La Generalitat deja de pagar ayudas a las residencias a nuevos dependientes

De una medida provisional ha pasado a indefinida. La Generalitat deja de conceder la ayuda económica a los nuevos beneficiarios de la Ley de Dependencia para que se puedan pagar una plaza en una residencia privada. Bienestar Social ya anunció a finales de julio que estas prestaciones no se iban a conceder en agosto y septiembre. Pero ayer, cuando se acababa este plazo, el Departamento de Neus Munté comunicó a las residencias que la paralización es indefinida.

Las patronales del sector denuncian que la Generalitat no les ha pagado estas prestaciones desde el mes de enero y reclaman unos 70 millones de euros. Bienestar Social admite que, ante la imposibilidad de hacer frente a las ayudas, ha decidido “dejar de conceder nuevas”. El departamento no confirma la cifra, pero sí reconoce que se verán afectadas unas 500 personas.

En un comunicado, el Departamento reconoce que una vez conocido el recorte definitivo de los Presupuestos de la Generalitat para este año, “y habiéndose confirmado así la dificultad presupuestaria, el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) se ve en la necesidad de mantener esta suspensión”. Más allá, la Generalitat ha vuelto a escudarse -ya lo hizo en julio- en la “deficiente financiación” por parte del Gobierno, que ha hecho que sea “la Generalitat la que haya asumido una gran parte de los recursos”. Según datos de Bienestar Social, el Gobierno central solo financia el 20% de las prestaciones y servicios vinculados a la Ley de la Dependencia, mientras la Generalitat asume el 80% restante. La directora del ICASS, Carmela Fortuny, se ha comprometido a “intensificar” en los próximos días el diálogo con las entidades para buscar soluciones.

Las patronales del sector denuncian que la Generalitat no les ha pagado estas prestaciones desde el mes de enero y reclaman unos 70 millones

Mientras tanto, el sector ya ha mostrado su enojo ante este nuevo anuncio, que “una vez más la Generalitat comunica un recorte a última hora y de forma escueta”, ha espetado Vicente Botella, presidente de Upimir, la patronal de pequeñas y medianas residencias. “Estamos sufriendo muchísimo. Es un sector que crece y crea empleo, pero estos recortes, sumados a los impagos, están llevando al cierre a muchos centros”, ha añadido Montse Llopis, directora general de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA).

Las perspectivas futuras no son muy halagüeñas y el propio Departamento de Bienestar Social ha reconocido que la situación se puede agravar el año que viene, ya que los nuevos Presupuestos Generales del Estado congelan la partida destinada a la Ley de la Dependencia en un momento en que la población envejece más y hay más demanda de estos servicios.

El sector sociosanitario, sin embargo, ha conocido otro recorte. En este caso se trata de un descenso del 4,6% el módulo social de diferentes líneas de atención en centros sociosanitarios, es decir, de la aportación de Bienestar Social para sufragar el coste de una plaza de un hospital del Día. El recorte tiene efecto retroactivo desde el 1 de enero.