La abrumadora inactividad del sector de la construcción

El tiempo que se empleaba antes en cumplir con los contratos y buscar trabajo ahora se emplea solo en buscar trabajo. No hay contratos. Se prevé ausencia de inversión pública y privada en infraestructuras y edificación.

La fuente de trabajo parece estar en la rehabilitación, sobre todo en la rehabilitación energética de los edificios necesaria para cumplir con objetivos marcados. La dirección de estos proyectos corresponde a los arquitectos.

Buscar trabajo incluye, a algunos niveles, ir a hablar con los políticos, enterarse y, si se da el caso, influir de forma que todo cuadre para que los posibles contratos puedan ser realizados por el que influye. Los políticos preparan normas, leyes o decretos .

Sin aparente relación con lo descrito apareció un “borrador” de ley de servicios profesionales que otorgaba a los ingenieros las atribuciones propias de los arquitectos, con la finalidad de que en los tiempos que corren, las estructuras creadas por ellos pudieran rascar cuantos contratos aparecieran. Grandes o pequeños. De su competencia o no.

Para vender el derecho a hacer esta adjudicación de atribuciones a quien no tiene las competencias, el Gobierno aprovecha la circunstancia de que bajo el mismo nombre, en distintos países o periodos se encierran distintas titulaciones. El dentista antes en España era un médico que, además, tenía la correspondiente especialidad, mientras que en otros países el titulo respondía a unos estudios específicos que no pasaban por estudiar medicina. Este título existe ahora también en España y seguimos diciendo el "dentista”.

Aprovechar este juego de palabras para dar atribuciones de médico a los dentistas no médicos es jugada similar a la que propone esta ley.

Este inusitado y repentino favoritismo del político hacia el ingeniero no es sentimental. Los ingenieros de este país, además de dirigir los proyectos y las obras que les corresponden, poseen y dirigen potentísimas empresas constructoras que también ellos fundaron. Dominan, además, parte de la promoción privada a través de las divisiones inmobiliarias de estas constructoras.

El poder económico dependiente del mundo de la construcción está, en grandísima medida, en manos de los ingenieros. Como todo poder económico está en estrecha relación con el poder político, y en situación de responder a cuanto favor reciba.

Todos los expertos en el sector, sin excepción, conocemos esta situación.

Este es el motivo por el cual el trajín necesario para vender la coherencia de esta mamarrachada ha incluido la farsa de decir que el Ministerio de Fomento estaba en contra de la “medida”. La propuesta se le achaca al Ministerio de Economía, porque el de Fomento no puede mostrarse como Ministerio desconocedor de lo que aquí y ahora es un arquitecto y un ingeniero.

La medida proviene de Fomento, que es el ministerio que organiza las empresas del sector.

Si la ley sigue adelante, este gobierno demostrará que dirige su actividad diligentemente hacia el favor correspondido. Los ingenieros y los arquitectos lo sabemos.

El problema es que es difícil hacer llegar esta información al ciudadano, porque los políticos que utilizan su poder para organizar este tipo de contubernios, parecen no reparar en gastos a la hora de contratar a especialistas que cuenten las historias. De ahí lo del Ministerio de Economía, que aquí no pinta nada.

Si el Gobierno quiere ser considerado como tal debe retirar este anteproyecto de ley.

Lourdes García Sogo es arquitecto