Las operaciones dudosas comenzaron con Senent

La investigación que el juez Vicente Ríos lleva a cabo sobre el caso Emarsa se centra en el periodo que abarca el mandato de Esteban Cuesta como gerente, desde el año 2004 hasta el acuerdo de disolver la sociedad impuesto por el PP en 2010, cuando ya había empezado a conocerse la existencia de graves irregularidades. Sin embargo, el funcionamiento anterior de la empresa no era muy distinto del que se produjo después. Las operaciones dudosas ya se produjeron en la época de Silvestre Senent, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valencia, que preside la popular Rita Barberá y que ha tenido siempre el control efectivo de la Emshi, entidad metropolitana de la que dependía Emarsa.

Senent llegó a la presidencia de Emarsa en 1997 y la dejó para ser sustituido por Enrique Crespo, también del PP, en noviembre de 2002. El gerente, hasta 2004, cuando lo relevó Cuesta, fue Miguel García Besó. En los años del tándem Senent-García Besó la depuradora metropolitana adjudicó a dedo contratos por más de 2,7 millones de euros a Mediarco, del empresario Faustino Marín, procedente de Cartagena, que trasladó sus negocios a Valencia con el viento a favor de la influencia política de su paisano, el que fuera presidente de la Generalitat y después ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana.

Ya en esa época, Emarsa usaba el método de pedir presupuestos a empresas muy conocidas y adjudicar a dedo el contrato. Marín llegó a obtener más de seis millones de euros en contratos de la Diputación de Valencia y de empresas públicas como Emarsa y Egevasa. Fue famoso el escándalo de una fuente ornamental de mosaico en las instalaciones de la depuradora de Pinedo por la que Mediarco cobró 283.000 euros (47 millones de pesetas de aquellos tiempos).

De las batallas internas en el PP entre zaplanistas y campistas se salvó Crespo pero no García Besó, que fue relevado por Esteban Cuesta en julio de 2004. La sombra de Mediarco todavía planeaba entonces sobre Emarsa. De hecho, Cuesta remitió, poco después de llegar a su cargo, una nota manuscrita al secretario del consejo de Emarsa, Blas Pérez Blesa, que obra en el sumario, en la que decía que su intención era “abrir expedientes de contratación de todas las actuaciones de la empresa” y añadía sobre Mediarco: “Quiero anular todos los contratos por deficiencia en la forma de todas las obras que están pendientes”. Cuesta incluso las enumeraba y se refería a “la antorcha, al digestor 1 y una actuación de la que decía: “Ojo, no cuadra el contrato con el plan de actuaciones de urgencia”.

El secretario del consejo de Emarsa emitió un “dictamen jurídico” sobre los contratos Emarsa-Mediarco el 6 de agosto de 2004 “a solicitud del gerente de Emarsa”, que también obra en el sumario. Tras señalar que los contratos podían resolverse, en principio, por parte de Emarsa, y apuntar que García Besó había excedido sus facultades al firmarlos dado que solo estaba autorizado a contratar hasta un límite de 10 millones de pesetas, una circunstancia que no afectaba a terceros “en cuanto a la validez de los contratos”, el dictamen era contundente al abordar los criterios de contratación. “No se han sometido a ningún procedimiento o criterio objetivo preestablecido ni consta que se haya abierto el oportuno expediente”, señalaba. “No se ha informado previa y detalladamente al consejo de administración... No consta que haya promovido concurso o solicitado ofertas... No consta que hayan sido revisados por personal cualificado de Emarsa...”.

“Cuanto se acaba de mencionar”, añadía, “se aparta por completo de los criterios de publicidad y concurrencia exigidos por la ley para las empresas de titularidad pública. Criterios que deben ser especialmente observados cuando se contrata tan asiduamente para trabajos tan diversos y por cantidades tan relevantes”. Y concluía que la resolución de los contratos no solo era una opción sino “también una exigencia”.

Cuesta tenía en sus manos una guía de lo que debía hacer. Pero él y Crespo prefirieron prolongar los procedimientos dudosos de sus predecesores.