Un mal despegue para el aeropuerto

Las alegaciones al Plan Director del futuro aeródromo del Suroeste del municipio de El Álamo y de Ecologistas en Acción dejan en entredicho la rigurosidad con la que se ha elaborado y plantean dudas sobre la viabilidad de la infraestructura. Paradojas como que sea una empresa municipal disuelta en 2012 (Aeropuertos de Madrid, S.A) la que promueve y redacta el documento, a pesar de no existir. O diferencias de cálculo que hacen que las cifras de operaciones bailen unos 19.000 vuelos arriba o abajo, según donde se recoja la información son las que han puesto de relieve los ecologistas, que denuncian el uso de datos obsoletos que dan como resultado una infraestructura sobredimensionada y poco realista, por lo que piden su retirada. El Ayuntamiento de El Álamo incide en los errores en las mediciones del proyecto y el impacto acústico, pero, de momento, no se ha planteado si se opondrá a la nueva obra en caso de que la Comunidad no atienda sus peticiones.

El Ayuntamiento de El Álamo aprobó el viernes un documento con 19 alegaciones al Plan. Con 8.700 habitantes censados, instalar un nuevo aeródromo puede cambiarles la vida. La cuestión es si lo haría a mejor… O a peor. El municipio pone en duda las mediciones del proyecto, pide una revisión más exhaustiva del impacto acústico e intenta blindar, con una prohibición expresa, que el plan rescatado a toda pastilla por la Comunidad de Madrid para aviación de negocios convierta al aeródromo en un pequeño Barajas con aviones comerciales y vuelos charter sobrevolando las casas de los vecinos. El Gobierno regional rescató en junio esta vieja promesa electoral, que se ubicará entre Navalcarnero y El Álamo. La intención es que esté operativo como muy tarde en 2018, cuando concluye la concesión de cinco años del aeropuerto de Barajas para gestionar la aviación corporativa o privada.

Las alegaciones municipales contaron con los votos de los ocho ediles del PP, que gobierna con mayoría absoluta. El resto de partidos (PSOE, IU e independientes) se abstuvieron. El listado incluye también peticiones concretas del municipio para “salvaguardar” los intereses de sus conciudadanos y de los propietarios de los terrenos, explica la alcaldesa, Natalia Quintana. Reclaman un canon de 750.000 euros anuales (que se rebajaría 50.000 euros cada año durante los 15 años previstos de duración) y dotación policial pagada por la futura concesionaria del aeródromo.

El Álamo pone muchas pegas al Plan Director de la Comunidad de Madrid, sobre todo porque considera que los posibles problemas de ruido no están bien solventados. Reclama que se revise el estudio acústico y que se hagan correcciones por “las incertidumbres, incongruencias e inexactitudes” que tiene. Cree que hay disparidad entre las hipótesis de tráfico manejadas y que se han omitido datos de cálculo, según los folios de alegaciones.

A juicio del equipo de Gobierno municipal, falta estudiar cómo afectaría al pueblo que el aeródromo se expandiera lo máximo posible. Echa en falta que se evalúen el ruido que harán la plataforma y la rodadura, los procedimientos de prueba de motores y el que provendrá del tráfico pesado y cuando aumente la actividad por carretera. Reclaman una revisión específica de los niveles previstos en áreas de “especial sensibilidad”: colegios, instalaciones sanitarias y zonas culturales.

Dado “el enorme potencial acústicamente contaminante del proyecto” piden una red de vigilancia que haga informes periódicos y los remita a una comisión técnica de seguimiento para que los revisen. Sobre este mismo asunto, Ecologistas en Acción asegura que los mapas de ruido no son creíbles y minimizan el impacto acústico en urbanizaciones como Calypo y Cotorredondo. “Igualmente sucede con el norte del núcleo urbano de El Álamo”, especifican. Y en el Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama se obvia que se sobrevolarán zonas de máxima protección como el monte Batres.

Tampoco es realista la cantidad de decibelios de la que parten los mapas de ruido, aseguran. El nivel mayor se establece en 75 decibelios en la zona de pistas. “Aunque el ruido del motor dependerá del tipo de aeronave, en cualquier caso sería superior a 100 decibelios, especialmente en los momentos de despegue”, comentan en las alegaciones.

El Ayuntamiento, por su parte, no quiere que el aeródromo crezca una vez construido. Pide que la pista no supere los dos kilómetros de longitud y que el proyecto incluya la prohibición expresa de vuelos de aviones con más de 36 metros de envergadura.

