Una comisión de sanidad esterilizada

La comisión de investigación de la sanidad pública catalana se cerró ayer sin que haya servido para aclarar ninguna responsabilidad sobre los escándalos destapados en el último año y medio. Los dos principales arquitectos del sistema en las últimas tres décadas, CiU y PSC —que vetaron juntos la comparecencia de 80 ex altos cargos, gerentes, concejales y expertos propuestos por el resto de partidos— sumaron fuerzas con el PP para tumbar la mayoría de las conclusiones que apuntaban a la existencia de conflictos de intereses, desviaciones presupuestarias, contrataciones irregulares y cobros no justificados por parte de gestores y directivos de hospitales y consorcios. ICV anunció que llevará la documentación acumulada durante los trabajos de la comisión a la fiscalía. El diputado ecologista David Companyon calificó los resultados de “farsa”.

La comisión celebró ayer su última sesión, en la que se debatieron las conclusiones de los siete grupos y se aprobó un dictamen que se debatirá en el pleno. Los partidos debían poner luz, entre otros casos, a las relaciones entre el ente público Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC) y el grupo Serhs, presidido por Ramon Bagó, investigadas por la fiscalía. El grupo obtuvo contratos por valor de 50,85 millones de euros en hospitales gestionados por CSC cuando Bagó era un alto cargo de este consorcio. Para CiU, estos contratos “se han ajustado a la normativa de contratación vigente en cada momento”. Mientras que ERC, ICV, CUP y Ciutadans concluyeron que ha existido un conflicto de intereses públicos y privados personificados en la figura de Bagó, ni CiU ni el PSC ni el PP —que solo votó a favor de sus conclusiones— reconocieron irregularidades.

“Falta de autocrítica”

Los diputados critican el veto impuesto a decenas de comparecencias

 La autocomplacencia que ha reinado durante la comisión fue criticada incluso por ERC. “Denunciamos la falta de autocrítica de CiU y PSC”, declaró la diputada Alba Vergès. “No podemos venir con la premisa de que todo ha ido bien”, dijo. Eso es lo que hizo CiU en la mayoría de casos, salvo alguna excepción, como el del hospital de Sant Pau, donde los convergentes admitieron “desviaciones presupuestarias” y “problemas organizativos”. “Los ciudadanos pueden confiar en un sistema de excelencia y calidad”, resumió el diputado Albert Batet.

Otro de los casos investigados ha sido el del holding municipal de Reus Innova, que mantiene imputados a Josep Prat, expresidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS); Carles Manté, exdirector del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) y 13 ediles del ayuntamiento de Reus del PSC, ICV y ERC. Innova pagó a Manté 720.000 euros sin justificar, según un informe del interventor municipal. Sobre este caso, CiU manifestó que el Departamento de Salud “no tuvo relación directa con la estructura de Innova” y destacó que la parte sanitaria no es mayoritaria en el grupo de empresas municipales.

CiU, PSC y el PP votaron en contra de afirmar, como proponía ERC, que los cobros de Manté “no han sido suficientemente explicados” a pesar del elevado volumen de documentación presentado a los diputados. Los tres grupos también tumbaron otro punto en el que los republicanos ponían de manifiesto la “importante desviación presupuestaria” en la construcción del hospital Sant Joan de Reus o la “falta de mecanismos” para controlar los recursos públicos.

El PP acusa al PSC de haber impulsado la comisión por “conflictos internos”

Lo mismo sucedió con las conclusiones de ICV, en las que los ecosocialistas afirman que la actuación en el caso de Prat “invita a pensar en un claro conflicto de intereses” y en “incompatibilidades que la investigación judicial deberá esclarecer”. Prat fue contratado por el exalcalde Lluís Miquel Pérez (PSC) para ponerse al frente de Innova, puesto que hizo compatible con el de presidente del ICS y vicepresidente de USP Hospitales, un grupo sanitario privado.

El resto de partidos denunciaron el “acuerdo” entre CiU y el PSC para vetar comparecencias, calificado de “vergonzoso” por el diputado de ICV, Marc Vidal. “Se han dedicado a hacer ver que aquí no ha pasado nada”, criticó Vidal, para quien en la sanidad catalana ha habido “mala gestión y salarios desorbitados”. El diputado criticó que la falta de tiempo para analizar la ingente documentación aportada y el formato de las sesiones —largas y con tiempos muy acotados para las preguntas de los diputados— ha impedido llegar a conclusiones claras, lo que no impide “confirmar las hipótesis” de partida. La misma queja la hizo José Manuel Villegas, de Ciutadans. “La limitación más importante ha sido el veto a las comparecencias”, dijo. Su partido pidió “endurecer la normativa de incompatibilidades” y “un mayor control del dinero público”.

La crítica más dura fue la de Isabel Vallet, diputada de la CUP, que calificó la comisión de “fracaso”. “Ha habido un pacto de silencio entre el PSC, CiU y el PP que ha planeado sobre todos los trabajos de la comisión y sobre las votaciones”, dijo Vallet. “No se han depurado responsabilidades políticas y no se ha cuestionado el modelo”, afirmó.

Se han dedicado a hacer ver que aquí no ha pasado nada” Marc Vidal, ICV

El PSC, partido que impulsó la comisión en la pasada legislatura, defendió sus propuestas, entre las que figura la aplicación de las normas del derecho administrativo a todas las entidades proveedoras, independientemente de si son públicas o privadas. “CiU, ERC y el PP se han negado a aprobarlo”, se quejó Jordi Terrades, diputado socialista. El PP achacó a los socialistas el haber auspiciado la comisión por “conflictos internos”. “No estamos nada satisfechos”, ilustró Jordi Roca.

Sobre las presuntas irregularidades en la Corporación de Salud del Maresme y la Selva, CiU se limitó a criticar la “filtración” del informe Crespo “por motivos absolutamente partidistas”. Ese informe, elaborado por la Sindicatura de Cuentas —que lo archivó con el único voto en contra del síndico nombrado por ICV— y publicado por EL PAÍS, puso de manifiesto pagos irregulares por 1,3 millones de euros.