El Gobierno central deberá autorizar la consulta para que sea vinculante

La consulta que la Diputación de Gipuzkoa pretende celebrar entre los vecinos de Igeldo sobre su desanexión de San Sebastián deberá contar con la autorización del Gobierno central para que sea vinculante. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián, Ramón Gómez, ha hecho público hoy un informe de la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa, elaborado a petición de este grupo municipal, en el que asegura que la consulta precisa de la autorización del Gobierno para que su resultado sea vinculante.

El pasado 15 de julio la Diputación de Gipuzkoa anunció la celebración, a finales de noviembre, de una consulta ciudadana en el barrio de Igeldo para que los vecinos se pronuncien sobre su posible desanexión de la capital guipuzcoana. La diputada de Administración Pública, Garbiñe Errekondo, explicó que la competencia para celebrar la consulta corresponde a la Diputación, que no necesita siquiera la aprobación del Ayuntamiento de San Sebastián.

En su comparecencia, Errekondo no se refirió a que el resultado de la consulta fuera a ser vinculante, único caso en el que sería necesaria la autorización del Gobierno central.

Los grupos municipales del Ayuntamiento de San Sebastián han conocido además un informe del secretario municipal que atribuye al Pleno la potestad final para aprobar la desanexión y establece una serie de objeciones al proceso que ha iniciado la asociación vecina Itxas Aurre. Esta agrupación solicitó a la Diputación que "diera seguimiento" al expediente de desanexión de Igeldo que se inició en 1995 y que fue definitivamente desestimado por la institución foral en 2010.

El secretario municipal alerta de que este expediente está cerrado y que para que comenzase uno nuevo la Diputación debería derogar la orden por la que lo cerró en 2010. Esta revocación se enfrenta a "serias dificultades legales", según el secretario municipal, ya que solo podría justificarse si se produce "alguna infracción del ordenamiento jurídico" o una situación de "ilegalidad sobrevenida" que no se da, ya que el ordenamiento legal que afecta a esta materia no se ha modificado.

Además, alerta de que si se inicia un nuevo expediente, debería cumplir la norma foral 2/03, "cuya exigencia de un mínimo de población de 2.500 habitantes no es cumplimentada por el territorio que se pretende segregar". El secretario se refiere también a la posible consulta popular y admite que la Diputación foral puede celebrarla, aunque "no puede dirigirse al cuerpo electoral con las garantías propias de los procesos electorales".

"Resultaría una incógnita, en su caso a aclarar, cómo se incardina una eventual consulta con un procedimiento reglado y tasado con plazos regulados para la adopción de las decisiones", sostiene el secretario, que recomienda que la celebración de la consulta sea acordada con el Ayuntamiento "y realizada de forma coordinada".