Mas construye una lista de “agravios” para forzar la negociación con Rajoy

Nada molesta más al Gobierno catalán y a Convergència Democràtica que les acusen de haberse pasado al independentismo de la noche a la mañana. Otra actitud que causa nerviosismo en las filas nacionalistas es que, al menos en apariencia, el Gobierno de Mariano Rajoy haya optado por el inmovilismo para afrontar la crisis catalana. La Generalitat se puso en marcha este martes para intentar dar carpetazo a ambas situaciones. El Ejecutivo catalán aprobó un documento de 50 folios que recoge los supuestos agravios del Gobierno central hacia Cataluña: desde las deudas computables hasta las decisiones que, de una u otra manera, han minado la capacidad de actuación de la Generalitat los últimos años. También incluye todo tipo de apreciaciones subjetivas y de difícil comprobación que prometen convertirse en arma arrojadiza entre Gobierno central y la Generalitat. El objetivo final del presidente catalán, Artur Mas, es convencer de que el problema catalán no es producto solo de la crisis económica y obligar a Rajoy a sentarse en una mesa de negociación para, si no quiere hablar del plan soberanista, como mínimo rectifique sus políticas sobre Cataluña.

El informe denuncia maltrato a la lengua y a las instituciones catalanas

Los supuestos agravios que se describen en el informe se resumen en una cifra que exhibió el consejero de Presidencia, Francesc Homs: 9.375 millones de euros. Esta cuantía es el resultado de sumar asuntos tan dispares como la deuda del Gobierno con la Generalitat, las inversiones que el Gobierno tiene pendientes en Cataluña y aspectos aún más difíciles de cuantificar como el dinero que la Generalitat ha perdido por “culpa” de cambios legales impulsados por el Ejecutivo central. De alguna manera, lo que buscaba también la Generalitat era dejar claro que Rajoy no puede invocar la “lealtad institucional” de la Generalitat mientras no enmiende la actuación de su Gobierno en asuntos del día a día. Y es que la lista de agravios recoge asuntos de índole tan diversa como los problemas derivados del recorte del Estatuto de Autonomía, la supuesta falta de neutralidad del presidente del Tribunal Constitucional u otros conflictos que afectan a todas las autonomías como la ampliación de determinadas coberturas sanitarias aprobadas sin pactarlas antes con las comunidades.

Pese a esta mezcla, Homs aseguró que el documento demuestra que los catalanes “pagan dos veces por casi todo”. De hecho, el informe, coordinado por el departamento que él dirige, concluye que la “deslealtad institucional” del Gobierno “discrimina a los ciudadanos por razón del territorio donde viven”.

El informe ve la luz justo en el momento en que Mas está intentando que Rajoy acepte negociar una salida a la situación de Cataluña y mientras el Gobierno catalán busca el apoyo de Esquerra Republicana a unos Presupuestos que, de nuevo, serán restrictivos. ERC ha exigido al Gobierno de CiU que deje claro que es el Gobierno central y no la Generalitat el culpable de cualquier recorte.

El dictamen mezcla conflictos específicos de Cataluña con otros más genéricos

Más allá de los agravios económicos el documento incide en aspectos identitarios y competenciales. La primera parte denuncia el supuesto maltrato de la lengua y la cultura catalana por parte de las instituciones del Estado. Según describe en este punto, “el Estado no ha tenido ninguna voluntad de mostrar la plurinacionalidad ni la diversidad lingüística”. En este sentido, denuncia la falta de apoyo del Gobierno central para que el catalán pueda ser utilizado en igualdad de condiciones ante la Administración General del Estado y las trabas para que pueda ser cooficial en las Cortes o el Parlamento Europeo.

El segundo capítulo hace un listado de problemas en la distribución de competencias. Es aquí donde denuncia la “paralización” de las relaciones bilaterales Estado-Generalitat, que se concretaría con la “negativa” a convocar la comisión bilateral que reúne a ambas comisiones. También denuncia el incumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional.