Andalucía reclama el latifundio que el Estado vende en Los Alcornocales

Las 14.113,1 hectáreas de La Almoraima, una enorme finca ubicada en el Parque Natural de Los Alcornocales, vuelven a centrar una disputa entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía. El Ministerio de Medio Ambiente reconoció a finales de junio que ha puesto a la venta este latifundio gaditano, propiedad del Estado desde que fue expropiado en 1983 al grupo Rumasa.

La Consejería de Medio Ambiente rechaza esa operación. "Queremos que el ministerio no la venda, sino que se haga una gestión de forma modélica", apuntan fuentes del departamento de María Jesús Serrano. Si no, añaden estas fuentes, la consejería andaluza propone que el Estado ceda la finca a la Junta para que sea gestionada "desde lo público" y "genere empleo".

IU, socio del PSOE en Andalucía, también rechaza la operación de venta. El parlamentario regional de esta formación Manuel Baena detalla que IU va a pedir a la Consejería de Medio Ambiente que estudie la posibilidad de adquirir la finca, mediante el derecho de tanteo y retracto, si se llega a una puja.

La gestión pública es la que ha acompañado a esta finca, uno de los mayores latifundios de Europa, desde la expropiación al grupo de Ruiz Mateos hace poco más de tres décadas. Pero el Ministerio de Hacienda incluyó en junio a la Sociedad Mercantil La Almoraima en el listado de empresas públicas "que se extinguen" con la reforma de las Administraciones que pergeña el Gobierno. Posteriormente, el Ministerio de Medio Ambiente reconoció que la intención es vender, algo que ya se había planteado el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero que no llegó a materializarse.

IU cree que la Junta debe estudiar la compra de los terrenos

Isabel Ugalde, directora de sociedad que gestiona la finca, afirma que ya se está preparando el concurso para proceder a la venta, pero aún falta tiempo para que esté cerrado. Uno de los pasos que ha dado para hacer atractiva esa operación es el Plan Especial de Ordenación de Usos de la Finca La Almoraima, que data de noviembre de 2012, aunque que aún no ha sido aprobado por el Ayuntamiento de Castellar de la Frontera, donde se ubica el latifundio. Este plan supondría en la práctica recalificar unos terrenos forestales y agrícolas para aprovechamientos turísticos. En el documento se plantea la posibilidad de construir campos de golf, un hotel de lujo de la máxima categoría y un aeródromo para usos deportivos y turísticos. La cercanía de Marbella y Gibraltar, además de la proximidad de los aeropuertos de Jerez y Málaga, son algunos de los argumentos que se dan para intentar relanzar el turismo en esta zona. Las construcciones, según el ministerio, se ubicarían en el 10% de la propiedad que está fuera del Parque Natural de Los Alcornocales.

Esta finca, sus usos y la propiedad han estado envueltos en debates desde casi el mismo momento en el que el Estado expropió los terrenos. El Gobierno andaluz ha reclamado en varias ocasiones que se le cediera el latifundio. A finales de los ochenta, la Junta presentó un conflicto positivo de competencias cuando el Estado decidió enajenar al Icona (el antiguo Instituto para la Conservación de la Naturaleza) la finca. Pero el Tribunal Constitucional rechazó en 1994 los argumentos de esta comunidad, que había pedido que le transfirieran los terrenos.

Sin embargo, el Gobierno andaluz no ha renunciado a sus pretensiones. En abril de 2013, antes de que se hiciera pública la intención del ministerio de vender La Almoraima, el Parlamento regional aprobó una proposición no de ley sobre este asunto. En el texto, que salió adelante gracias a los votos de PSOE e IU, se instaba a la Junta a "solicitar al Gobierno de la nación la cesión de competencias para la gestión y explotación de la finca".

Los populares votaron en contra de la cesión. El parlamentario regional del PP José Manuel Martínez Malia recordó la sentencia del Constitucional en la que se "desestimó la competencia de la Junta de Andalucía sobre la finca". Martínez Malia también defendió la gestión pública que realiza el Gobierno central de los terrenos.