El juez obliga a la Generalitat a pagar 120 millones por las obras del aeropuerto

La Generalitat deberá desembolsar de golpe 120 millones por la obra del aeropuerto de Castellón y para liquidar el contrato con la exconcesionaria. Un pago al que se ve obligada por sentencia judicial a raíz de un conflicto entre ambas partes cuyo origen está en las dificultades para que el proyecto sea viable económicamente.

El fallo del juzgado de Primera Instancia 1 de Castellón recoge que el proyecto del aeropuerto iniciado en 2003 entre la empresa pública Aerocas (al 50% en su origen entre Diputación y Generalitat, y ahora eminentemente del Gobierno valenciano) era “sumamente complejo técnicamente” y con un coste económico “relevante”.

Sin embargo, tanto Aerocas como Concesiones Aeroportuarias (Conaer) continuaron con el plan estrella de Carlos Fabra hasta su inauguración en marzo de 2011. A partir de entonces, Conaer “decide que el proyecto no era interesante económicamente” y demanda a Aerocas reclamando 126,4 millones más IVA. La sociedad pública presenta otra demanda con la que pretendía pagar la obra en 47 años. Un extremo descartado por el juez. Ahora la Generalitat busca la forma de pagar dicha cantidad.

La sentencia, hecha pública este miércoles, desestima las pretensiones de Conaer y concluye que incumplió sus obligaciones cuando, después de la inauguración, entiende que “el aeropuerto no tiene la viabilidad que en un primer momento se estableció”. Debía ejecutar la obra y amortizar el coste con el beneficio de su explotación. El contrato fue modificado en 2011 de forma que se aseguraba un coste cero en los primeros años.

Más de 20 trabajos pendientes impiden la apertura del aeródromo

La Generalitat pagaría las pérdidas en los seis primeros. Sin embargo, la exconcesionaria, según recoge la sentencia, inicia una negociación con la Generalitat para minimizar aún más los riesgos. “Conaer pretende que Aerocas asuma unos compromisos económicos excesivos alejados de lo indicado en la novación”. Y lo hace, según el juez, porque entiende que el aeropuerto ya no es viable económicamente y entrega la obra con una retahíla de deficiencias. La sentencia recoge a modo de ejemplo hasta 20 trabajos pendientes que hacían que el aeropuerto no pudiera ser explotado cuando, a fecha de marzo de 2011, Aerocas lo recepcionó de forma provisional. Tampoco presentó como debía la documentación para certificar el aeropuerto, lo que retrasa, aun hoy, su apertura.

Por todo ello, el juez concluye que Aerocas está legitimado para resolver el contrato de obra y explotación pero que, para ello, debe pagar los 120 millones más IVA e intereses de golpe y no en 47 años. La ruptura del contrato supone un gasto no previsto al principio, puesto que la previsión inicial era que concesionaria amortiza el coste con la explotación.

Desde Aerocas indicaron que estudian la forma de realizar el pago y sostienen que el coste real será de 76 millones porque Conaer debe 44 de un préstamo. La auditoría de las cuentas de Aerocas reveló que este préstamo es de difícil cobro.