Rajoy exige “lealtad” y respeto a la ley

Mariano Rajoy respondió este sábado con una estudiada negativa a la solicitud que Artur Mas le formuló el pasado julio para celebrar una consulta de autodeterminación de Cataluña. El jefe del Ejecutivo remitió una misiva al presidente de la Generalitat en la que, sin citar expresamente la consulta, insta a Mas a respetar “el marco jurídico”, ofrece un “diálogo sin fecha de caducidad” y advierte de que los vínculos entre Cataluña y España “no pueden desatarse sin enormes costes”. La carta viene a fijar el escenario de la negociación que ambos presidentes abrieron en la Moncloa el pasado 29 de agosto, pero también pone en evidencia que los horizontes de uno y otro no coinciden en absoluto.

 El presidente del Gobierno busca en la carta un equilibrio que tranquilice a los sectores más duros de su partido sin dinamitar los escasos puentes que quedan entre el Ejecutivo y amplios sectores de la sociedad catalana. Lo último que quiere el Gobierno es que manifestaciones como la de la última Diada se conviertan en una constante.

La única referencia directa que la misiva hace a la consulta es para aclarar que el objeto del envío es responder a la carta de Mas en la que este planteaba precisamente la necesidad de abrir un diálogo para hacer esta votación. A partir de aquí, Rajoy ofrece dialogar, pero no concreta con qué objetivo final. “Siempre he sido una persona comprometida con el diálogo como forma de resolver las diferencias políticas o de cualquier otra índole”, aclara para comenzar. Después señala los condicionantes de este diálogo. “Este compromiso con el diálogo adquiere su verdadero sentido desde la exigible lealtad institucional y desde el respeto al marco jurídico que a todos nos protege y a todos nos vincula”, dice en referencia a la Constitución.

El plazo de tiempo que ha puesto Artur Mas para negociar antes de convocar la consulta —final de este año— queda claramente rechazado en la misiva. “Por mi parte, el diálogo no tiene fecha de caducidad cuando se trata de atender al interés general de los españoles y, por ello, de todos los catalanes”, afirma el presidente del Gobierno. Es en este punto donde Rajoy fija el marco de la negociación que está dispuesto a emprender. “El mejor servicio a la legitimidad democrática que usted invoca es precisamente respetar ese marco jurídico, en el que los gobiernos hallan su fundamento y legitimidad y los ciudadanos encuentran la garantía”.

La misiva no habla directamente ni de la consulta ni tampoco cita la oferta que ya ha hecho el Gobierno para mejorar la financiación autonómica. Pero deja claro que el diálogo no irá en ningún caso en la dirección que quiere Mas. “Los vínculos que nos mantienen unidos no pueden desatarse sin enormes costes efectivos, económicos, políticos y sociales”, advierte. Y transmite que su apuesta será trabajar por el “fortalecimiento de estos lazos y huir de enfrentamientos”. La petición de una consulta por parte de Artur Mas ha sido vista tradicionalmente por el Gobierno y el Partido Popular como un foco de “enfrentamiento”, algo que la carta deja patente en este punto. También se intuye la negativa a la consulta cuando el presidente se ofrece a negociar para dar respuesta a las “necesidades reales de todos los ciudadanos”. El PP considera que estas necesidades pasan en este momento por afrontar la crisis económica y no por revisar el modelo de Estado. “Juntos ganamos todos y separados perdemos todos”, concluye Rajoy.

Fuentes de La Moncloa, sin embargo, ponen el acento en la expresión “sin fecha de caducidad” que se incluye en la carta. Aseguran que el presidente del Gobierno pretende dejar claro que ese diálogo seguirá abierto, con las únicas condiciones de la lealtad institucional y el respeto a la ley.

Ese diálogo fue establecido en la entrevista reservada del pasado 29 de agosto, cuando Rajoy y Mas acordaron mantener abierto un canal secreto a través de dos personas de toda confianza. Según estas fuentes, el presidente del Gobierno pretende dejar claro a Mas que “no hay poder constituido previo al constituyente y no se puede disponer del marco jurídico y político del que surgimos”. Es decir, que la Constitución es la referencia para el encaje de Cataluña en España.

Destacan también que ha pretendido que “haya sentimiento y delicadeza, pero también claridad en lo fundamental”.

Artur Mas no esperó ni a que la carta se hiciera pública para responder a Rajoy. Dando por hecho que la misiva significaba un “no” rotundo a la celebración de la consulta, el presidente de la Generalitat vino a decir que no se batirá en duelo contra Rajoy, sino que el presidente del Gobierno deberá lidiar con la firme repulsa de amplios sectores de la sociedad catalana.

