El juez archiva el sobrecoste del Sant Pau pese acreditar irregularidades

El juez que investiga la gestión del hospital de Sant Pau ha dado carpetazo a una de las tres patas que sostienen la causa: el sobrecoste de las obras del nuevo hospital, cifrado en 77 millones de euros. El magistrado reconoce que hubo irregularidades, porque la adjudicación incumplió la normativa urbanística. Pero concluye que los responsables del Sant Pau no cometieron ningún delito porque tomaron la decisión sobre la base de un asesoramiento externo que resultó “incorrecto”. La resolución señala, además, que han pasado más de 10 años desde que se adoptó el acuerdo para construir el hospital, por lo que, en caso de existir, el delito de prevaricación habría prescrito.

La investigación sobre el desfase presupuestario en las obras pivota sobre un informe elaborado por la Sindicatura de Cuentas. Ese escrito subraya que las primeras fases del nuevo hospital —que acabó de construirse en 2009— “no se adjudicaron de acuerdo con la normativa adecuada”. El informe considera, sin embargo, que “no puede concretarse un perjuicio material” provocado por esas irregularidades, ya que “la obra existe” y “no se conoce cuál habría sido el coste de haber seguido el procedimiento que se estima correcto”.

Como no hay daño, dice el juez, no puede haber malversación de fondos públicos. En su auto, el titular del juzgado de instrucción número 22 de Barcelona, Juan Emilio Vilá Mayo, pasa a examinar si las irregularidades afectaron a la libre concurrencia de mercado y, por tanto, si existió un delito de prevaricación. Y también concluye que no.

La investigación sobre el desfase presupuestario pivota sobre un informe elaborado por la Sindicatura de Cuentas

La aportación de casi 300 millones de fondos públicos para el nuevo hospital —una instalación “de indudable interés social” y que “satisface necesidades de interés general”, subraya el juez— se firmó mediante un convenio con la Generalitat que data de 1990. El acuerdo se materializó mediante un crédito sindicado.

Dada la complejidad de las normas, señala el juez, los gestores del Sant Pau acudieron “al asesoramiento de un tercero”. Ese asesoramiento resultó “incorrecto”. “Pero los autores de la decisión”, que al amparo de esos informes tomaron las decisiones oportunas, “no son responsables” de las irregularidades. El auto subraya, además, que no hay ninguna razón que motivara a los responsables del hospital a adjudicar parte de las obras a dedo.

Esa circunstancia es suficiente, añade el juez, para no seguir adelante con la investigación. Pero hay otra: la prescripción. La decisión sobre el modo de adjudicación se remonta al año 2000. Vilá Mayo recuerda que el delito de prevaricación prescribe a los 10 años. “El procedimiento no ha sido dirigido contra los presuntos autores, dentro de los 10 años que han de contarse desde la adopción del acuerdo”. Los mecanismos de control sobre el sistema de adjudicación, incide, debieron estar “operativos” entonces y no ahora. La falta de control “no es reconducible al proceso penal” tanto tiempo después.

El archivo provisional del sobrecoste no afecta a la causa principal del Sant Pau, que indaga la transferencia de recursos entre las distintas fundaciones que integran el hospital. La tercera y última pata, relativa a los sueldos irregulares cobrados por altos directivos, también se tambalea. Hace unas semanas, el juez archivó la causa para la mayoría de implicados, salvo el exgerente del Sant Pau Jordi Varela y José Ignacio Cuervo, que siguen imputados.