El Tribunal Superior detiene la privatización sanitaria de Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha asestado este miércoles el que, según fuentes jurídicas y empresariales, puede ser el golpe definitivo al proceso de privatización de la gestión de seis hospitales impulsado por el Gobierno de esa comunidad. La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado un auto en el que ordena la suspensión cautelar del proceso hasta que tome una decisión, lo que puede suponer entre año y medio y dos años. Ordena que se mantenga la prestación sanitaria tal y como está hasta que haya sentencia y, sin entrar todavía en el fondo del asunto, apunta a irregularidades en el concurso de adjudicación.

Los magistrados han tomado en consideración el hecho de que el paso de estos hospitales a manos privadas afecta a 1,2 millones de madrileños y a 5.000 profesionales sanitarios y supone trasacciones económicas de decenas de millones de euros. La sala cree que el plan privatizador “es de unas dimensiones tan extraordinarias” que, de seguir adelante y si finalmente una sentencia obligara a volver a la situación anterior, los cambios en la gestión sanitaria pública serían ya “irreversibles”. De ahí que acuerde la suspensión, es decir, “mantener la situación existente” ahora “hasta que el recurso se resuelva”. Contra el auto cabe recurso.

Fuentes próximas a las empresas concesionarias consultadas por EL PAÍS dan el proceso de privatización prácticamente por muerto. De hecho, Ribera Salud, adjudicataria de dos hospitales, ha admitido este miércoles que ha suspendido las reuniones internas con los equipos directivos. Esta empresa cerró la oficina en la que informaba de las condiciones contractuales la semana pasada, cuando otro juzgado de menor rango (el de lo Contencioso-Administrativo 4 de Madrid), también ordenó la suspensión cautelar del proceso. El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, reaccionó cuestionando la competencia del juzgado y solicitando que decidiera el TSJM. Este miércoles ha obtenido la respuesta que pedía.

Esta resolución judicial responde al recurso presentado por la asociación de médicos Afem, la más activa en la marea blanca de protesta contra la privatización sanitaria. Una colecta entre personal sanitario organizada en febrero pasado permitió contratar a un bufete que inició una ofensiva jurídica en varios frentes: contencioso-administrativo, penal... La de este miércoles es la mayor victoria del colectivo y deja a la Comunidad de Madrid en una situación muy complicada. La gestión privada de los hospitales ya está adjudicada, pero los contratos aún no se han firmado. Todas las fuentes consultadas coinciden en que el Gobierno regional no va a poner en marcha su plan este año, y puede que tampoco el próximo. Las próximas elecciones autonómicas están previstas para mayo de 2015.

Este mismo tribunal fue el que paralizó el proceso de forma cautelar el 10 de julio pasado a consecuencia de un recurso presentado por el Partido Socialista de Madrid (PSM). Dos semanas después levantó la suspensión al entender que los seis diputados socialistas —residentes en las zonas de influencia de los hospitales— “no ostentan un interés legítimo”. El auto de este miércoles sí le reconoce a la asociación de médicos esa legitimidad y niega el argumento de los abogados de la Comunidad de Madrid, que intentaron tumbar el recurso alegando, entre otras cosas, que Afem no ha participado en elecciones sindicales y no tiene “representatividad”.

Tras enumerar las alegaciones de los médicos, el auto del TSJM (24 páginas) asegura que debe “ponderar los perjuicios” para los recurrentes, los licitadores y “el interés general” que se producirían si estimara el recurso una vez adjudicados los hospitales y “una vez entregada la gestión del servicio público a las concesionarias”. Una de las cuestiones que destaca es una modificación de las condiciones del concurso que hizo la Comunidad de Madrid solo cuatro días antes de que se cerrara el plazo.

Mediante una corrección de errores en el boletín oficial modificó las garantías que deben depositar las concesionarias (avales para cubrir incumplimientos de contrato y penalidades, daños y perjuicios...) y las redujo a una décima parte (de 233 millones de euros a 28). La oposición política y la marea blanca lo calificaron de “regalo” a las empresas para facilitar que concursaran. El cambio, dice el tribunal, “supone una modificación sustancial de las condiciones” que “podría haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva”. Esta es, añade, “una circunstancia que no puede ser obviada por la Sala” al resolver sobre si suspende cautelarmente el proceso o no.

El Gobierno madrileño ha asegurado este miércoles que su plan aún está pendiente de la decisión de los tribunales y que las resoluciones judiciales “contradictorias” generan “confusión”. Por su parte, Afem ha mostrado su “satisfacción” con el auto e invitado a la Comunidad de Madrid a negociar con los profesionales sanitarios “la reforma que necesita el sistema, y que no era el plan calamitoso que plantearon ellos y que solo beneficiaba económicamente a unas empresas y no a los pacientes”, según su portavoz, Patricia Alonso.