La Generalitat quiere mover trabajadores entre consejerías y empresas públicas

¿Por qué no puede un abogado o un administrativo de una empresa pública que no tiene carga de trabajo, pasar a un departamento de la Generalitat que necesita abogados o administrativos? ¿O viceversa? Con el fin de "aprovechar mejor los recursos", la Generalitat ha planteado a los sindicatos la posibilidad de modificar el sistema de "reasignaciones funcionales" entre las consejerías y el denominado sector público, las empresas públicas.

Esta es una de las cuestiones que la Secretaría de Administración y Función Pública ha planteado a los sindicatos durante la Mesa General de Función Pública celebrada en la mañana de hoy. La propuesta prevé que esta movilidad se lleve a cabo "en el marco de convenios de colaboración interadministrativa o de programas de desarrollo de proyectos de interés común" y siempre que la legislación laboral lo permita. En la misma línea, la Generalitat ha propuesto que la Mesa se amplíe, cambie de nombre y pase a denominarse "Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de la Administración de la Generalitat de Catalunya y su Sector Público". Los departamentos cuentan con unos 160.000 empleados y el sector público con otros 40.000.

La Mesa de hoy, en la que los sindicatos pensaban que la Generalitat les plantearía los recortes salariales que incluirá en 2014 (como la eliminación por tercer año de una paga doble), no ha avanzado sobre esta cuestión y las partes se han emplazado a la próxima semana para proseguir las negociaciones. Sobre la propuesta de movilidad entre departamentos y empresas el coordinador del Área Pública de CC OO, Xesús González, se ha mostrado muy crítico: "Podría significar una reducción de empresas públicas para que el Gobierno coloque a sus amistades en diferentes departamentos sin cumplir los requisitos".

Los sindicatos también han aprovechado la reunión para reclamar a la Generalitat que les pague la parte de la paga extra de 2012 correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de junio y el 20 de julio, una quinta parte aproximadamente, que consideran que se les ha "arrebatado ilegalmente". Los representantes de los trabajadores recuerdan que hay varias sentencias judiciales que están obligando a la administración a devolver este importe y a pagar las costas.