Mas afirmó que se movilizará para buscar una respuesta “lo más conjunta, unitaria y consensuada posible”. También recordó que “la consulta es un clamor no de un Gobierno ni de unos ayuntamientos, sino de un país que se manifiesta cívica, pacífica y festivamente de cara al futuro”, dijo.

El plan de Mas tiene un objetivo y un horizonte político claro. Se trata de lograr que el Parlamento catalán vuelva a exhibir una mayoría tan amplia como cuando votó a favor del derecho a decidir de la sociedad catalana el pasado marzo. En aquella ocasión votaron a favor de la celebración de una consulta 104 de los 135 diputados. Solo se desmarcaron los del Partido Popular y Ciutadans.

Mas se propone ahora recuperar el apoyo perdido del Partit dels Socialistes al proceso de autodeterminación. El escenario que se ha fijado para lograrlo es la próxima sesión parlamentaria de Cataluña, dentro de diez días, cuando se celebrará el debate de política general, el más trascendente del año. Mas buscará un gran acuerdo entre CiU, Esquerra, PSC, Iniciativa y la CUP para intentar que Rajoy incluya en la negociación la posibilidad de celebrar algún tipo de consulta.

Desde las filas socialistas se considera factible algún tipo de acuerdo sobre la base del “derecho a decidir” siempre que la mayoría nacionalista no intente equipararlo a independencia. Los socialistas podrían dar apoyo a algún tipo de iniciativa conjunta siempre que el peso de la misma recaiga sobre la necesidad de dialogar acerca de una consulta legal y pactada. De esta forma también dejan claro que no aceptarán que ni Mas ni Rajoy se levanten de la mesa al primer desacuerdo. El líder del PSC, Pere Navarro, incluso tiene pensado quién podría actuar como mediador en este caso. Ayer abogó porque la Corona pueda mediar para buscar un encaje de Cataluña en España.

Los problemas para buscar una posición unitaria podrían llegar desde los ámbitos más independentistas, particularmente de Esquerra Republicana, que cada vez apremia más para que se convoque la consulta urgentemente. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, afirmó tras la publicación de la carta de Rajoy que nada parará la consulta: “Si el Gobierno ignora el clamor para poder votar y se ampara en falsas limitaciones jurídicas para dilatarlo tendremos que encontrar nuestro propio camino”, dijo a través de las redes sociales. Está por ver qué margen dará para la negociación el dirigente republicano, socio imprescindible de CiU.

El hecho de que la carta no incluyera una negativa explícita a la consulta sí tranquilizó en cierta forma a los sectores más moderados de CiU, encarnados en su portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida. Éste hizo hincapié en que la misiva “no cierra puertas” pero tampoco ocultó que Rajoy se queda muy lejos de lo que pedía CiU. “No es lo que la sociedad catalana espera”, dijo. Duran bendijo la estrategia de Mas de buscar una respuesta unitaria en el Parlamento catalán y reiteró que “la legalidad permite la consulta”.

El rechazo generalizado que la carta de Rajoy generó entre los partidos catalanes también alcanzó Iniciativa per Catalunya. “El Gobierno no ha entendido nada”, concluyó.

La negociación secreta que Rajoy y Mas se comprometieron a emprender a partir de ahora se desarrollará en paralelo a movimientos estratégicos hacia sus electorados. En el caso de Mas, la Generalitat continuará adelante con el proceso soberanista. Las medidas efectistas y puramente propagandísticas para continuar generando simpatías en torno a la independencia se combinarán con algunas decisiones en el Parlamento autonómico.

Sin ir más lejos, Convergència Democràtica lanzó ayer una campaña dirigida a ampliar el apoyo a la consulta entre los catalanes nacidos en otras zonas de España y que tradicionalmente han sido impermeables a los mensajes del nacionalismo. Convergència lanzará a través de las redes sociales todo tipo de argumentarios —en catalán y castellano— para convencer a estos catalanes de que el derecho a decidir es algo positivo para ellos y especialmente sus hijos. La campaña se titula “Orgulloso de sus orígenes, Orgulloso de Cataluña”.

En el Parlamento catalán habrá movimientos sólidos durante el mes de noviembre. El Gobierno de CiU tiene previsto que entonces se aprobará la ley de consultas, una de las herramientas previstas para poder preguntar a los ciudadanos. Será la verdadera prueba de resistencia del diálogo entre Rajoy y Mas.