Para Ecologistas en Acción ni siquiera queda clara la necesidad de la nueva infraestructura, porque los datos que se incorporan y que justifican cuestiones tan relevantes como el impacto económico, la prognosis de tráfico, la estimación de superficies, entre otros, corresponden a 2008. “Por lo tanto, se parte de un contexto muy diferente al actual, de hace cinco años, ajeno a la situación de crisis actual”. Por este motivo, piden que se contextualice la situación en el momento de caída sin precedentes del transporte aéreo de pasajeros en España. Señalan, además, que los datos de los movimientos para el nuevo aeródromo son diferentes si se mira la memoria del Plan Director o el informe de sostenibilidad ambiental. El estudio prevé que el tráfico potencial para la Comunidad de Madrid en un horizonte de 20 años se incremente de 74.415 operaciones a 180.000.

De estas, 107.000 serían absorbidas por el nuevo aeródromo. Sin embargo, el informe de sostenibilidad ambiental que incorpora el Plan Director las rebaja a 88.115. “Lo que es más grave es que utilizan datos antiguos”, explica María Ángeles Nieto portavoz de la organización verde, que llevan a configurar un aeropuerto no realista. “Por ejemplo habla de operaciones en Torrejón de Ardoz cuando, desde 2012, los vuelos de aviones ejecutivos civiles o de negocios se han trasladado a Barajas. Tampoco se tiene en cuenta la reducción de tráfico en Cuatro Vientos”, dicen. Ni la situación de pérdidas de unos seis millones de euros al año para las cuentas de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA, el gestor de ambas instalaciones).

Otra alegación de esta organización incide en que no aparece por ningún lado una memoria económica que refleje los costes de su puesta en marcha y explotación. “Solo dice que se estima que la inversión necesaria, excluido el valor de los terrenos, es de 230 millones de euros. Desconocemos cómo se llega a esa cifra y en qué se va a gastar ese dinero”, dice Nieto. A esta incógnita se suma el desconocimiento sobre el modelo de gestión. “Aparece que se encargará Aeropuertos de Madrid, S.A., ya disuelta, por lo que suponemos que le corresponderá a la Dirección General de Infraestructuras, que ha asumido sus competencias, pero ¿cómo? si carece de estructura”, se preguntan. La inversión necesaria, dijo el Ejecutivo madrileño a principios de julio, correrá a cargo de una empresa privada que gestionará la infraestructura unos 40 años.

Según el Plan Director, el aeródromo llevará aparejado “el aumento del número de vehículos en las carreteras próximas, pero no tendrá un efecto negativo sobre ellas”. Para llegar a tal conclusión se recuerda que existe una planificación de dos carreteras de circunvalación de la M-600, reflejado en el Plan General de Navalcarnero, así como la conexión de una de ellas con el desdoblamiento de la M-404. Por tanto, aunque aumente el tráfico existente, también crecerán las infraestructuras viarias. Sí, dicen los ecologistas, pero las obras de la M-404 están paralizadas, el desdoblamiento de la M-600 no se ha empezado y la prolongación del cercanías a Navalcarnero lleva años parada. En relación a la autopista R-5, la situación recuerdan no es mucho mejor. Fue declarada en concurso a finales de octubre de 2012 con un descenso del tráfico del 16% ese mismo año.

En cuanto a la afección a la fauna el Plan Director asevera que: “En la zona donde se proyecta el aeródromo no hay fauna de interés al estar antropizada con el territorio fragmentado y con barreras debido a la autovía A-5 y a la R-5”. Pero, dicen los ecologistas que si hay especies afectadas y lo reconoce el propio documento cuando contempla la posibilidad de que los animales puedan desplazar su área de campeo a otras áreas próximas. Piden que se realice un análisis objetivo y con criterios técnicos.

El Plan Director, recuerdan, se encuentra en su totalidad en el área de dispersión del águila imperial ibérica y del buitre negro, ambas protegidas. Advierten que: “Existen varias parejas reproductoras en las proximidades, una de ellas a seis kilómetros y otras cinco a menos de 15”. En flora sus reproches se centran en las contradicciones. Por un lado, el plan valora como compatible el impacto durante construcción. Pero, el mismo proyecto afirma que al afectar a hábitats de interés comunitario el impacto se califica como severo. “¿En qué quedamos? Esta actuación es un despropósito”, concluye el portavoz ecologista. El territorio afectado se encuentra muy próximo a espacios protegidos por la Red Natura 2000.

El lugar de interés comunitario (LIC) de la Cuenca del río Guadarrama se encuentra a 2,5 kilómetros del futuro complejo, y la zona de especial protección de aves (ZEPA) de los Encinares de los ríos Alberche y Cofio y el LIC Sierra de San Vicente y valles del Tiétar y Alberche, se encuentran en las proximidades. Lo que les hace solicitar una valoración detallada de los impactos. El grupo verde espera conseguir con sus alegaciones que este plan se retire y se valore de nuevo en base a datos y necesidades actuales.