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La Diputación de Barcelona pide 67 años de cárcel para Millet sin acusar a CDC

La entidad no acusa a los cargos de Convergència imputados ni les exige responsabilidad civil

La Diputación de Barcelona, que ejerce la acusación popular por el saqueo del Palau de la Música, pide 67 años de prisión para los exresponsables de la entidad y saqueradores confesos de la institución Fèlix Millet y Jordi Montull, pero no acusa a los cargos de Convergència imputados ni les exige responsabilidad civil alguna. En su escrito de acusación la corporación acusa del expolio a Millet, su mano derecha, Jordi Montull, y a la hija de este Gemma. A las esposas de los primeros las sitúa como partícipes a título lucrativo del expolio. La Diputación de Barcelona está presidida por Salvador Esteve, directivo de Convergència y alcalde de Martorell.

El escrito de la Diputación, institución que junto al resto de Administraciones formó parte hasta 2001 del Consorcio del Palau que nutría de fondos públicos a la entidad, no hace alusión alguna a los 5,1 millones de euros que el juez instructor cree que Convergència se embolsó a través de Millet en concepto de comisiones ilegales de la constructora Ferrovial.

Concretamente, la Diputación de Barcelona pide 67 años de cárcel para cada uno de los dos saqueadores del Palau, a los que acusa de los delitos continuados de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y malversación. Para Gemma Montull, que fue directora financiera del Palau, la Diputación solicita 17 años y medio de cárcel y, como a Millet y a Montull, le pide 25 años de inhabilitación absoluta.

Asimismo, la Diputación reclama a los saqueadores que indemnicen con casi 13 millones a la Fundación del Palau de la Música y al Orfeó Català y con otros 3 al Consorci del Palau, entidad de la que la corporación provincial formó parte hasta 2001 y a través de la cual aportó 1,5 millones de euros en subvenciones.

Contrariamente a la acusación ejercida por la Fundación del Palau, la Diputación de Barcelona no acusa del desfalco a otros de los imputados, como el abogado y ex secretario del Palau Raimon Bergós, la secretaria de Millet Elisabet Barberà, la ex directora de la entidad Rosa Garicano o los responsables de las empresas que supuestamente colaboraron en el expolio emitiendo facturas falsas.