El patrimonio también contará para acceder a becas y bonificaciones

La Junta de Andalucía ha empezado a tramitar este martes el anteproyecto de ley sobre el acceso a los beneficios públicos y de medidas contra el fraude fiscal. Esta norma incluirá en los requisitos para acceder a las becas autonómicas y bonificaciones (como las de los comedores o escuelas infantiles) el "patrimonio neto del solicitante de la ayuda". Hasta ahora, el principal requisito era el del nivel de ingresos por renta.

La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ha detallado que este cambio persigue que las ayudas y bonificaciones lleguen a los que realmente lo necesitan. La consejera ha reconocido que el baremo empleado hasta ahora, el de ingresos por renta, no siempre ofrece un retrato real de la economía de las familias. Montero ha indicado que será cada consejería la que establezca la "ponderación del patrimonio" a la hora de convocar sus bonificaciones y ayudas. Pero ha aclarado que la medida está pensada para "grandes propiedades" o para aquellos que tienen "rentas individuales por terrenos".

La Junta, que no ha aclarado cuando comenzará a aplicarse esta norma, también reforzará las sanciones para aquellos que falseen sus datos para acceder a una ayuda. Además de tener que devolverla, como ocurre ahora, los infractores se enfrentarán a sanciones de entre 75 y 6.000 euros. 

El anteproyecto que se ha presentado este martes también contempla medidas para reforzar la lucha contra el fraude fiscal. Se incrementarán los controles para evitar que se eludan "impuestos en las transmisiones de viviendas" o en las donaciones, según la información facilitada por la Junta. También se vigilará a las "empresas de reciente creación" que han sido "incentivadas fiscalmente" y que plantean cerrar. Se fijarán, además, "nuevas obligaciones formales de suministro de información para un mejor control en los tributos autonómicos".

Entre las medidas concretas que se plantean, se "excluye el pago en metálico de transmisiones, adquisiciones o donaciones, para poder acceder a beneficios fiscales aplicables" en Andalucía. Según Montero, el plan de lucha contra el fraude que se puso en marcha hace un año ha supuesto entre 200 y 220 millones de ahorro a las arcas públicas. Las nuevas medidas podrían implicar entre 30 y 40 millones más.