La Audiencia anula la imputación de la juez Alaya a la exministra Álvarez

La Audiencia de Sevilla ha sugerido a la juez que investiga el fraude de los ERE, Mercedes Alaya, que se inhiba en esta causa y la remita a un órgano superior, ya sea el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al considerar que ha agotado la instrucción, que afecta ya a aforados. El tribunal, en un auto en el que anula la imputación de la exministra de Fomento y exconsejera andaluza de Hacienda, Magdalena Álvarez, al considerar que la acusación no está suficientemente argumentada, sostiene que Alaya podría haber “alcanzado el límite máximo de instrucción” por lo que debería plantearse elevar la investigación “al juez competente en las causas de aforamiento”. El pasado mes de agosto, la Audiencia de Sevilla ya urgió a Alaya a “apurar y depurar” la investigación sobre el fraude antes de inhibirse.

En el auto conocido este viernes, el tribunal pide a la magistrada que dicte una nueva resolución en la que “concrete” y “precise” los hechos que atribuye a la actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que declaró como imputada el pasado 8 de octubre. En su declaración, Álvarez defendió la legalidad del procedimiento administrativo con el que la Junta dio durante una década las ayudas del fondo de los ERE, un sistema que la juez estima ilegal. En esta comparecencia, Alaya acusó a la exministra de haber sido la dirigente de la Junta que ideó el procedimiento (las conocidas transferencias de financiación, una herramienta presupuestaria que utilizan casi todas las Administraciones).

La Audiencia señala en la resolución de este viernes que el auto en el que Alaya imputó a Álvarez y a otros 19 ex altos cargos de la Junta alude a dos actuaciones delictivas muy diferentes, por lo que debe precisar las acusaciones. “La responsabilidad por omisión en los hechos cometidos por otros o [...] la ideación del sistema, incluida la reforma legal, para dar cobertura a un (plan de) desvío continuado de fondos”, dice el tribunal, que añade que de tratarse de la segunda hipótesis, hay “ausencias” en la lista de imputados.

El tribunal se refiere a que en la lista de inculpados por Alaya no están aquellos exconsejeros que tiene aforamiento: José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo (Hacienda); José Antonio Viera (Empleo) y Antonio Ávila (Innovación). “Afectadas las tres consejerías [...], solo una consejera es incluida en el auto”, afirma el tribunal, que añade: “De manera que cabría pensar que poco más queda por instruir salvo oír a los imputados, lo que podría corresponder en su totalidad al tribunal de aforamiento”.

Ya sea por una culpa “in vigilando” o por una supuesta “confabulación” del Gobierno para desviar el dinero de los ERE, la Audiencia pide a Alaya que concrete las razones de la imputación de Álvarez —acusada de los delitos de prevaricación y malversación— pues esa falta de motivación vulnera el derecho de la exconsejera a la defensa y a la tutela judicial.

Los jueces no entran a valorar otros argumentos que planteó, en el recurso presentado en septiembre, el letrado de la exministra, Horacio Oliva, como la posible prescripción de los delitos que se le imputan o la defensa de la legalidad del fondo de los ERE y del procedimiento con el que se daban las ayudas. En el escrito, Oliva señalaba que el auto de imputación dejaba a Álvarez en situación de “indefensión” por la “manifiesta ausencia de caracteres delictivos en los hechos imputados” y “falta de concreción”. Esta información permitirá, según la Audiencia, que la acusada “alcance a comprender por qué se la trae al proceso como imputado y pueda preparar su defensa”.

En el auto, en el que se llega a calificar la actuación procesal de Alaya como “exquisita”, la Audiencia de Sevilla apunta que la idea de la juez Alaya de que el sistema fue “ideado ex profeso para delinquir” implicaría la actuación ilegal de “los dos poderes propios de la comunidad autónoma de Andalucía”, el Gobierno y el Parlamento. El primero, por supuestamente, idear el fondo de los ERE, y el segundo, por la aprobación de las leyes de Presupuestos anuales que recogían la polémica partida.