Un paraíso a la venta

El Estado quiere vender La Almoraima. El jubilado Fernando Expósito pide el café con leche de media mañana y duda. "La finca le podría dar trabajo a todo el pueblo", reflexiona este vecino de Castellar de la Frontera, un pueblo gaditano con 3.200 habitantes censados y 480 en paro. "Pero el día de mañana nos podemos ver sin finca y sin dinero", continúa Expósito. Fuera de la cafetería dos pancartas —una colocada en el quiosco del parque y la otra en el Ayuntamiento— rechazan la venta de La Almoraima, ubicada en este municipio. Aunque, quizás, lo más certero sea cambiar el orden: Castellar de la Frontera, ubicado en la finca La Almoraima. Porque las 14.113,1 hectáreas del latifundio ocupan el 77,88% de la localidad. La Almoraima es tan grande que dentro cabría la ciudad entera de Sevilla (141 kilómetros cuadrados) o 20 colonias del tamaño de Gibraltar (siete kilómetros cuadrados).

El Estado es el propietario de los terrenos desde que se los expropió al roteño José María Ruiz-Mateos en 1983. Pero el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha reconocido que aspira a venderlos. Todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Castellar, incluido el PP, rechazan la privatización. El Gobierno andaluz también se opone a que el Estado se desprenda del latifundio, donde trabajan alrededor de 100 personas.

La Almoraima es enorme y hermosa. Cuando se asciende por sus lomas y se dejan atrás el pueblo y las dehesas, se apoderan del paisaje los alcornoques, quejigos y acebuches. Desde los cerros rematados por pinos de repoblación, parece que Gibraltar se pueda rozar con los dedos.La vista del Estrecho es uno de los encantos de este pulmón verde, ubicado a menos de cinco minutos en coche de las chimeneas del polo químico del Campo de Gibraltar. El 90,4% de la finca está dentro del Parque Natural de Los Alcornocales, donde pocas actuaciones agresivas se podrían autorizar a priori. Pero el meollo de esta historia está en ese casi 10% que no está protegido y donde el Gobierno apuesta ahora por una reconversión hacia el turismo más exclusivo —asociado a la caza— para hacer más atractiva la venta del latifundio.

"Aquí veo un Ritz, un Four Seasons, un Mandarin Oriental... Un gran resort". Isabel Ugalde Ruiz de Assin, exdiputada del PP, es la directora gerente de La Almoraima SL, la sociedad dependiente del ministerio propietaria de los terrenos. Ugalde, en el cargo desde marzo de 2012, cree que ha llegado el momento de poner fin a los 30 años de gestión pública. "Forma parte de los compromisos adquiridos con la Unión Europea", responde cuando se le preguntan las razones por las que el Estado debe desprenderse de este patrimonio.

La gerente de esta sociedad pública —cuyos principales ingresos llegan ahora de la venta del corcho— calcula que este año estará listo el pliego para el concurso público de venta. Su intención es que la operación se cierre en 2014. Aunque se resiste a ofrecer cifras, Ugalde da por buena una horquilla de venta de entre 180 y 250 millones. "Hay un montón de gente interesada", sostiene la gerente, que se niega a facilitar el nombre de alguno de esos potenciales compradores. Pero, ¿qué perfil tendrían? "Inversores con capacidad. Podría haber un propietario de la finca y una cadena hotelera operando el resort".

163 kilómetros de cercados

La Almoraima está completamente cercada por 163 kilómetros de vallado. Según se detalla en el Plan de Especial de Ordenación de Usos presentado por el ministerio, "el perímetro de vallado exterior asciende aproximadamente a 92.033 metros". En el interior, existe otra red de vallas de 71.536 metros, "cuyas funciones son impedir el acceso de la caza a la superficie segregada de la finca (Castellar el Viejo), a la zona de cultivos y a parte de la red de carreteras".

La caza es uno de los alicientes que se destacan en el plan especial para potenciar el turismo.

"La demanda de caza sigue en aumento, siendo su principal problema el número excesivo de individuos, que acarrea problemas de regeneración en el arbolado y de disminución de calidad en los trofeos", se apunta en el documento. Según el censo realizado en La Almoraima en 2.004, en la finca hay "1.526 ciervos, 1.585 muflones y 3.160 gamos".

Pero en el latifundio también hay aprovechamientos ganaderos. Hay 1.100 cabezas de ganado vacuno y 1.300 de ovino.

Otra parte de la finca (720 hectáreas) se destina a la agricultura de cereales, girasol y algodón. 246 hectáreas son de regadío y 474 de secano.

