Anticorrupción censura la instrucción de la juez Alaya en el caso de los ERE

La Fiscalía Anticorrupción ha lanzado este martes duros reproches a la magistrada Mercedes Alaya por la instrucción que realiza en el caso de los ERE fraudulentos financiados por la Junta de Andalucía. Las críticas a las formas y tiempos de la juez han llegado un día después de que se conociera que dos de los delitos que se le imputan a seis empresarios —entre ellos, dos hermanos de la ministra de Empleo Fátima Báñez— han prescrito durante la instrucción que está realizando Alaya en el caso Mercasevilla, otra de las causas que tiene abiertas.

La fiscalía ya ha advertido en varias ocasiones del riesgo de prescripción por los retrasos en la investigación judicial. Lo ha hecho en el caso de los ERE y en el que afecta a Mercasevilla.

Anticorrupción no habla ahora del riesgo de que salgan impunes algunos de los implicados. Pero sí se queja de una “extraña” dilación en la actuación de la juez. También, de que se le esté ocultando información y de que no se hayan practicado diligencia “acordadas” sobre el seguimiento de los expedientes fraudulentos. Lo hace en un escrito, fechado este martes, en el que se pronuncia sobre la decisión de Alaya de no acordar medidas cautelares contra María José Rofa Vega, exasesora de la Consejería de Empleo, a la que se le habían imputado malversación, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos.

La juez dio unos argumentos para no imponer medidas a Rofa que la fiscalía impugna en un escrito inusualmente duro y en el que deja entrever que Alaya mintió. Los argumentos de la magistrada, dice Anticorrupción, “pueden y deben ser rotundamente rechazados por no ajustarse a la realidad”.

Rofa, supuestamente, había colaborado con los agentes de la Guardia Civil al aportar documentación sobre este caso y explicar la forma en la que se funcionaba en la Consejería de Empleo, donde se centra el origen del fraude.

La Fiscalía Anticorrupción —que recurre contra la decisión de Alaya de no aplicar medidas cautelares a Rofa y pide una fianza civil de 205 millones para ella— se queja de la falta de información sobre el papel real que ha jugado esta imputada. Para no aplicarle medidas cautelares Alaya alude a “la contribución” que ha hecho la implicada “para el esclarecimiento de los hechos”. Pero los fiscales discrepan: “Difícilmente puede hablarse de tal contribución cuando la imputada se acogió a su derecho a no declarar, negándose pues a contestar a pregunta alguna y limitándose a ratificar la declaración prestada ante la Guardia Civil”.

El ministerio público considera en su recurso que “únicamente consta que en su declaración ante la Guardia Civil entregó de manera voluntaria diversa documentación”. Pero “tan solo una mínima parte de la misma fue incorporada al atestado elaborado por la Guardia Civil”. “La relevancia de tal documentación prácticamente se desconoce”, añade la fiscalía especial.

Los fiscales recuerdan que han pedido a la magistrada que “ordenase a la Guardia Civil” que le remitiera “todo lo entregado por la señora Rofa”. “A día de hoy no contamos con pronunciamiento judicial al respecto”, se queja el ministerio público, que también muestra su disconformidad con que Alaya valore la contribución de la imputada a la investigación con unos “papeles” que no están incluidos en las actuaciones.

Los fiscales también muestran su disconformidad con los tiempos de la juez. Rofa compareció ante Alaya el 6 de julio de 2012. “Inexplicablemente han pasado más de 14 meses hasta que la magistrada ha tomado una decisión”, afirman los fiscales. “Resulta extraña tal dilación pues ninguna causa se nos aparece en el devenir de las actuaciones que justifique tal tardanza”.

Los fiscales recuerdan que tras las declaraciones como imputados de dos exdirectores generales de empleo y un exviceconsejero que se celebraron aquel mismo julio de 2012, la juez no tardó ni un mes en dictar las medidas cautelares. El ministerio público recuerda también que la “tardanza” se le ha “hecho ver” a la magistrada a través de dos escritos de abril y junio de 2013.

También se lamentan los fiscales especiales de que no han podido sopesar la implicación en la trama de otros imputados por la falta de la información necesaria. Y Anticorrupción lo achaca a que existen “diligencias de instrucción acordadas y no practicadas”. El ministerio público cita, por ejemplo, “la pericia encomendada a la Intervención General del Estado”, “la documentación recientemente solicitada a la Cámara de Cuentas de Andalucía” o “los ya consabidos informes de seguimiento de la UCO de la Guardia Civil con respecto a expedientes concretos de pagos”.