Germà Gordó anuncia que la cárcel Modelo seguirá abierta hasta 2015

La cárcel Modelo de Barcelona, que acoge a presos preventivos en condiciones precarias —hasta cuatro presos por celda—, seguirá en funcionamiento al menos tres años más. El consejero de Justicia, Germà Gordó, anunció ayer su “voluntad” de comenzar el “derribo” de la histórica prisión en 2015. Los preventivos serán trasladados a otro centro que se construirá “en el sur” de la ciudad de Barcelona, aunque Gordó no concretó dónde y añadió que el Ayuntamiento propondrá el emplazamiento idóneo. La fecha prevista para que la nueva instalación funcione es “2016 o 2017”, dijo el consejero, que descarta el proyecto del tripartito de construir un gran centro penitenciario en la Zona Franca por estar “sobredimensionado”.

Gordó presentó ayer en el Parlament el esperado Plan de equipamientos penitenciarios 2013-2020, que echa por tierra la mayoría de proyectos del tripartito. El equipo de la exconsejera Montserrat Tura calculó entonces que, para 2012, habría unos 12.000 internos en Cataluña. Pero la realidad ha ido por otro camino y ahora hay 10.000, con la previsión de “mantenerse o reducirse levemente, incluso a medio plazo”, recoge el documento. El descenso se explica por factores demográficos, pero también por cambios en el Código Penal (en tráfico de drogas, por ejemplo) o en la circular de extranjería que permite a presos inmigrantes volver a sus países.

La Zona Franca iba a acoger la cárcel de preventivos, un centro abierto y otro de mujeres. Gordó precisó, en cambio, que se construirán dos nuevos equipamientos: el centro abierto, al “norte” de la ciudad; el de preventivos, al sur. “Barcelona recuperará para sus vecinos unos terrenos importantes en la Trinitat y en el Eixample”, dijo Gordó a preguntas de Salvador Milà (ICV). El diputado ecosocialista visitó hace poco la Modelo y afirmó que la situación allí “no es la deseable”, un diagnóstico que compartió Gordó: “No podemos permitir mantenerla abierta, no reúne las mejores condiciones”. El consejero detalló que, aunque insuficientes, ha habido algunas mejoras: allí donde antes había seis o siete presos por celda ahora hay cuatro.

La cárcel que sustituirá a la Modelo debe estar situada en una zona “próxima a las sedes judiciales” para “facilitar su desplazamiento a los juzgados”. La Ciudad de la Justicia, en la Gran Vía, está situada en el límite entre Barcelona y L’Hospitalet y muy cerca de la Zona Franca, que no se descarta como emplazamiento.

“No me haga decir dónde estará, porque el Ayuntamiento pone los terrenos", respondió Gordó a preguntas de la oposición. El consejero detalló que el desmontaje de la Modelo, inaugurada en 1904, será “progresivo y por módulos”, y que el traslado de presos comenzará ya en 2015. Los recortes presupuestarios también obligan a clausurar centros “obsoletos”. Además de la Modelo y del actual centro abierto de Trinitat, en 2016, Justicia cerrará la vetusta cárcel de Figueres el año que viene, una vez que abra sus puertas la nueva y vecina prisión Puig de les Basses, con 1.018 plazas. Ése es uno de los casos más controvertidos. La cárcel está construida y acabada desde junio de 2011, pero sigue sin utilizarse y con uno gasto de mantenimiento mensual de 1,5 millones de euros.

En una situación similar se encuentra el penal de Mas d'Enric —en El Catllar, Tarragona, con 1.020 plazas—, que también está construido y cerrado aunque en este caso falta habilitar los accesos y construir la depuradora. La previsión es que el centro abra al año siguiente, en 2015. Gordó se mostró muy crítico con la gestión del tripartito, porque asumió el pago de un canon por derechos de superficie “sin tener en cuenta ninguna previsión financiera futura”. El Gobierno de Convergència i Unió, añadió, se ha visto “obligado a asumir esos compromisos” que suponen un enorme desembolso de dinero público.

El pago de los derechos de superficie —una especie de canon o alquiler— de Puig de les Basses y Mas d'Enric se comerá, de hecho, más de la mitad de la inversión que requiere el plan: 249 de los 419 millones totales. Los 170 restantes irán destinados a la reforma y construcción de las nuevas instalaciones. Por ejemplo, la reconversión de las antiguas cárceles de Girona y Tarragona en centros abiertos (siempre que lo permita el planeamiento urbanístico) y la reforma de Wad Ras, la cárcel de mujeres de Barcelona.

Los nuevos centros de Figueres y El Catllar, y el resto de modificaciones previstas, deben servir para acoger una población reclusa que, según las estimaciones de Justicia, podría situarse en torno a las 11.600 personas en 2020. O sea, una previsión de crecimiento del 15%. Las estadísticas muestran un fuerte incremento en la última década y hasta 2011, cuando por primera vez la población reclusa empezó a decrecer. “Es una animalada que tengamos una de las tasas de delincuencia más bajas y una de las poblaciones reclusas más altas. Todos somos culpables, el sistema penal no funciona”, espetó Gordó.

El plan tiene como objetivo garantizar condiciones “dignas” para los internos, de manera que se favorezca “su custodia y reinserción”. En el caso del futuro centro de preventivos, Justicia pretende “minimizar los efectos negativos de la primera entrada en prisión”. El reo, sobre todo si lo es por primera vez, “está sometido a una situación de especial vulnerabilidad y estrés”, recoge el plan, por lo que conviene “evitar al máximo el desarraigo de su entorno familiar y social”. Justicia apuesta por los centros especializados como vía para ayudar en la rehabilitación de los presos y ve importante, también, que esté asegurada la viabilidad económica de los centros.