercaria de promover empresas de bases tecnológicas en Andalucía y satisfacer una necesidad que existía en las pymes para distribuir sus productos".

Por ello, "no era una idea descabellada o extravagante, porque era la época de los portales de Internet", ha añadido el imputado, que formó parte del consejo de administración de Invercaria desde el año 2005 hasta 2008.

El juez instructor ha tomado declaración este lunes tanto a Juan Vela como al consejero de Invercaria Ramón Martín López, dos de los cinco miembros del consejo de administración de esta empresa pública que han sido imputados por el juez a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

Así, el miércoles están citados la exsecretaria general de Desarrollo Industrial y Energético de la Junta Isabel de Haro, y el exdirector general de IDEA Jacinto Cañete, mientras que esta ronda de comparecencias la cerrará el próximo jueves el director de Inversiones Estratégicas de IDEA, Bienvenido Martínez.

Según el Ministerio Público, "consta en las actuaciones que las decisiones de inversión en FIVA y la salida de Novasoft fueron conocidas y aprobadas en las sesiones del consejo de administración de Invercaria, lo que supone que, de forma indiciaria y provisional, los miembros del consejo tuvieron conocimiento y participación de la decisión de realizar las operaciones de inversión descritas que pudieran ser constitutivas de un presunto delito de malversación de caudales públicos del artículo 432 del Código Penal y de un presunto delito societario del artículo 259".