El Gobierno vuelve a exigir a Fagor un plan de futuro viable

Tras meses de negociaciones fallidas y de haber concedido a la compañía cerca de 50 millones de euros entre ayudas y avales, el Gobierno está decidido a mantener alto el listón de la exigencia a Fagor Electrodomésticos de cara a los planes para su futuro. Las mismas dos voces del Ejecutivo que salieron el miércoles a la palestra, las de su portavoz, Josu Erkoreka, y la consejera de Desarrollo Económico, Arantza Tapia, volvieron este jueves a la palestra para incidir en un doble mensaje: la cooperativa del grupo Mondragón debe trabajar hacia una reestructuración que tenga viabilidad, a diferencia de los planes trazados hasta ahora, y no puede poner su futuro en una intervención del dinero público.

Tapia se mostró en la SER muy explícita al recalcar que esos 50 millones de ayudas oficiales no van a ser condonados, pues ni lo permite la normativa de la UE —Bruselas podría considerarlo una ilegal ayuda de Estado— ni sería conveniente para la propia situación que atraviesa la compañía. Una hipotética resolución que obligase a devolver las ayudas concedidas solo serviría para agravar el trance de Fagor, maneja el Gabinete.

“Pretender una intervención pública del Gobierno con medidas contrarias al derecho europeo” para salvar la empresa es “pan para hoy y mucha hambre para mañana”, terció Erkoreka en Radio Euskadi. Y aludió a otros casos que demuestran claramente “cómo se las gasta la Unión Europea” en este tipo de asuntos.

Los dos consejeros insistieron en sus intervenciones en la exigencia a los responsables tanto de Mondragón como de la propia Fagor Electrodomésticos para que eviten la liquidación de la compañía y opten por la viabilidad de que ahora carece trabajando “hasta la extenuación”, en palabras de Erkoreka, en una reestructuración ordenada que permita salvar el máximo de empleo posible.

Para el portavoz del Ejecutivo, el dilema que ahora se plantea ante el futuro radica en que o bien se aboca a la empresa a su liquidación o bien “se opta por una liquidación ordenada”. El Gobierno autónomo pretende que se materialice esta segunda opción, por lo que reclama “a todos los actores que tienen algo que decir respecto a este asunto”, especialmente a la propia empresa y al grupo cooperativo guipuzcoano a actúa en ese sentido. “El Gobierno requiere a los directamente responsables a que se trabaje esta segunda alternativa”, prosiguió Erkoreka, “la que permite salvar lo salvable, recuperar lo recuperable y poner en circulación, a través de una reestructuración ordenada, una empresa que siga siendo competitiva en el mercado”.

El Gabinete de Iñigo Urkullu y el propio lehendakari van a tener que dar explicaciones en el Parlamento sobre todas las gestiones que han ido realizando en el último año para encontrar una salida a la empresa, incluidas las que pudiera haber realizado ante Mariano Rajoy en sus entrevistas reservadas, o ante la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en la cita igualmente secreta que mantuvo el mes pasado en Bilbao con representantes del PNV y el Ejecutivo de Vitoria.

El socialista Vicente Reyes, portavoz de su partido en innovación e industria, registró ayer mismo en la Cámara una batería de diez preguntas con diferentes apartados para que Urkullu responda por escrito. Entre otras cuestiones, el PSE quiere aclarar cuándo conoció la situación de Fagor y cuántas reuniones se han mantenido desde entonces con los responsables de la cooperativa, si el Gobierno ha realizado gestiones con alguna entidad financiera para facilitar la financiación que necesita la firma o qué líneas de trabajo debería contemplar el plan de viabilidad que viene reclamando el Gobierno. Reyes recuerda en la justificación de sus preguntas que era público que la empresa acumulaba varios años de pérdidas consecutivas, pero el Gobierno no ha explicado ninguna de las gestiones realizadas para tratar de resolver su situación. Tampoco si conocía un plan de viabilidad elaborado por la cooperativa, o si ha ayudado a elaborar una estrategia de actuación que permita seguir adelante con algunas de las líneas de negocio.

Los populares han introducido otro elemento en el debate al revelar ayer su portavoz económico, Antón Damborenea, que están realizando gestiones con el Gobierno central para trasladar la situación de la compañía y pedir que se implique en buscar una solución a través de instrumentos como el Instituto de Crédito Oficial (ICO). La presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, pidió de forma directa esta implicación en la reunión que mantuvo hace dos semanas con el ministro de Economía, Luis de Guindos, cuando ya se sabía que la situación de la cooperativa era crítica. Damborenea dejó claro que la solución de futuro para Fagor no depende sólo del Gobierno central, sino también del vasco y de la Diputación guipuzcoana.

“Va a ser imposible mantener todos los puestos de trabajo, puesto que va a haber una dura reestructuración”, se temió en otra entrevista radiofónica la presidenta del PNV vizcaíno, Itxaso Atutxa. Otro frente de la polémica lo puso sobre el tapete la ejecutiva de UGT-Euskadi. A su entender, el preconcurso de acreedores al que se ha visto abocada la cooperativa destapa “la mentira del Gobierno del PP y de las patronales de que rebajando salarios y aumentando la jornada se puede da salida a las empresas en crisis”. Una de las decisiones que tomaron los empleados de Fagor fue aceptar rebajas salariales que no les han servido al final de nada.