Cinco condenados por el derribo de un edificio protegido en el Puerto

El Juzgado de lo Penal número dos de Cádiz ha condenado al exalcalde de El Puerto de Santa María Hernán Díaz Cortés, al exconcejal de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez, al jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento, Fernando Jiménez Fornell, y al constructor Rufino Naves y a su hijo Juan a penas de prisión e inhabilitación para cargo público por el derribo ilegal del Palacio de Vizarrón, una casa de cargadores de Indias construida en el siglo XVII, situada en pleno centro de El Puerto de Santa María (Cádiz) y protegida al igual que el casco histórico de la ciudad. Los hechos ahora condenados ocurrieron hace nueve años.

El edificio fue parcialmente demolido por el constructor local Rufino Naves para la construcción de viviendas valiéndose de una autorización irregular concedida por el Ayuntamiento que certificó el supuesto estado de ruina del inmueble. Tanto la Corporación como el constructor desoyeron las reiteradas órdenes de paralización de obra que cursó la Delegación de Cultura de la Junta, que multó a los condenados.

Ahora, el juez ordena a los constructores el restablecimiento de la legalidad urbanística, es decir, a la reconstrucción de lo demolido y condena a los dos máximos responsables de la promotora, padre e hijo, a una pena de un año y seis meses de cárcel para cada uno de ellos. Así mismo establece el pago de una indemnización a la Junta en concepto de daño patrimonial y una multa simbólica de 20 euros al mes durante 15 meses. A Ambos, el juez les considera culpables de un delito contra el patrimonio.

Al mismo tiempo la sentencia, de 48 folios y entregada ayer a las partes, condena a ocho años de inhabilitación para cargo público y suspensión de empleo público y sueldo al exalcalde de la ciudad Hernán Díaz Cortés, a su entonces concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, y al todavía hoy jefe del área de disciplina urbanística del Ayuntamiento, Fernando Jiménez Fornell. En estos casos, el juez les considera responsables de un mismo delito de prevaricación administrativa.

Fornell fue restituido en su puesto municipal el pasado febrero por el actual gobierno del PP mediante decreto después de que en 2011 fuese detenido e imputado en la llamada Operación Tequila, que investigó la concesión de licencias para edificar en suelos no autorizados. El caso continúa abierto.

El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Julio Acale, promotor de la denuncia, pidió ayer al equipo de gobierno que "actúe en consecuencia" con Fornell, aunque la sentencia pueda ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Cádiz.

Por su parte, el portavoz del Partido Andalucista, Antonio Jesús Ruiz Aguilar, que comparte responsabilidad de gobierno con el PP, reconoció ayer que sobre Fornell "pesan otras causas abiertas" y anunció que, "si esto llega a ser firme, tendremos que actuar en consecuencia". Ruiz Aguilar explicó que el Ayuntamiento no debe presentar recurso en defensa de su actual responsable urbanístico.

Mientras, el alcalde de la ciudad, Enrique Moresco (PP) declinó ayer, a través de un portavoz, la valoración del caso.