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Industria esperará al informe de expertos para decidir sobre el almacén de gas

Arias Cañete asegura que el proyecto no tenía condicionantes sobre problemas sísmicos Vecinos de Vinaròs convocan por las redes una nueva protesta para este jueves

El Ministerio de Industria tomará una decisión sobre la plataforma submarina Castor en Vinaròs una vez dispongan de las conclusiones de tres informes encargados a expertos. Dos de ellos están encaminados a verificar si existe relación entre la actividad y los seísmos y han sido encargados al Instituto Geológico y Minero y al Instituto Geográfico. El último fue instado este miércoles de urgencia y es el que deberán elaborar los técnicos de Industria que desde esta mañana están inspeccionando las instalaciones “para comprobar el cumplimiento estricto de la instrucción de paralización” y analizar si se ha dado “correcto cumplimiento” a los requisitos establecidos para la explotación del proyecto.

Desde el ministerio han manifestado que hasta que no lleguen estas conclusiones en los próximos días y se estudien no tomarán nuevas medidas tras la paralización ordenada el 26 de septiembre.

La visita extraordinaria de esta delegación de Industria ha aplazado la reunión prevista este miércoles entre los alcaldes de Vinaròs, Benicarló y Peñíscola (afectados por los movimientos en el norte de Castellón), con el presidente de la Diputación, Javier Moliner, y con representantes del gobierno valenciano para instar al Ejecutivo a tomar acciones inmediatas. “Como el martes comunicaron la inspección extraordinaria de los técnicos, de momento, la reunión no tiene sentido”, han indicado desde la Diputación de Castellón.

La empresa concesionaria del proyecto, Escal UGS, ha defendido su actuación hasta la fecha y apuntado que han informado desde el primer momento de los seísmos registrados. Desde las doce de la madrugada de este miércoles se han registrado otra veintena de movimientos, el más fuerte a las 11.27 horas de magnitud 2,9 (muy por debajo del de 4,2 de la madrugada del martes).

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha sido preguntado hoy al respecto durante una visita a valencia y ha asegurado que la Declaración de Impacto Ambiental otorgada en 2009 “no tenía ningún condicionamiento relativo a problemas sísmicos”. Arias Cañete ha recordado que en su día se instalaron sismógrafos en la Confederación del Ebro, que han sido los que han detectado los movimientos.

También ha recalcado que los trabajos están parados porque el ministerio es “responsable de la gestión del proyecto” y que ese mismo día reclamaron dos informes al Instituto Geológico y Minero y al Instituto Geográfico para “determinar exactamente las circunstancias que concurren en el caso”. El ministro ha destacado que tomarán las decisiones “pertinentes” cuando lleguen estos informes y que los mismos se harán “con toda celeridad, pero siempre con el rigor técnico que requiere un informe de esta naturaleza”.

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Mientras, el Ayuntamiento de Vinaròs ha establecido un dispositivo de seguimiento y atención a la ciudadanía y ha comenzado a repartir a la población un folleto con los “consejos básicos” en caso de terremoto intenso. Por su parte, colectivos ciudadanos están convocando por las redes sociales una nueva protesta en la población para este jueves a las 20.30.

Varios grupos políticos de oposición en las Cortes han manifestado este miércoles su rechazo al proyecto. La diputada de EU, Marina Albiol, ha pedido a la Generalitat que tome “acciones legales” contra la empresa por el “aumento del número e intensidad” de los seísmos. La diputada ha pedido más contundencia al Consell y que no mantenga “esta postura tímida”.

El coportavoz de Compromís en las comarcas de Castellón, Carles Mulet, ha recordado que la formación ya informó al Consell de los primeros terremotos que se registraron en 2012 y que desde el gobierno valenciano hicieron caso omiso.

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