Pero todo son hipótesis de momento. La Junta de Andalucía —en manos de PSOE e IU— y el Ayuntamiento de Castellar —gobernado por IU gracias al apoyo del único concejal del PP— rechazan la privatización. Es complicado que estas dos Administraciones puedan frenar la operación, pero sí pueden no aprobar el Plan Especial de Ordenación de Usos de la Finca La Almoraima, que Ugalde comenzó a tramitar ante el Consistorio de Castellar en noviembre de 2012. El documento dibuja y allana el viaje de la finca desde los actuales usos agrícolas y forestales hacia el turismo del nivel más alto.

La explotación del corcho supone ahora el principal ingreso del latifundio. La Almoraima logró en 2011 algo más 840.000 euros de beneficios con esta actividad. En total, la sociedad cerró ese ejercicio con unos beneficios de 66.000 euros antes de impuestos.

Pero el plan especial ideado por Ugalde propone un giro radical. Prevé adaptar y rehabilitar para usos turísticos 14 pequeñas edificaciones existentes dentro del parque natural. Se trata de seis antiguos cortijos y ocho viviendas para los guardas. Fuera del espacio protegido, se contemplan las acciones de más envergadura: un hotel de cinco estrellas "gran lujo", un centro ecuestre, campos de golf y un aeródromo "para uso turístico, deportivo y recreativo". "Posiblemente, también uno de polo", indica Ugalde.

El Estado es el que está tramitando el plan que ofrecería el amparo legal para todas esas construcciones, pero el desarrollo del proyecto lo realizaría el comprador de la finca. Ugalde se niega a facilitar cuánto se ha pagado a la empresa malagueña Ejecución del Planeamiento para la redacción del plan. "Es sospechoso que se gaste dinero público en esto", critica el alcalde de Castellar, Juan Casanova Correa (IU).

Excepto un aeródromo, en las inmediaciones de La Almoraima ya existen instalaciones como las previstas por el ministerio. Las lujosas zonas turísticas de Marbella (Málaga) y Sotogrande (Cádiz) están muy cerca del latifundio. Lo que diferenciaría un complejo en la finca es el tamaño. "No existe en Europa un resort tan grande", dice Ugalde. También, la caza. En el apartado del plan sobre las potencialidades de La Almoraima se resalta el "turismo cinegético" como uno de esos valores. Esta actividad dejó en el latifundio unos beneficios antes de impuestos de 30.000 euros en 2011. Además, ya existe un hotel de cuatro estrellas, dentro de un convento del siglo XVII, que está vinculado a las monterías. El establecimiento tuvo unas pérdidas de 198.000 euros hace dos años.

"Quieren hacer safaris en Europa. Que los clientes lleguen en su jet privado y vayan de cacería. Es un modelo que nos chirría bastante", sostiene el regidor de Castellar, quien rechaza ese "turismo de élite". El regidor no tiene intención de aprobar la planificación turística ideada por el ministerio. "Podrían vender la finca sin el plan de usos aprobado, pero no valdría tanto", avisa el alcalde. Casanova quiere reunirse con el ministro. Pone dos condiciones para dar el visto bueno municipal al plan especial: que la privatización se pare y que se admitan las propuestas del Ayuntamiento para potenciar también en la finca las energías renovables y la agroindustria.

Ugalde está dispuesta a aceptar las demandas del Consistorio relacionadas con las renovables y la agricultura. Pero la venta del latifundio parece innegociable. La gerente explicará este lunes a la junta rectora del parque de Los Alcornocales la operación y el plan especial.

"Es un patrimonio de los españoles y no queremos que se venda. Que cambie la gestión, porque es posible hacerla más rentable", dice Juan Lozano, presidente del comité de empresa de La Almoraima SL. "Lo que hay que hacer es crear más puestos de trabajo y hacer más inversiones", opina Lozano, miembro también de la plataforma contra la venta a la que se han adherido ya más de 25 asociaciones, partidos y sindicatos.

La Junta de Andalucía ha pedido al Estado que se la ceda. La nueva consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, se lo planteará al ministro en la primera reunión que mantengan. El Parlamento andaluz —con el apoyo de PSOE e IU— también reclamó el latifundio en abril, antes de que se confirmara que la intención del ministerio es vender. IU ha pedido que la Junta estudie ejercer el derecho de tanteo y retracto si se llega a la celebrar el concurso público.

Pero las opiniones de los partidos políticos han ido cambiando en pocos meses. En abril, PSOE y PP aprobaron otra proposición de apoyo al plan especial presentado por la dirección de La Almoraima para potenciar el turismo. El Ayuntamiento tampoco le puso pegas al proyecto al principio. Pero, en ambos casos, no estaba confirmada la intención de desprenderse de la propiedad. El alcalde afirma que creía que las actuaciones "se iban a hacer desde la iniciativa pública", que no conocía la venta. "Implícitamente debían saberlo", responde Ugalde, quien sostiene que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya abrió la puerta a esta operación en 2010. "¿El Estado puede dedicarse ahora a hacer proyectos turísticos?", pregunta la gerente de La Almoraima para defender la privatización de este enorme y bello latifundio.