Costas amenaza por segunda vez con quitar la concesión al Talaso de Oia

El Servicio Provincial de Costas de Pontevedra ha señalado por segunda vez en lo que va de año que el hotel Talaso Atlántico, situado en plena costa de Mougás (Oia), invade el dominio público terrestre y se puede quedar sin concesión si no retrasa el lugar donde vierte sus residuos de su emplazamiento actual, sobre las rocas.

“El punto de vertido se encuentra en zona intermareal y muy desplazado de las coordenadas del punto autorizado en la concesión”, recuerda Costas en un escrito del pasado junio en que contesta a las alegaciones de la empresa respecto al primer aviso, surgido tras una investigación de sus técnicos. También reitera que la caseta de bombeo “está enterrada bajo la rasante natural del terreno” y ocupa en todo o en parte –según se siga el mapa de deslinde actual o el antiguo, respectivamente- el dominio público. Costas desdeña las excusas de la empresa, que trató de alegar que la infracción habría prescrito. “Estaríamos ante la caducidad del expediente incoado y no ante la prescripción de la infracción que dio lugar al mismo, que sigue existiendo en la actualidad, precisa” el texto, firmado por la jefa del Servicio, Cristina Paz-Curbera. La Administración dio de entrada dos meses de plazo a la empresa para “ajustar las instalaciones al proyecto” original, pero concedió más tarde una prórroga hasta finales de noviembre para que presente un plan para rectificar la situación

El permiso de Costas es solo uno de los problemas legales con que tiene que enfrentarse el Talaso, una instalación que recibió hasta 4,5 millones de euros en ayudas públicas durante su construcción pero que está pendiente de derribo por sentencia firme desde 2009, lo que no ha impedido que siga recibiendo subvenciones. El retraso en la demolición provocó un rapapolvo de un juzgado de Pontevedra al alcalde de Oia, Alejandro Rodríguez, a quien dio hasta final de 2013 para que lleve a cabo la demolición, bajo amenaza de multas periódicas en caso contrario. El propietario del centro, Jesús Pérez Gil, recabó antes del verano el apoyo del actual presidente de la patronal gallega, José Manuel Fernández Alvariño, para defender la instalación, que emplea a 60 personas.