La fiscalía acusa a Telefónica de amañar otro concurso público
El objetivo, según el fiscal, era hacerse con los servicios del Consorcio Sanitario de Terrassa
La fiscalía de Barcelona ha presentado una denuncia ante el juez contra tres cargos de Telefónica y cuatro responsables del Consorcio Sanitario de Terrassa (CST) por alterar un concurso público. La licitación, que adjudicaba los servicios de telecomunicaciones del CST, fue ganada por Telefónica en 2012. Según el fiscal, los gestores del consorcio “se concertaron” con trabajadores de Telefónica para que estos redactaran los pliegos de las cláusulas del concurso. La fiscal dirige su denuncia contra siete responsables, a los que acusa de los presuntos delitos de prevaricación y de alterar los precios en concurso público.
El Consorcio Sanitario de Terrassa es una entidad pública de la Generalitat, el ayuntamiento de esa localidad y la Fundación Sant Llàtzer. Comprende siete centros de atención primaria, un hospital de agudos y un centro sociosanitario, entre otros. En el concurso, licitado en mayo de 2012, se iba a adjudicar la totalidad del servicio de Telecomunicaciones y Tecnologías de la información del consorcio por cuatro años y un importe de 550.000 euros anuales. Telefónica fue la única empresa que se presentó y el CST le adjudicó el contrato por 1.485.000 euros sin IVA en octubre de 2012.
La fiscal mantiene que la “connivencia” entre los responsables del consorcio —que formaban parte de la mesa de contratación— y trabajadores de la empresa de Telefónica Soluciones de Informática y Telecomunicaciones, resultó en un acuerdo “con el único propósito de conseguir” que la empresa “fuera la adjudicataria del mismo, en perjuicio de otros posibles licitadores”. El acuerdo entre unos y otros propició que el concurso no estuviera regido por los “principios de transparencia, concurrencia y libre competencia”, mantiene la fiscalía.
Trabajadores de la compañía redactaron las cláusulas
En el transcurso de la investigación, iniciada por la fiscalía tras las actuaciones de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) se encontraron varios correos electrónicos que se enviaron los acusados en los que intercambiaban información sobre las condiciones del concurso antes de que este saliese publicado.
Los denunciados son, entre los empleados de Telefónica: Carolina A., comercial; Antonio R., jefe para administraciones públicas y Xavier N., técnico. Por parte del consorcio, figuran en la denuncia de la fiscal Xavier C., responsable de sistemas; Miguel B., subdirector de sistemas de información; Alfons S., subdirector de recursos físicos y Josep Maria M, director de proyectos y servicios.
El CST hizo público ayer un comunicado para defender la “total inocencia de las personas intervinientes” en el concurso y manifestó que sus actuaciones se guiaron por la “voluntad de obtener las mejores condiciones del contrato” para el propio consorcio. Aún así, la institución está revisando los procesos internos de contratación para “corregir los comportamientos” que “hayan podido no adecuarse” a las normas.
Antifraude y el ministerio público también han investigado otras dos ajudicaciones a esta misma empresa: una, de la Diputación de Barcelona, y otra de un organismo de la Generalitat. El Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información convocó en abril de 2009 un concurso público “meramente formal” para comprar una aplicación relacionada con la protección de datos. El centro —dependiente entonces del Departamento de Gobernación, y en la actualidad del de Empresa y Ocupación— ya había decidido que le iba a adjudicar el concurso a Telefónica, a la que ayudó a conseguir el contrato aunque la empresa no había presentado la mejor oferta, según la denuncia llevada a cabo también por la fiscalía y hecha pública la pasada semana.
