Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

La Generalitat adeuda 300 millones a sus proveedores tecnológicos

Las empresas del sector tienen cobros pendientes desde el año 2011

La historia de la deuda de los proveedores tecnológicos de la Generalitat es diferente de la del resto de sectores que dan servicio a la Administración autonómica. Mientras el resto han cobrado algo de su deuda, las compañías de tecnologías de la información y la comunicación no han cobrado ni una factura desde 2011, según aseguran fuentes próximas al Gobierno catalán, que cuantifican en alrededor de 300 millones de euros lo que se les adeuda. Cada mes que pasa la factura aumenta en alrededor de 15 millones de euro. Desde una de las compañías afectadas aseguran que se están realizando las inversiones comprometidas, pero que no se sabe cuándo se cobrará. Desde el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, su director, Carles Flamerich, descarta un apagón en esos servicios, básicos para la Administración.

La Generalitat preveía enjugar esa deuda a partir del Fondo de Liquidez Autonómico. Incluso empezar en el último trimestre de este año el pago de las facturas mensuales, con un decalaje temporal de tres meses. Pero ni una cosa ni otra será posible y la Generalitat prevé ahora poder empezar a pagar a partir de mediados del próximo año, a no ser que las cosas cambien.

Las tecnológicas apenas han cobrado desde la privatización de telecomunicaciones

El problema en el caso de las tecnologías de la información y la comunicación son diferentes respecto al resto de sectores que trabajan para la Generalitat o cubren servicios públicos. Las entidades sociales, por ejemplo, esperan el cobro de 700 millones de euros pendientes de años pasados. Las facturas de las farmacias de noviembre y diciembre de 2012 y mayo de 2013 están también pendientes y ascienden a más de 300 millones de euros.

En el caso de las tecnológicas tienen pendientes facturas de 2011 y apenas han cobrado nada desde que, en verano de 2012, la Generalitat privatizara la gestión de las telecomunicaciones de la Generalitat, un complejo concurso sacado en diferentes paquetes que supera los 2.600 millones. Las empresas no han visto ni un euro de esas concesiones —de entre ocho y 10 años de duración— y, si bien las grandes compañías aguantan el tirón gracias a su capacidad financiera, las más pequeñas que se hicieron con porciones del pastel menores pueden acusar mayores problemas de tesorería. Entre las grandes, Telefónica y T-Systems, filial española de Deutsche Telekom, son las más afectadas, porque también fueron las que se llevaron los mayores contratos. Entre ambas tienen concesiones por más de 1.000 millones de euros. El resto se lo reparten catorce compañías más.

A pesar de la crisis, Puig ha avanzado un año el despliegue de la fibra óptica

Ese problema de tesorería, sin embargo, no ha sido un problema para que el consejero de Empresa, Felip Puig, llevara hace dos semanas a la reunión del Gobierno, un plan para adelantar un año el despliegue de la red de fibra óptica que tiene que unir a todas las sedes de la Generalitat y llegar a todos los municipios de Cataluña con la red troncal. A partir de ahí deberán de ser los ayuntamientos o empresas concesionadas las que extiendan la red hasta los usuarios finales.

Flamerich subraya que el avance de los planes, que ahora está previsto finalizarlos en 2015, no supondrá ninguna nueva inversión ya que es posible avanzarlos gracias al avance en infraestructuras que ha registrado Cataluña en los últimos años.

Según los datos de la Generalitat, a finales de 2012 la Administración autonómica tenía 464 sedes conectadas con fibra óptica en 68 ciudades. Cuando concluya este año ese número ascenderá a más de 1.500, en 208 municipios. Y a finales de 2015, según las nuevas previsiones del plan, serán 4.297 sedes administrativas —básicamente colegios— y 712 poblaciones. El 99% de la población estará potencialmente conectada, a la espera de lo que puedan hacer los ayuntamientos para hacer llegar la fibra óptica a sus ciudadanos. Ahora solo está cubierta el 68%.