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Inquietud ante el futuro de - la finca 'La almoraima"

Las 16.000 hectáreas expropiadas a Rumasa forman uno de los mayores latifundios de Europa

Son 16.000 hectáreas de tierras, uno de los mayores latifundios de Europa. Su extensión es mayor que la de algunos Estados europeos, como la República de San Marino o el Principado de Mónaco. Se trata de la finca La almoraima, ubicada en la comarca gaditana del campo de Gibraltar y que ha sido expropiada por el Gobierno a Rumasa, junto con sus otras propiedades. Entre los habitantes de esta zona ha cundido la inquietud de cara al futuro de la finca, siendo un deseo generalizado el que éstas tierras no vuelvan a manos privadas.

De las 17.746 hectáreas del término municipal de Castellar de la Frontera, 16.000 corresponden a la finca La Almoraima, y el 70% de la población activa de esta población, que cuenta con más de 2.000 habitantes, trabaja en la misma, realizando diversas tareas agrícolas y forestales. En esta localidad gaditana, que es la principal afectada por la expropiación de la finca, hay plena confianza en el Gobierno socialista. En las pasadas elecciones generales, el 80% de su población votó al PSOE, según el parlamentario andaluz y especialista del partido gubernamental en los problemas de esta comarca, Rafael Palomino Kaiser.El alcalde de Castellar, Antonio González, también es socialista. Tras la expropiación de las propiedades de Rumasa, y haciéndose eco de la inquietud despertada entre sus vecinos, dirigió un escrito a la presidencia del Gobierno, expresando la preocupación de su Ayuntamiento por el futuro de la finca. Asimismo solicitó en el mismo una contestación al acuerdo plenario de la corporación municipal, en el que se acordó colaborar con el Gobierno en el desarrollo de las actividades productivas de la finca.

Los nueve miembros del comité de empresa de La Almoraima están afiliados a UGT. Hasta fechas recientes confiesan haber integrado un comité de empresa vigilado, en el que había grandes dificultades para que los trabajadores ejercieran sus derechos sindicales.

Después de la expropiación es cuando han podido reunirse con los delegados de los trabajadores y participar en la toma de decisiones sobre el futuro que les aguarda.

Ante la inquietud despertada, sobre todo de cara a la viabilidad futura de los puestos de trabajo, se ha creado una comisión de trabajo integrada por el comité de empresa, el alcalde de Castellar, Rafael Palomino, y el secretario comarcal de UGT, Angel Gutiérrez, con el objeto de mantener un puente de información entre la Administración y los vecinos y trabajadores afectados.

Sobre La Almoraima también gravita un problema legal. Por una parte, esta finca ha sido expropiada por el Gobierno y, por tanto, la aplicación de la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables quedaría superada legislativamente. Por otra, la finca no ha sido transferida a la comunidad autónoma andalu za, por lo que el Gobierno de la Junta habrá de esperar a que el Ministerio de Agricultura estudie la solución futura de la finca para poder tomar cartas en el asunto. De todas formas, parece ser que hay colaboración entre ambos organismos.

Reserva cinegética

La carretera de acceso a la finca está bordeada por una tupida vegetación de pinos, acebuches, cañizos y romerales. En el amplio espacio geográfico de la misma se suceden pequeños valles, algunos montes y riachuelos. También posee un embalse que se escapa por los bajos del cerro de la Mejeda, a la búsqueda del río Guadarranque. Las tunas (higueras) crecen entre las piedras en gran parte de la La Almoraima, muchas de cuyas hectáreas están cubiertas de una inhóspita vegetación, ecológicamente vital para conejos, liebres, gamos yjabalíes, por lo que la convierten en una extraordinaria reserva cinegética.

La explotación del alcornoque, de gran importancia en toda la zona, y la cría de cabezas de ganado bovino parecen ser las principales riquezas productivas de la finca, ya que en ella las tierras de regadío se encuentran en clara inferioridad, y las tierras de secano están dedicadas fundamentalmente a pasto. En cuanto a las primeras, existe el proyecto de regadíos del Hozgarganta, que incluyen más de doscientas hectáreas de La Almoraima, pendiente de parcelación para su posterior arrendamiento a colonos.

Desde el siglo XIII todo este paraje se encuentra presidido desde las alturas por el castillo de Castellar, de construcción árabe, y que hasta 1956 sirvió como instalación al pueblo de Castellar de la Frontera.

En esa fecha el Ministerio de Agricultura construyó en la llanura un poblado de colonización, donde actualmente se halla ubicado el pueblo. El antiguo castillo ha quedado como paraíso para aquellas personas que quieren huir del mundanal ruido.

El pueblo de Castellar regaló al presidente Felipe González una casa en el interior de este castillo, en señal de agradecimiento por su intercesión en el pleito que mantenía con Rumasa, y que concluyó con la cesión por parte del holding de seiscientas hectáreas, que circundan el castillo y que han pasado a ser patrimonio del Ayuntamiento de Castellar. Por este mismo hecho, la Administración local de este pueblo ha eximido a sus vecinos de pagar las tasas municipales.

Ofrecimientos para la gerencia

Mientras la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía ha solicitado del Gobiernocentral un informe detallado de todas las propiedades expropiadas a Rumasa en Andalucía, la Diputación provincial de Cádiz se ha ofrecido para gestionar directa y públicamente la finca, sugiriendo que sus técnicos están capacitados para esta gestión. Se trata de una posibilidad que, personalmente, el presidente de la corporación provincial ha transmitido al Gobierno autónomo.

Por otra parte, el Grupo parlamentario comunista ha presentado al Consejo del Gobierno andaluz una interpelación en relación con las propiedades de Rumasa en Andalucía y, concretamente, con respecto a esta finca. En dicha interpelación se considera- importante conocer los criterios del Consejo de Gobierno sobre la gestión futura de todas las propiedades del holding expropiado, haciendo especial hincapié en La Almoraima, ya que podría contribuir su expropiación a la formación de un sector público agrario, del que se derivarían, según los comunistas, importantes beneficios para el desarrollo de la región.

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