El caso penal de Epsilon sale de boxes
Los imputados por supuesto alzamiento de bienes comparecerán dentro de un mes Un juzgado de Vitoria analiza mañana si la declaración de quiebra es culpable
La causa penal contra los responsables de Epsilon, la empresa afincada en Vitoria que quiso ser la aventura vasca de la Fórmula 1, acaba de salir a pista. El próximo 22 de noviembre, los dos principales imputados, quien fuera administrador único de la firma, Joan Villadelprat, y uno de sus socios, Phil Payne, declararán en el Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria.
Tras varios meses en boxes, y a la espera de una prueba documental solicitada por la fiscalía, las primeras actuaciones de esta causa, impulsada por el ministerio público ante algunas operaciones de autoventa puestas de manifiesto por la administración concursal, estrechan el círculo contra los socios por un supuesto delito de alzamiento de bienes. Epsilon vendió los activos horas antes de entrar en concurso a un socio de Villadelprat por una sexta parte del valor anotado en libros.
El caso se reactiva también en otra jurisdicción más. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Vitoria debe determinar en una vista especial si la declaración de quiebra de la compañía se hizo conforme a derecho o puede calificarse de culpable, y, en consecuencia, si adopta o no alguna medida contra Villadelprat.
La vista llega 18 meses después de que el Gobierno vasco, entonces en manos del PSE, derivara el asunto directamente a la vía judicial. El Gabinete de Patxi López pidió la declaración de quiebra “culposa” y la inhabilitación por cinco años de quien fuera su impulsor. Quedaría por dilucidar si ha existido alguna responsabilidad en la pérdida patrimonial sufrida por el Ejecutivo de los responsables públicos que, con poco o nulo control, concedieron avales que han provocado pérdidas económicas.
Epsilon Euskadi, con sede en el Parque Tecnológico de Álava, en Miñano, entró en liquidación en abril de 2012, tras constatar el juez la falta de viabilidad de una apuesta industrial confeccionada exclusivamente sobre fondos públicos y con avales legalmente cuestionados.
La empresa recibió 50 millones en ayudas del Gobierno de Ibarretxe
Auspiciada por el Gobierno de Juan José Ibarretxe para intentar colocar a Euskadi en la vanguardia del automovilismo deportivo, la firma ya estaba en concurso desde un año antes tras acumular pérdidas por casi ocho millones de euros y quedarse sin liquidez para hacer frente a sus acreedores. No contaba con un solo euro de ingresos.
El problema de Epsilon es que no ha sido un proyecto más que no ha salido adelante por la crisis. Gracias a las intensas gestiones del PNV, recibió ayudas públicas por unos 50 millones de euros. El Ejecutivo nacionalista avaló un crédito de 16 millones de euros concedido a partes iguales por la Vital y Kutxa contra la opinión del asesor jurídico del parque tecnológico, curiosamente el bufete del hoy presidente de Kutxabank, Mario Fernández.
La operación de apoyo financiero tampoco contó con el visto bueno previo de la Dirección de Finanzas, y no se notificó a la UE al rebasarse los 15 millones con el argumento de que el importe máximo eran ocho millones por entidad.
Aunque no sea vinculante para ella, la resolución en la jurisdicción mercantil tendrá cierta trascendencia en la penal, que puede condicionar sustancialmente. Ese día prestarán declaración Villadelprat y Payne, al menos.
La causa que podría llevar a la cárcel a Villadelprat fue impulsada por la fiscalía por un supuesto delito de alzamiento de bienes. La denuncia se basa en la venta del departamento de competición de Epsilon a la sociedad EPIC Racing, propiedad de Payne, entre otros socios, pocos días antes de solicitar el preconcurso de acreedores.
Una autoventa que se materializó pese a la oposición del Gobierno. El responsable de Epsilon trasladó los activos por un precio muy inferior al que se había tasado. Esos únicos activos que tenía Epsilon se vendieron por 200.000 euros frente a los 1,2 millones que le habían atribuido en libros los administradores concursales.
Después, la firma quedó vacía, con un pasivo millonario menos esos 200.000 euros que Villadelprat obtuvo de la operación con su amigo y socio. La fiscalía considera que la maniobra puede suponer un delito de alzamiento de bienes, tipificado en el artículo 257 del Código Penal y castigado con de uno a cuatro años de cárcel.
Una carrera con un coste cero
Los ideólogos de Epsilon crearon un edificio sin cimientos, con dinero público y con unos fondos propios cercanos a cero. En enero de 2008, el Parque Tecnológico de Miñano vendió a la empresa por 2,6 millones el terreno donde se alzan sus instalaciones. De esa cantidad, la firma dejó de pagar 2,2 millones. Lo curioso es que en 2009 el parque pasó la hipoteca a las cajas cuando estas le prestaron 16 millones a Epsilon.
Supuso un cambio que empezó a derivar las responsabilidades de cobro y que se materializó en marzo de 2009. Entre quienes tomaron aquel acuerdo figuran la ex diputada foral alavesa Arantza Zenarruzabeitia; el expresidente de los parques, Julián Sánchez; el anterior responsable de Miñano, Alfonso Arriola, y el ex diputado foral y exnúmero dos del PNV alavés, Alfredo de Miguel.
Estos tres últimos se encuentran imputados por su supuesta implicación en los escándalos que investiga un juez de Vitoria, el denominado caso De Miguel, el mayor sumario de corrupción abierto en Euskadi y en el que están imputados una veintena de cargos peneuvistas. En 2010, las entonces Caja Vital y Kutxa, que fueron las entidades que prestaron los 16 millones, se negaron a renegociar el crédito con una cadencia de un año y con un millón más para gastos como pedía Joan Villadelprat.
Epsilon dispuso hasta 2008 de créditos por valor de 40 millones de euros y de 6,5 millones más en subvenciones. Los últimos dos millones los consiguió el PNV del Gobierno de Zapatero dentro del paquete por su apoyo presupuestario.
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