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Magdalena Álvarez alega indefensión por su imputación en el ‘caso ERE’

La exconsejera defiende la legalidad de las ayudas

Manuel Chaves, este miércoles, tras la rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. Ampliar foto
Manuel Chaves, este miércoles, tras la rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

La exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez alega que el auto del pasado 28 de junio en el que la juez Mercedes Alaya le imputó en el caso de los ERE le deja en situación de “indefensión”. En el recurso presentado ante la Audiencia de Sevilla, el abogado de Álvarez, Horacio Oliva, se queja de que la juez le impute sin concretar qué delitos le atribuye y sin que de los hechos que Alaya relata pueda deducirse ningún indicio de delito. Esta situación, según el letrado, vulnera el derecho de la exministra a la tutela judicial efectiva. El abogado rechaza además que la mera utilización por parte de la Junta de la figura de las transferencias de financiación para conceder las ayudas de los ERE vulnere la legalidad, como ha argumentado Alaya durante la instrucción del caso.

La juez remitió este miércoles a las partes el recurso de Álvarez, a la que Alaya imputó junto a otros 17 altos y ex altos cargos de la Junta y dos funcionarios de la Administración andaluza. En el caso de la exministra, que fue consejera de Hacienda entre 1994 y 2004, le señala como responsable de una orden dictada en junio de 2003 por la que se reguló las transferencias de financiación, el procedimiento por el que se daban las ayudas a las empresas en crisis y que, según Alaya, se diseñó para sortear los controles de la Intervención general.

Según la juez, Álvarez pudo cometer malversación y prevaricación, los mismos delitos de los que ve “cierta carga incriminatoria” en los siete ex altos cargos a los que señaló en el auto hecho público el pasado martes, incluidos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En cualquier caso, Oliva afirma en su escrito que ambos delitos habrían prescrito ya que Álvarez dejó la Junta en 2004.

La “indefensión” que el abogado de Álvarez cree que genera en la exministra su imputación merece de por sí la nulidad del auto. Pero Oliva sostiene además que no hubo delito porque las transferencias de financiación que reguló Álvarez son una “herramienta habitual y esencial” en la financiación de las empresas de Andalucía y de “otras muchas comunidades autónomas”. Esta figura de financiación ya venía utilizándose en la Administración andaluza y la orden que dictó la exconsejera de Hacienda, advierte su abogado, no la introduce como una novedad, sino que se limita a establecer una regulación específica.

El abogado admite que el uso de esta figura presupuestaria puede resultar “controvertido”, ser materia de discusión “técnico-presupuestaria” e incluso “inadecuado”, pero rechaza que de ahí pueda concluirse que sea “ilegal” y que quienes lo autorizaron estuvieran cometiendo un delito.

“Es la ley la que determina la legalidad del uso dado a las transferencias de financiación, por lo que resultaría lógicamente incongruente calificar como ilegal lo que la ley avala”, señala el abogado. Y Oliva entiende que si no hay ilegalidad, tampoco puede haber indicio de delito de la exministra, “salvo que quiera imputarse por prevaricación al Parlamento andaluz en su conjunto”.

En cualquier caso, el letrado cree que si la juez insiste en considerar ilegal el procedimiento, esta culpa nunca podría recaer en la exministra porque sus competencias en Hacienda se limitaban a confeccionar los presupuestos y establecer el límite de gasto de las demás consejerías. No le correspondía, aduce, controlar a qué destinaba cada departamento el dinero que se le había asignado. En el caso de la partida en la que se originó el fraude, este control debió ejercerlo, según el abogado, la Consejería de Empleo, cuyo titular en ese periodo era José Antonio Viera, uno de los aforados señalados el martes por Alaya en el auto en el que apunta una futura imputación de Chaves y Griñán.