Imputado un exjefe de Hacienda por el desvío de fondos en la patronal del metal

Un excargo de la Agencia Tributaria está imputado por colaborar, presuntamente, en el desvío de fondos de la Unión Patronal Metalúrgica (UPM), una de las entidades más potentes de Fomento del Trabajo. La juez que investiga el caso sospecha que Ángel Blesa -jefe de la inspección de Hacienda en Cataluña entre 1994 y 1997 y ahora asesor fiscal- emitió al menos tres facturas falsas para el expresidente de la entidad, Antoni Marsal. Éste las utilizó, presuntamente, para apropiarse de dinero público que estaba destinado a cursos de formación.

La Guardia Civil detuvo el pasado martes a Blesa, que quedó en libertad tras ser interrogado y aún no ha declarado ante la juez por los presuntos delitos de falsedad documental y cooperación para malversar. La pista que ha conducido hasta él apareció en la ingente documentación hallada en el registro del domicilio de Marsal, el principal imputado en la trama por malversación. En esos documentos apareció una anotación sobre un pago de escasa cuantía a nombre de Blesa. El despacho del que es socio en Barcelona, además, tenía un contrato de asesoramiento con la UPM por el que cobraba unos 10.000 euros anuales.

Las presuntas irregularidades, sin embargo, aparecieron en tres facturas que fueron emitidas en 2008 (julio, noviembre y diciembre) por ese mismo despacho y que corresponden, presuntamente, a trabajos relacionados con los cursos de formación que organiza la UPM con fondos del Estado y de la Generalitat. Según fuentes de la investigación, las facturas no corresponden a ningún trabajo realizado y son, por tanto, fraudulentas. Los actuales gestores de la patronal del metal negaron que el bufete hubiese prestado ese tipo de servicios. Además, los conceptos que figuran en los papeles son genéricos, añaden las mismas fuentes.

En total, unos 60.000 euros de la UPM -que aglutina a 18.500 empresas del sector en Cataluña- fueron a parar a la empresa del inspector, ahora en excedencia. Pero ese dinero no se quedó en los bolsillos de Blesa. Nada más cobrarlas, el bufete transfería el dinero a MCR. Esa empresa fue la que Marsal utilizó, presuntamente, para apropiarse de un total de 600.000 euros de la UPM por trabajos que nunca hizo.

Blesa se prestó, según fuentes de la investigación, a hacer de su empresa una tapadera para que Marsal, su cliente, pudiera cobrar esas cantidades. El exjefe de Inspección, sin embargo, mantuvo otra tesis ante la Guardia Civil. Según Blesa, cuando Marsal tomó posesión de la presidencia de la UPM ofreció al bufete realizar una serie de trabajos, aunque finalmente desechó la idea. Unos meses después, comunicó al inspector que había encargado esos mismos servicios a un gabinete de consultoría, pero que éste no estaba homologado y no podía cobrar. Le pidió entonces que emitiera él esas facturas y las reenviase a la empresa.

Lo que Blesa no sabía en esos momentos es que ese “gabinete” era, en realidad, MCR (la empresa de Marsal) y que los trabajos eran inexistentes. El inspector considera que el expresidente le engañó y matiza que los 60.000 euros facturados a la UPM incluyen sus honorarios (unos 15.000 euros) por servicios de asesoramiento fiscal que sí prestó.