El talón de Aquiles de Lleida

Desde hace una década, el Ayuntamiento de Lleida ha ordenado 78 derribos de edificios declarados en ruinas en el centro histórico. De estos, 27 se han producido en los últimos dos años y medio. En la mayoría de ocasiones, se trata de pisos abandonados o viviendas en las que los propietarios no realizan las tareas de mantenimiento e incumplen los requisitos de seguridad. Cuando el Ayuntamiento detecta estas situaciones exige a los dueños que los derrumben. Si no lo hacen, el consistorio se hace cargo de los trabajos de forma subsidiaria. Solo este verano, se han dado cinco casos.

Las actuaciones municipales encaminadas a mejorar el estado de degradación del barrio no son suficientes para los vecinos, que denuncian que los inmuebles encubren actividades ilegales. “La prostitución y la venta de drogas ha cambiado de calle, pero siguen en el barrio”, advierte el portavoz de la Plataforma per la Dignificació del Pla de l'Aigua, Josep Maria Muñoz. Esta entidad vecinal que trabaja para recuperar el entorno del centro histórico recuerda que entre bares ilegales y viviendas usadas como prostíbulos se contabilizan 50. La entidad considera que es necesaria una labor social para acabar con la situación. “Los propietarios de los pisos los utilizan para llevar a cabo actividades ilegales porque no pueden alquilarlos ya que carecen de los permisos necesarios”, explica.

El alcalde de Lleida, Àngel Ros, rechaza las críticas y apunta a que el consistorio fomenta la política social, evitando la ocupación ilegal de los edificios. “La conservación de las casas corresponde a los propietarios”, matiza. Aún así, defiende la tarea del Ayuntamiento, que “financia íntegramente las revisiones estrictas de los arquitectos y aparejadores”. El Consistorio recuerda, además, que la responsabilidad en el mantenimiento de los edificios del centro histórico también corresponde a la Generalitat. “El Govern se ha desentendido de la zona y hace dos años que ha parado el Plan de Barrios”, explican.

El alcalde de Lleida, Àngel Ros, rechaza las críticas y apunta a que el consistorio fomenta la política social

A diferencia de las otras capitales catalanas, el corazón urbanístico de Lleida no tiene monumentos históricos, excepto la emblemática Seu Vella. “No hay piedra, es pobre constructivamente y cuenta con una edificación frágil”, explica el economista y ex profesor de Geografía y Sociología de la Universitat de Lleida, Ramon Morell. “Los edificios se seguirán hundiendo mientras el Ayuntamiento no invierta, sabiendo que debe aportar dinero que no recuperará totalmente”.

El primer toque de atención fue el derrumbe, en noviembre de 2005, de un bloque de la calle Cavallers en el que vivían seis familias. El accidente, originado por el apuntalamiento deficiente de una pared maestra, no causó heridos. En el juicio, celebrado hace dos años, se imputó a los responsables de la empresa que realizó el derribo de la vivienda contigua y se exculpó al Consistorio de cualquier responsabilidad. Episodios similares se repitieron en 2012 y el pasado junio, cuando se hundieron dos edificios más en zona.

Para evitar que se repitan estos casos, la Generalitat de Cataluña estableció en 2011 un decreto por el que los edificios de viviendas plurifamiliares con más de 45 años debían someterse a una inspección obligatoria. La normativa fija un procedimiento para que los dueños soliciten un informe técnico con el que la Administración emitirá un certificado, indicando si el inmueble es apto o no apto. La realidad muestra que los propietarios incumplen este requerimiento. El documento resulta “útil para la conservación de los pisos, ya que sirve como referencia en obras y reparaciones correctoras”, apunta Carlos Pérez, asesor técnico del Colegio de Administradores de Fincas de Lleida. Aún así, reconoce que en tiempos de crisis los arrendadores se ahorran este trámite.