El juez imputa a dos exdirectivos de CRC por el ‘saqueo’ de una fundación sanitaria

La quiebra del Instituto de Alta Tecnología (IAT), fundación creada en 2001 para poner en marcha y gestionar un centro puntero de diagnóstico por la imagen en Barcelona, ha provocado las primeras imputaciones penales. El juez ha llamado a declarar a Norberto Galindo y Francisco Javier Fernández —exdirectivos del holding privado CRC, hoy en concurso de acreedores— tras examinar el escrito del fiscal, un informe de los Mossos d’Esquadra y la denuncia del sindicato CGT, que les acusa de apropiación indebida, falsedad documental, corrupción entre particulares y malversación de caudales públicos.

El IAT, radicado en el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB, en sus siglas en catalán), estaba formado por tres hospitales públicos —Mar, Clínic y Vall d’Hebron—, y CRC, empresa de diagnóstico por imagen. Creada para ser un referente en su campo, la fundación se vio abocada al concurso de acreedores en octubre de 2011 despúes de que la empresa utilizase su control sobre ella para desviar recursos millonarios, subvenciones y todo tipo de material adquirido con dinero público.

La denuncia de CGT iba dirigida contra todos los representantes en el patronato de IAT —en el que tenían silla los tres hospitales públicos— y el consejo de administración de CRC, aunque el juez del juzgado de Instrucción 20 de Barcelona solo ha imputado por ahora a Norberto Galindo, consejero y presidente de la matriz de CRC, y Francisco Javier Hernández, director de CRC-Centro de Imagen Molecular. Ninguno sigue en la compañía, ha informado CRC.

CRC se hizo pronto con el control de IAC, a pesar de que solo aportó una cuarta parte de los fondos iniciales: 60.000 euros ampliados con otros 100.000 en el año 2005. Fue la misma cantidad que pusieron el IMAS (Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria, del Ayuntamiento de Barcelona y titular del hospital del Mar), el Clínic y el Vall d’Hebron, que se sumaron al proyecto en 2003 y 2004, respectivamente. Los tres centros públicos cedieron a CRC el control de la fundación mediante un contrato firmado en 2002.

Uno de los logros de la fundación fue conseguir en 2002 un crédito de 5,79 millones por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología a devolver en 15 años y sin intereses para la construcción de un ciclotrón, un acelerador de partículas. Aunque el ministerio puso como condición que el ciclotrón se usase solo con fines docentes y de investigación —y se negó a ceder a varias peticiones de la empresa para cambiar esta norma y permitir su uso para fines comerciales— CRC alquiló el uso del equipo a distintas empresas. IAT nunca acabó de pagar ese crédito. La deuda pendiente con el ministerio, incluidos los intereses, asciende a más de 2,5 millones de euros.

Los responsables de CRC lograron también que IAT vendiera a una filial de la empresa (CRC-Centro de Imagen Molecular) el uso del ciclotrón y todas las ramas de actividad que pudieran ser comercializadas, lo que supuso vaciar a la fundación de sus activos. Según el administrador concursal, CRC “instrumentalizó” la compra de activos de IAT, a la que causó un “grave perjuicio”. La venta del ciclotrón se hizo para “eludir el pago de la deuda y evitar que el Ministerio embargarse” el equipo, manifestó CGT en la denuncia.

Entre 2008 y 2010, CRC se dedicó a hacer pedidos a través de IAT que nunca pagó y a utilizar esos materiales en empresas del grupo, práctica que causó a la fundación un agujero de 3,27 millones, según la auditoría de Faura-Casas. Todas las prácticas ilícitas de CRC causaron pérdidas a las administraciones de 4,6 millones.

Pese a todo, los hospitales no reaccionaron hasta 2011. Ninguno de ellos, salvo el Clínic, ha llevado el caso a los juzgados. Este centro ha denunciado los hechos por vía civil, según fuentes del caso, aunque el hospital no ha confirmado este extremo.