¿Es posible una banca pública?

En plena crisis económica y con una actividad empresarial bajo mínimos por falta de crédito, algunos nos preguntamos qué pasaría si existiera en España una banca pública. Muy posiblemente la situación no sería tan crítica porque los efectos sobre las empresas y el empleo serían menores. Hace ya dos décadas que la banca pública española desapareció, después de su privatización a través de la creación de Argentaria (Corporación Bancaria Española) y su posterior venta al BBV. De esta manera, se conseguía una de las principales reivindicaciones de la banca privada en España: la desaparición de la banca pública. La otra de las grandes reivindicaciones de los bancos también se ha conseguido recientemente: la desaparición de las cajas de ahorros. Con ello, la banca privada ha conseguido ser más poderosa que nunca en España. Sin embargo, durante muchos años existió una banca pública liderada por el Instituto de Crédito Oficial ICO y estructurada en torno a las Entidades Oficiales de Crédito, que se dedicaban a financiar las actividades productivas del país: la pequeña y mediana industria contaba con un instrumento financiero a la medida como era el Banco de Crédito Industrial, a través del cual podían acometer una parte de sus inversiones productivas; la agricultura se apoyaba financieramente en el Banco de Crédito Agrícola, el cual incluso asumió el liderazgo cuando una parte importante de las cajas rurales (cooperativas de crédito agrarias) entraron en crisis a comienzos de los años 80, constituyendo el Grupo Asociado Banco de Crédito Agrícola- Cajas Rurales en torno al cual se sanearon muchas de ellas (otras fueron absorbidas por cajas de ahorros); las familias contaban con el Banco de Crédito Hipotecario para poder financiar la compra de sus viviendas; la actividad exportadora de las pequeñas y medianas empresas se canalizaba a través del Banco Exterior de España; y las Administraciones Locales conseguían financiación a través del Banco de Crédito Local para poder acometer sus inversiones municipales. En definitiva, existía una banca pública al servicio de los ciudadanos y de las empresas productivas, manifiestamente mejorable, pero que al menos disponía el crédito procedente del ICO en las condiciones más adecuadas posibles. Cuánta falta nos haría en estos momentos una banca así, pues el ICO está siendo incapaz de conseguir que sus líneas de crédito lleguen a las empresas a través de la intermediación de los bancos. En la actualidad, y tras la crisis financiera, algunos de los bancos creados de las fusiones entre las cajas de ahorros, han sido intervenidos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria FROB (NovaGalicia Banco, Catalunya Banc, Banco Mare Nostrum y Bankia). Además de las entidades ya intervenidas y que están incluidas en el Grupo 1, existen otras que necesitan ayudas públicas para cubrir su déficit de capital (Grupo 2) y las que presumiblemente pueden asumir su déficit de capital ellas solas (Grupo 3). De las intervenidas, algunas, después de ser saneadas con dinero público, se han vendido a otros bancos privados, como es el caso del Banco de Valencia que fue vendido a Caixabank en julio del 2012 por el importe simbólico de 1 euro, después de ser rescatado con 3.000 millones de euros e inyectar 4.500 millones de euros a través de una ampliación de capital. Novagalicia Banco (resultado de la fusión entre las cajas de ahorros de Caixa Galicia y CaixaNova y que opera con el nombre comercial de EVO Banco en el resto del Estado español salvo Galicia, Asturias y León) fue intervenida con una ampliación de capital del FROB de 2.465 millones de euros. La intervención de Catalunya Banc (banco creado a partir de la fusión de Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa) ha costado 12.000 millones de euros por ayudas directas. Banco Mare Nostrum BMN es el resultado de la fusión de las cajas de ahorros de Cajamurcia, Caixa Penedés, Caja Granada y Sa Nostra (Baleares) y en 2013 recibe 730 millones de euros del FROB con cargo al rescate bancario de la Unión Europea. No olvidemos que en el proyecto de fusión inicial de este grupo de cajas de ahorros estaba también la CAM, entidad que después de ser saneada por 5.800 millones de euros fue vendida por el precio simbólico de 1 euro al Banco de Sabadell, entidad que también ha comprado el negocio de BMN correspondiente a Caixa Penedés. Pero sin lugar a dudas, la joya de la Corona de los bancos intervenidos es Bankia, creado por las cajas de ahorros de Caja Madrid, Bancaja, Canarias, Laietana, Rioja, Avila y Segovia, y que ha costado al Estado hasta el momento 22.424 millones de euros. En total, y de manera aproximada, podemos decir que el coste económico estimado de la intervención de los bancos en crisis hasta el momento se eleva a unos 45.000 millones de euros. Solamente Bankia, supone un volumen de negocios de 313.000 millones de euros, más de 7 millones de clientes y 3.117 oficinas bancarias. La estructura bancaria que en estos momentos posee el Estado a través de sus bancos intervenidos, con cerca de 5.000 oficinas distribuidas por la mayor parte de la geografía española, sería la estructura adecuada para desarrollar un modelo de banca pública a través del cual canalizar las líneas de crédito del ICO a los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas. Además, estas entidades podrían utilizarse como abanderado para recuperar el prestigio perdido por la banca tras más de 5 años de crisis, asumiendo acciones como la dación en pago, la eliminación de las clausulas suelo de las hipotecas o la devolución de los importes retenidos a los preferentistas, entre otras actuaciones sociales. El coste económico está más que justificado y de esta manera el mismo podría redundar, al menos en parte, en la propia sociedad y en sus ciudadanos. Retornar a la banca pública española de los años setenta y ochenta del Siglo XX es imposible, pero no obstante sí sería posible aprovechar la estructura de los bancos intervenidos para revisar el modelo bancario que nos ha llevado a la crisis, basado en la especulación y el rendimiento económico como único fin, y apostar por un modelo más social, comprometido con las necesidades de los ciudadanos. Pero la implantación de un nuevo modelo de banca pública, que podría ser complementario con una banca privada socialmente responsable (ética y cooperativa), es realmente complejo de conseguirse por dos motivos fundamentales: 1) Por el predominio de un sistema económico de pensamiento neoliberal único, según el cual la economía ha de estar fundamentada en una estructura productiva y de servicios (incluidos los financieros) totalmente privatizada basada en la maximización de la eficiencia económica; y 2) Por el enorme poder de la banca privada dominante, poder que se ha visto sensiblemente ampliado como consecuencia de la crisis y de las reformas financieras llevadas a cabo durante estos últimos 3 años. Ante la falta de voluntad política, se hace necesaria la movilización de la ciudadanía, que ha de exigir un uso social de los bancos intervenidos y apoyar con sus acciones una banca alternativa socialmente responsable.

Joan Ramon Sanchis es doctor en Economía de la Empresa y autor del libro La banca que necesitamos