Se vende servicio municipal

Los expertos critican que uno de los grandes problemas de la privatización de servicios públicos es la ausencia de regulación, de transparencia administrativa y de concesiones. “La falta de regulación favorece la corrupción, como ha pasado en Huelva, con adjudicaciones poco competitivas, pliegos de condiciones no muy claros o hechos a medida”, dice el investigador del Instituto del Agua de Granada Miguel Ángel García-Rubio, quien recuerda que en el Reino Unido el agua se privatizó en 1989. “Supuso un empeoramiento del servicio y mejoró a partir de 1995, cuando se creó un organismo regulador, que es lo que falta aquí en España”, aclara. “Los Ayuntamientos utilizan el canon que les paga la concesionaria para otros fines que no tienen que ver con la gestión del agua, cuando debería revertir en una mejora de ese servicio, pero no sucede así porque el proceso de privatización no está regulado”, afirma el investigador.

“Los Consistorios hacen verdaderas chapuzas en los concursos para privatizar servicios y en los contratos de concesión, porque lo que les interesa es conseguir el dinero rápido de esa adjudicación”, dice José Luis Zafra, que es profesor del departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada. Por eso no es de extrañar que muchos concursos, tras quedarse desiertos en primeras o incluso segundas convocatorias, como ha pasado con el agua en Jerez y el cementerio en Granada, luego sean adjudicados tras rebajarse las condiciones e impugnados o denunciados después por la falta de transparencia y las sospechas sobre la legalidad de la operación. “Ha habido casos de contratos de concesión de servicios que plasmaban condiciones ilegales, como fijar un salario por hora inferior al fijado por el convenio colectivo de ese sector”, cuenta Zafra.

En el caso de la venta del 49% de Emucesa, la empresa pública del cementerio de Granada, Izquierda Unida asegura que la sociedad adjudicataria, Inversiones Reunidas del Norte “no reunía las condiciones ni de solvencia ni de objeto social” cuando finalizó el plazo de presentación de ofertas, y que “solo después de reunirse la mesa de contratación las modificó”, dice su portavoz, Francisco Puentedura. “El Ayuntamiento ha buscado una empresa que se ha creado ad hoc para este contrato intentando hacerla cuadrar a martillazos en las condiciones que establece la Ley de Contratos del Sector Público”, afirma Puentedura.

Para el investigador Miguel Ángel García-Rubio, “es saludable” que hayan surgido en los últimos tiempos plataformas y movimientos ciudadanos contra estos procesos de privatización, especialmente en el agua, el bien público por antonomasia. “Al menos, así se podrá conseguir que estos procesos sean transparentes”, considera.

¿Servicios municipales públicos, privados o mixtos? “No hay un modelo ideal”, sostiene el profesor de Economía Financiera José Luis Zafra. “Lo importante es que el servicio se preste en condiciones adecuadas para el usuario y a un coste razonable”, afirma. El investigador del Instituto del Agua Miguel Ángel García-Rubio pone ejemplos de empresas públicas “que funcionan bien, como Emasesa, en Sevilla, que tiene una buena gestión de clientes, con facturas muy equitativas en función de las condiciones de los usuarios”. Y en Córdoba, también con empresa municipal, “destaca la renovación de redes y la transparencia”, añade. Un aspecto, este último, que escasea en las concesiones privadas. “A los investigadores nos cuesta mucho obtener información de su gestión, a menudo tenemos que acudir a otras fuentes”, asegura García-Rubio. José Luis Zafra cree que la privatización total de la gestión “hace que el Ayuntamiento pierda el control del servicio, por eso a veces se recurre a una empresa mixta”, como sucede, por ejemplo, con la limpieza y basura en Málaga o con el agua en Huelva y Granada. Sin embargo, García-Rubio dice que, aunque los Ayuntamientos mantengan una teórica mayoría en el capital “significa poco en la práctica, porque la gestión es totalmente privada y si bien las tarifas deben ser aprobadas por el consistorio, suelen ser las que propone la empresa”, que también impone condiciones que a veces van más allá de la pura gestión del servicio. Como ejemplo pone a Emasagra, la empresa de aguas de Granada, en la que Aguas de Barcelona (Agbar) entró en 1997 con un 49% del capital. “A partir de ahí, Emasagra comenzó a trabajar con La Caixa (entonces socio de referencia de Agbar) en lugar de con CajaGranada, como venía haciendo, y las obras de renovación de redes se empezaron a adjudicar a Acsa, empresa también de Agbar”, cuenta García-Rubio. En otras ocasiones, el servicio ha mejorado con la vuelta a la gestión pública. Ha pasado en Jerez, donde el autobús urbano estaba adjudicado a la empresa privada Urbanos Amarillos, pero el Consistorio, gobernado por el PP, secuestró en 2012 la concesión tras numerosos incumplimientos de la adjudicataria, que derivaron en conflictos con los trabajadores, huelgas e impagos de nóminas. En un año de gestión municipal del transporte urbano, el número de viajeros ha subido por primera vez en 17 años, con un 25% más de usuarios, y el Ayuntamiento plantea ahora resolver el contrato con la concesionaria y seguir gestionando directamente el servicio. Sin embargo, los conflictos laborales en los servicios públicos municipales no son exclusivos de los gestionados por empresas privadas. En Granada, los trabajadores de Inagra, concesionaria privada de la limpieza y recogida de basura, estuvieron 12 días de huelga por diferencias con la empresa en las condiciones laborales, lo que inundó la ciudad de bolsas y desperdicios. Y apenas una semana después de terminar los paros en Granada se reproducía la situación en Sevilla, con huelga de los empleados de limpieza de Lipasam, empresa pública 100% del Ayuntamiento sevillano, por motivos similares. Casualmente, la huelga duró el mismo número de días.