El puerto encalla en el juzgado

La imagen de Rafael Aznar es indisociable de las escenas que ha propiciado el poder en Valencia en los últimos años. Desde que en septiembre de 2004 accedió al cargo, el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) siempre se ha situado en la zona de impacto mediático de los principales actos de la Generalitat o las organizaciones empresariales. No son pocos los que consideran que ese exceso de vistosidad le está ahora pasando factura.

Una denuncia anónima ante la Fiscalía de Valencia ha sacudido su confortable pedestal desde finales de julio. Sobre él pesa la acusación de una posible malversación y prevaricación que supera los 40 millones de euros, así como el cobro de supuestos sobresueldos incompatibles con el cargo, junto a otros dos directivos (unos 77.000 euros cada uno), a través de una empresa participada mayoritariamente por la APV, Valencia Plataforma Intermodal (VPI).

La gestión de Aznar ha entrado en la cadena de trituración judicial, mientras que los resultados del puerto bajo su mandato han marcado un hito al convertirse en la instalación de referencia del contenedor en el Mediterráneo. Fuentes del puerto defienden que su gestión ha sido auditada todos los ejercicios por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sin que haya detectado “ninguna ilegalidad”. Asimismo, aseguran que el Tribunal de Cuentas ha estado metido durante año y medio en la sede de la APV revisando la contabilidad con el mismo resultado.

Los directivos denunciados declararán a partir de noviembre

Sin embargo, en el informe de 2012 de la IGAE sí se consignaron como anómalos los pagos de VPI a los directivos en concepto de dietas, que, por otra parte, al igual que el resto de operaciones bajo sospecha, recibieron la aprobación del consejo de administración. Las mismas fuentes niegan que se tratara de “sobresueldos”, sino de “trabajos”. En ese sentido, tanto Aznar como los otros directivos han alcanzado un acuerdo con la IGAE para devolver el dinero.

La fiscalía, tras las diligencias testificales, llevó la denuncia anónima ante el juez, quien requirió información contable tanto a la APV como a la IGAE sobre los años 2007-2011, que serás escrutada por dos peritos. La interventora del puerto está citada a declarar el 1 de octubre y la previsión es que a partir de noviembre sean llamados Aznar y los otros directivos que se personaron en la causa en condición de denunciados para declarar.

Pero mientras la justicia trata de dilucidar a su ritmo un caso que en el seno de la APV se considera de “poco recorrido”, Aznar crepita sobre la parrilla mediática con el consiguiente desgaste para la institución portuaria. La situación de vulnerabilidad en la que se halla, habiendo sido propuesto para el cargo por el anterior presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha reactualizado todas las posibles faltas que arrastra su trayectoria, y que en este contexto se cargan de significado. Uno de sus hijos trabaja en Cyes, una de las principales adjudicatarias de obras del puerto, y una hija lo ha hecho varios años en la consultora que realizó un plan estratégico para la APV. Además, Aznar vive en un piso promovido y construido por la división inmobiliaria de Cyes y financiado por Bancaja, entidad en la que presidió la comisión de control y de la que fue consejero general hasta 2006.

El entorno de Aznar considera que el caso tiene “poco recorrido”

Bajo sus pies, asimismo, ha empezado a moverse el suelo por otras presuntas incoherencias en la gestión que habrían derivado en sobrecostes. Los recelos acumulados en el Gobierno central respecto a Aznar afloraron en el último convenio del puerto con los trabajadores. A pesar de que fue ratificado por Puertos del Estado, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo tumbó por ser un acuerdo al alza en medio de un panorama de recortes.

Pese a que las cuentas de la APV son positivas y el negocio ha sido ascendente en un entorno de crisis, el Gobierno ha sopesado que otros puertos como el de Barcelona, Tarragona o Algeciras, resultan más eficientes en términos de productividad y explotación. La APV alega que, siendo cierto, en esas instalaciones cuenta mucho la gestión inmobiliaria hecha (Barcelona), la posesión de refinerías (Tarragona y Algeciras) o el bunkering (Algeciras), mientras que Valencia ha optado por hacer más competitivos los precios y transferir la generación económica a las empresas consignatarias.

Significativos empresarios afirman en privado que la situación que atraviesa Aznar no se sostiene porque puede acabar afectando al puerto de manera decisiva. El mismo presidente de AVE, el naviero Vicente Boluda, aludió a ese “daño comercial” al salir el pasado miércoles en su defensa como portavoz de este selecto grupo de empresarios inspirado por el presidente de Mercadona, Juan Roig. Para Boluda, este “lío”, que puede deberse a “un error”, resulta muy perjudicial en un momento en que Algeciras y Marsella han construido terminales semiautomáticas que “pueden hacer bastante pupa” a Valencia.

El presidente de AVE trataba de salir al paso de un debate que no solo está calando en el seno de la clase empresarial valenciana, sino también en la política. Una semana antes, el vicepresidente del Consell, José Ciscar, también tuvo que echar un capote a Rafael Aznar anteponiendo sus resultados a su gestión, pero la cosa no ha hecho más que empezar.